Condenados a entenderse

Carlos Solchaga y Joaquín Alumnia, dos hombres de la máxima confianza de Felipe González y no esencialmente antagónicos en lo personal, se encuentran enfrascados en una batalla por el poder dentro del Gobierno que no han buscado y que les ha sido impuesta por una decisión del propio presidente. El Ministerio de Administraciones Públicas, creado para Joaquín Almunia tras las elecciones está obligado a despojar al Ministerio de Economía y Hacienda de sus competencias sobre política presupuestaria, uno de los principales instrumentos de poder de este departamento, si no quiere convertirse en un ministerio fantasma y sin contenido alguno. La pugna deberá ser resuelta, en claro perjuicio de uno de los contendientes, en las próximas semanas.

El gobierno de la política autonómica y local, y en mayor medida aun la puesta en marcha de la prometida reforma de la Administración, no pueden afrontarse por un ministro, el de Administraciones Públicas, que no controla ni el volumen de las dotaciones presupuestarias destinadas a estos capítulos ni la distribución de los mismos. Ceder a este ministerio estas prerrogativas equivale a transferir al mismo la elaboración de los Presupuestos del, Estado, al menos en sus capítulos más importantes, y convertir al hasta ahora todopoderoso Ministerio de Economía y Hacienda en un departamento más, mezcla de oficina recaudatoria y de oráculo de la macroeconomía (previsiones de crecimiento, inflación, disponibilidades líquidas, etcétera), sin demasiado ascendiente sobre el resto de los departamentos económicos.

Dos hombres fuertes

Joaquín Almunia fue el elegido por Felipe González para llevar adelante la promesa reiterada -en los programas electorales del PSOE de 1982 y 1986- de reformar la Administración pública. Se creó para él un macroministerio, el de Administraciones Públicas, que fusionaba competencias de los ministerios de Presidencia y Administraciones Territoriales, gestionados con más pena que gloria en la anterior legislatura por Javier Moscoso, Tomás de la Quadra y Félix Pons.El nombramiento de Joaquín Almunia podía ser interpretado como la confirmación de la voluntad de Felipe González de terminar con las disputas internas dentro del Gobierno sobre las políticas de financiación de comunidades autónomas y sobre la reforma de la Administración. Francisco Fernández Marugán y María Izquierdo, vinculados a Alfonso Guerra, se habían enfrentado primero a los hombres de Boyer y luego a los de Solchaga, en la anterior legislatura, a la hora de abordar estos temas.

Poderoso caballero

Joaquín Almunia, inevitablemente, se da cuenta de que el nuevo ministerio se puede convertir en una entelequia creada por el Boletín Oficial del Estado si no se le dota de los instrumentos presupuestarlos imprescindibles par llevar adelante las competencia que se le atribuyen: no es posible reformar la Administración si la política de retribuciones de los funcionarios o las dotaciones materiales de los distintos departamentos dependen de otro ministro y se fijan con criterios que cuando menos, le son ajenos.El escollo del sistema definitivo de financiación de las comunidades autónomas, que era el tema más urgente porque vencía el plazo establecido para su implantación por la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y por algunos estatutos de autonomía se soslaya cediendo unos y otros y aprobando finalmente un modelo de vigencia limitada (cinco años). El sistema diseñado por Economía y Hacienda es acepta do en líneas generales por Administraciones Públicas (ministerio al que están adscritos dos importantes guerristas: María Izquierdo y Teófilo Serrano), aunque se excluyen las inversiones nuevas y las subvenciones dentro de las dotaciones que se transfieren para libre asignación.

La consecución de este acuerdo desactiva el conflicto bilateral entre ambos ministerios en materia de financiación autonómica, pero no resuelve el tema de fondo de la reforma de la Administración.

En el departamento de Almunia se afirma que al Ministerio de Economía y Hacienda le corresponde fijar el incremento anual de salarios en el sector público y el volumen de masa salarial, pero que la confección de catálogos de personal, la valoración de puestos y en definitiva el reparto de esa masa salarial corresponden al nuevo Ministerio de Administraciones Públicas.

En Economía y Hacienda se replica que esto es imposible, que sería una fuente permanente e inagotable de conflictos, y que pondría fin a la concepción defendida por todos hasta ahora de los presupuestos por programas. Cada capítulo del presupuesto se elabora de abajo arriba, conociendo las necesidades y los objetivos de cada programa y no al revés. "No podemos establecer arbitrariamente o por ciencia infusa el monto total de cada capítulo presupuestario para que luego otros departamentos o nosotros mismos lo distribuyamos. El proceso es el contrario y por eso debemos saber qué recursos humanos y materiales tiene cada departamento, cuáles son sus objetivos y qué recursos necesitan para llevar adelante los mismos".

Espadas en alto

Las citadas fuentes de Economía y Hacienda aseguran que no es concebible una política de funcionarios o de reforma de la Administración sin una política presupuestaria, y admiten que para hacer eficaz la Administración -como le han encomendado a Almunia- es necesario que disponga de recursos y medios. "Pero la solución es política y depende exclusivamente de Felipe González. En Estados Unidos, por ejemplo, los presupuestos no los hace el ministro de Economía, sino el de Administraciones. Se puede tomar esta decisión, aunque ello suponga un serio recorté del ministerio de Carlos Solchaga".Esta modificación de competencias ministeriales es posible mediante decreto, aunque legalmente discutible, porque la ley general presupuestaria atribuye también estas reordenaciones ministeriales a las leyes anuales de presupuestos. La pugna de competencias va a decantarse en las próximas semanas. El Grupo Parlamentario del PSOE, dominado por el sector guerrista, estuvo a punto de introducir, vía enmiendas a la ley de Presupuestos del Estado para 1987, los días 3 y 4 de este mes, en el Congreso, las tesis de Almunia en detrimento de Economía y Hacienda.

Al final se paró este intento, pero todo parece indicar que en el Senado volverán a introducirse las citadas enmiendas en los presupuestos. Responsables del PSOE tratan de encontrar una fórmula de compromiso entre Almunia y Solchaga en la que ambos ministros salven la cara: probablemente consista en que el Ministerio de Administraciones Públicas elabore los programas presupuestarlos y el Ministerio de Economía y Hacienda fije las dotaciones para los mismos. Solución que a juicio de este último ministerio invalida la actual filosofia presupuestaria y resucita los viejos y permanentes enfrentamientos entre los distintos departamentos y Economía y Hacienda por la presunta y probable cicatería de este departamento a lá hora de fijar los volúmenes de dotaciones.