El presupuesto que viene

LA PRESENTACIÓN de los Presupuestos Generales del Estado ante las Cámaras con unos días de antelación sobre el plazo marcado legalmente constituye un buen ejemplo de respeto no sólo al espíritu, sino también a la letra, de la ley. Este buen precedente tal vez anime a los presidentes de las Cámaras a aplicar con rigor el principio de que toda nueva propuesta de gasto debe ir acompañada de su correspondiente propuesta de financiación, lo cual, de aplicarse estrictamente, puede ser un freno a la permanente tentación de aumentar el gasto una vez aprobado el presupuesto. En realidad, el documento que acaba de ser presentado por el ministro de Economía constituye una primera declaración de intenciones cuyo resultado final depende de la energía con que la Administración pública esté dispuesta a aplicar su contenido.En su presentación ante la Prensa, el ministro de Economía ha reafirmado el marco general en que se integran las previsiones presupuestarias. Se pretende conseguir un crecimiento del PIB del 3,5% en 1987 y reducir el aumento de los precios a un 5% a finales del año próximo. También se pretende lograr un aumento del empleo equivalente al que se registrará en 1986 y que el ministro cifra en torno a los 150.000 puestos de trabajo. El propósito es loable, pero su verosimilitud depende de un análisis riguroso de lo que está pasando este año, análisis que la indigencia de las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) no permite llevar a cabo. Aparentemente, una buena parte de la creación de empleo en los dos primeros trimestres (cerca de la mitad) se debe al sector público, lo cual constituye uno de los elementos que explican el considerable aumento de los gastos estatales en lo que va de año (alrededor del 16% en comparación con el mismo período de 1985). De continuar esta tendencia, que viene desde hace varios años, será muy difícil conseguir que el conjunto de los gastos consolidados del sector público crezca en el 6,1% previsto. Lo más probable es que superen, como han venido haciéndolo desde hace 20 años, el crecimiento nominal del PIB, que en 1987, y según las propias previsiones oficiales, será de un 9,8%.

Este aumento de los gastos se verá compensado en parte por un crecimiento de los ingresos bastante mayor que el previsto. Basta echar una ojeada a las previsiones del año pasado para los dos principales impuestos, el IVA y el IRPF, para constatar que la recaudación, consciente o inconscientemente, se subestimó fuertemente. Para el año próximo, la previsión relativa al IRPF carece de verosimilitud, ya que, al no adecuarse las tarifas al aumento previsible de la inflación (solamente se han adecuado las deducciones familiares), lo normal es que los ingresos que proporciona este impuesto aumenten bastante por encima del 9,1% previsto.

Todo lo cual hace aleatorio cualquier juicio sobre la evolución del déficit público. El Gobierno pretende reducirlo nominalmente, lo cual constituiría sin duda un acontecimento feliz, pero de momento la evolución registrada el presente año no da pie para el optimismo, pues la mejora es bastante inferior a la que correspondería si se toman en consideración los beneficios fiscales de la reducción de los precios del petróleo. Esta impresión se ve confirmada por el excesivo optimismo en relación con los gastos relativos a la financiación del propio déficit, estabilizados en tomo a 1,2 billones de pesetas. La apuesta subyacente es doble y arriesgada: implica que los tipos de interés continúen bajando y que el público esté dispuesto a absorber cantidades ingentes de pagarés del Tesoro a precios inferiores a los del mercado, algo a lo que cada vez se muestra más reacio.

Algunos capítulos de los presupuestos contienen novedades interesantes. La más espectacular se refiere al tratamiento dado a la renta fija, que ve desaparecer la deducción fiscal del 15%. de que gozaba hasta ahora. También se reducen sustancialmente las correspondientes a la renta variable, que pasan del 17% al 10%. El propósito de estas modificaciones es el de favorecer las inversiones en capital de riesgo frente a las colocaciones más seguras, algo de lo que nuestra economía estaba bastante necesitada. Asimismo la reforma dará más peso a los tipos de interés de los propios títulos como criterio de rentabilidad, suprimiendo un elemento distorsionador que pudo justificarse en una época de apatía bursátil, pero que en las circunstancias actuales carece de sentido.

La presentación de los presupuestos ante las Cámaras constituye el primer paso para el análisis pormenorizado de los mismos. Es de esperar que este año la discusión de sus diferentes capítulos suscite un interés mayor por parte de los parlamentarios que en años anteriores. Al fin y al cabo, de lo que se discute es básico para el bienestar de todos los españoles.