El Gobierno podrá repartir hasta un 40% de la riqueza que se genere en 1987

El Congreso de los Diputados ha delegado de forma explícita en el Gobierno, al aprobar los Presupuestos del Estado para 1987, buena parte de sus facultades para decidir formalmente sobre el reparto de hasta el 40% de la riqueza que genere la actividad económica. La mayoría socialista apenas ha modificado los gastos e ingresos públicos de 1987. Sus principales cambios -dinero para las autonomías y partidos políticos, competencias sobre los funcionarios e IVA- han quedado para el Senado, que los debatirá desde la próxima semana. Pero ninguno afectará a dicha delegación, unánimemente criticada por el resto de los grupos.

El margen del Ejecutivo para variar los Presupuestos a la hora de su ejecución, derivado de que podía ampliar algunas partidas e incorporar a otras remanentes o créditos extraordinarios propuestos a las Cortes a lo largo del año, podrá alcanzar su máxima expresión en 1987. Estos mecanismos se han traducido durante los últimos años en importantes desviaciones de los gastos (37% en 1984 y 32% en 1985) y de los ingresos (23% y 18%, respectivamente).Fuera de ellos, durante el próximo año el Consejo de Ministros ha quedado facultado para transferir dinero de unos programas a otros. Además, el Ministerio de Economía podrá fijar el destino de los 82.415 millones de pesetas presupuestados para imprevistos o funciones no clasificadas.

Aunque los compromisos salariales y legales limitarán tales autorizaciones, la oposición ha coincidido en denunciar esta nueva discrecionalidad del Ejecutivo, con el argumento de que teóricamente el Ejecutivo podrá hacer mangas y capirotes de los Presupuestos para 1987. Sin cuantificar el margen económico de que dispondrá el Gobierno para variar los gastos presupuestados tras descontar tales compromisos, la mayoría socialista ha replicado que la mejor gestión presupuestaria de un Estado moderno requiere tal flexibilidad.

En conjunto, si se puede hacer abstracción de los gastos comprometidos, el Ejecutivo tendrá facultades para decidir el destino de 12,1 billones de pesetas, el 8,6% más que en 1986. Esta cantidad equivale a 34,2 pesetas de cada 100 que se generen el próximo año en la actividad económica. De ellas 30,3 pesetas serán detraídas por los ingresos del Estado, principalmente por los impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social que deberán pagar el trabajo y el capital, quienes se repartirán en primera instancia el nuevo valor añadido o Producto Interior Bruto (PIB). No obstante, como las normas de los Presupuestos también determinan en gran parte los ingresos y gastos de las comunidades autónomas y corporaciones locales, el Gobierno extenderá sus competencias a algo más de un 40% del PIB.

Durante los siete días de debate de los Presupuestos en el pleno del Congreso, marcados por la ausencia de líderes políticos y el escaso eco del asunto en los medios informativos, la mayoría socialista ha ratificado las modificaciones que introdujo en el trámite de Comisión al destino de unos 5.000 millones de pesetas (25.000 si se cuentan las autorizaciones de deuda a Renfe y la Exposición Universal de Sevilla) y ha aprobado el texto del Gobierno con el añadido de media docena de enmiendas de la oposición carentes de repercusión económica. Casi todas se centran en que el Ejecutivo deberá informar al Parlamento de la ejecución de los Presupuestos.

En el Senado, las enmiendas podrán ser presentadas hasta el próximo miércoles. La mayoría socialista está dispuesta a incluir allí el nuevo sistema de financiación de las autonomías y de los partidos políticos, así como a plantearse la reducción del IVA para los libros y quizá también para los toros y, en especial, el paso de todas las competencias sobre los gastos de personal -excepto las de control económico- desde Economía y Hacienda al nuevo ministerio de las Administraciones Públicas.