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CONFLICTO EN EL ATLÁNTICO SUR

La oposición laborista británica avisa del peligro de un enfrentamiento con la URSS a causa de las Malvinas

La oposición laborista británica advirtió ayer del peligro de una futura confrontación no sólo con Argentina, sino también con la Unión Soviética, por la decisión del Gobierno de declarar una zona de expansión pesquera de 150 millas en torno a las Malvinas, decisión que cafificó de "oportunista". Sin embargo, el secretario del Foreing Office, sir Geoffrey Howe, defendió la decisión del Gobierno, anunciada el miércoles en la Cámara de los Comunes, y manifestó que un conflicto cm la Unión Soviética es "muy poco probable".

Howe rechazó igualmente la probabilidad de que la medida conduzca a una nueva confrontación armada con Argentina."Gran Bretaña desea conseguir un acuerdo internacional pesquero para el Atlántico sur", manifestó Howe en unas declaraciones a la BBC.

Por su parte, George Foulkes, uno de los portavoces laboristas de política exterior, calificó la decisión del Gobierno conservador de "truco electoral" para aumentar la popularidad de la primera ministra, Margaret Thatcher, y dijo que la medida podría conducir a "un nuevo estallido" en el Atlántico sur. Para Foulkes existe el peligro de nuevos choques con Argentina y la posibilidad de un enfrentamiento entre pesqueros soviéticos y buques británicos.

"No me extrañaría que la señora Thatcher deseara secretamente que ocurriera algo antes de las próximas elecciones generales", dijo Foulkes, en una referencia al incremento de popularidad de la primera ministra tras la derrota argentina en el conflicto de las Malvinas.

Oportunismo

En la mejor tradición británica de ignorar al adversario, Howe consideré, en su respuesta en el mismo programa de la BBC, que esa afirmación de oportunismo constituía "una observación indigna

Según fuentes británicas, su tranquilizadora respuesta en torno a la posibilidad de un enfrentamiento entre pesqueros soviéticos y los patrulleros de las Malvinas se debe aparentemente al hecho de que Londres puede haber recibido ciertas seguridades de que Moscú no desearía provocar este tipo de incidentes en la zona.

La decisión británica de imponer una zona provisional de conservación y administración en torno a las Malvinas -Falklands Islands Interim Conservation and Management Zone (FICZ)-, que prácticamente corresponde a la actual zona de protección de las Malvinas establecida a raíz del conflicto de 1982, y cuya entrada está vedada a todo tipo de barcos argentinos, tiene por objeto oficialmente la protección de los bancos pesqueros del Atlántico Sur, sometidos a un verdadero saqueo por parte de una serie de países, principalmente del bloque soviético y asiáticos.

La medida entrará en vigor el próximo 1 de febrero, y su vigilancia será encomendada a barcos y aviones civiles del Gobierno del archipiélago, aunque, en su anuncio a los Comunes, Howe dejó bien claro que el Gobierno británico no dudaría en utilizar la fuerza "para disuadir cualquier agresión argentina y mantener la integridad de la zona de protección". A partir de esa fecha, cualquier barco que desee faenar dentro de la zona deberá proveerse de la oportuna licencia.

Según cifras facilitadas por el Foreign Office, unos 600 pesqueros faenaron en aguas de las Malvinas en 1986, en comparación con 485 el pasado año y sólo 250 en 1984. Londres desea restringir el número de pesqueros para la temporada enero-junio de 1987 a sólo 200.

Sin embargo, a pesar de estas explicaciones, la decisión de Londres es eminentemente política, y supone un nuevo reafirmamiento y un nuevo desaire al Gobiemo de Buenos Aires, precisamente cuando éste acaba de firmar sendos convenios pesqueros con la URSS y Bulgaria.

El mensaje es claro: el Gobierno británico no reconocerá ningún tratado que afecte a lo que considera sus aguas jurisdiccionales y, porsi hubiera alguna duda al respecto, junto al anuncio del establecimiento de las zonas de exclusión provisional, Londres se reserva el derecho a extender sus aguas jurisdiccionales en tomo a las Malvinas a 200 millas -la extensión de la zona de exclusión militar- y reafirma sus derechos sobre la plataforma continental, de acuerdo con los límites marcados por la ley internacional, no sea que en el futuro se encuentre petróleo.

El mantenimiento de la fortaleza Malvinas cuesta al Reino Unido unos 1.000, millones de libras esterlinas (190.000 millones de pesetas) en gastos militares, aunque, con la ampliación del aeropuerto de Port Stanley -lo que permite llevar en un solo día refuerzos por vía aérea-, este coste podría reducirse a la mitad, al disminuir los efectivos militares permanentes.

[El Reino Unido solicitó ayer por escrito a la Comisión Europea que aborde el problema de la pesca en el Atlántico Sur. Un portavoz de la Comisión, órgano ejecutivo de la CE, confirmó que Londres actuó sin consultar a sus socios en la Comunidad y que tenía derecho a ello bajo los acuerdos sobre las Malvinas en la legislación comunitaria.]

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 31 de octubre de 1986

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