La Asamblea nicaragüense aprueba la nueva Constitución

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la nueva Constitución, que deberá entrar en vigor el próximo 10 de enero. El nuevo paso legislativo coincide con la entrada de tropas del Ejército, Popular Sandinista (EPS) en territorio de Honduras, y con el anuncio efectuado por Enrique Sotelo, abogado defensor del norteamericano Eugene Hasenfus, condenado a 30 años de cárcel por terrorismo, asociación ilícita y delitos contra la seguridad del Estado, de que no apelará contra la sentencia y solicitará clemencia.

La Constitución aprobada por la Asamblea, en la que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cuenta con dos tercios de los escaños, es una base legal sobre la que podría asentarse la vida política de Nicaragua en circunstancias normales. El texto constitucional consagra los principios de economía mixta, pluralismo político y no alineamiento que constituían la esencia del proyecto original de la revolución sandínista pero que han quedado deteriorados con la evolución de un país acosado por una guerra de baja intensidad con una estrategia basada en el desgaste.La nueva Constitución prevé la desaparición de la censura previa y la libre expresión de las ideas, pero todo esto se quedará en papel mojado. Si continúa la guerra contra Nicaragua, nunca llegará a entrar plenamente en vigor la nueva Constitución, porque buen número de sus artículos quedarán automáticamente sin efecto. El Gobierno sandinista prevé que simultáneamente a la entrada en vigor de la Constitución se renueve la declaración de estado de emergencia, ante la situación de guerra que atraviesa el país.

Con esto la Constitución podría convertirse en una especie de horizonte utópico que se ofrece la sociedad civil de Nicaragua y la opinión pública internacional de lo que podría ser la organización del Estado si cesa la agresión.

Entre los artículos aprobados en los últimos días, después de la celebración del 25º aniversario de la fundación del FSLN, lo más llamativo es la negativa de los sandinistas a introducir el criterio -consagrado en muchas Constituciones de América Latina- de prohibir la reelección del presidente de la República, que pedía la oposición.

La Constitución no dice nada sobre reelección y se limita a no prohibirla. Esto significa un fortalecimiento de la posición del actual presidente, Daniel Ortega. En Managua se comentaba recientemente que algunos sectores del FSLN, concretamente los próximos al comandante Tomás Borge, prefieren que no haya reelección. La posibilidad de reelección confirma que la posición del grupo de los Ortega es la más fuerte dentro del sandinismo.

Dios, ausente

Tampoco ha triunfado la pretensión de la oposición de derecha al sandinismo de incluir la palabra Dios en el preámbulo del texto constitucional, ni la propuesta de someter a un referéndum la nueva Constitución.En las actuales circunstancias de Nicaragua, y ante la amenaza, de un recrudecimiento de la guerra en los próximos meses, la idea de un referéndum es poco viable.

Informes procedentes de Honduras dan cuenta de la incursión en suelo hondureño de unos centenares de soldados nicaragüenses en un intento de perseguir a los antisandinistas de la contra en sus bases. Las zonas fronterizas en Honduras y Nicaragua están cerradas al acceso de la Prensa. Sólo es posible recibir la información oficial y de testigos que han abandonado las zonas de combate. En contra de afirmaciones lanzadas en Washington, que hablaban de miles de soldados del EPS, parece que sólo se trata de unos centenares, que han actuado en una zona de unos 1.000 kilómetros cuadrados.

Relatos de testigos, campesinos hondureños huidos, confirman que la actitud del Ejército de Honduras parece haber sido la de lavarse las manos y dejar que los nicas ajusten sus cuentas entre ellos, aunque sea en territorio hondureño.

Ésta sería una postura similar a la del pasado marzo, cuando durante la Semana Santa el EPS realizó una fuerte incursión en territorio de Honduras, que Estados Unidos calificó casi de "invasión".

El abogado nicaragüense de Hasenfus ha declarado, en contra de su línea inicial de defensa, que renuncia a la apelación contra la condena a 30 años de los Tribunales Populares Antisomocistas (TPA) y pedirá gracia para su defendido.