Rechazada en el Senado uruguayo la amnistía a los militares
Una comisión especial del Senado uruguayo rechazó ayer la amnistía sin restricciones propuesta por el Gobierno y aprobó un proyecto de ley opositor que prevé el procesamiento de militares involucrados en graves violaciones de los derechos humanos durante el pasado régimen militar (1973-1985).
Pese a que su proyecto de pacificación fue rechazado, el Partido Colorado, en el poder, votó a favor del plan presentado por el Partido Nacional o Blanco, principal grupo político de la oposición. Los dos senadores de la coalición izquierdista Frente Amplio, tercera fuerza política uruguaya, votaron en contra del proyecto en la comisión de nueve miembros.El proyecto de ley blanco, denominado "de defensa de la democracia y de los derechos humanos", prevé el enjuiciamiento de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ya denunciados ante la justicia.
La competencia en estos casos -homicidios, lesiones gravísimas y violaciones sexuales- será exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, según el proyecto. El plan del Partido Nacional comprende igualmente la tipificación del delito de tortura y establece severas sanciones para aquéllos que traten de subvertir el orden constitucional.
El proyecto opositor se considera alternativo al enviado al Parlamento por el Gobierno hace un mes, que concedía amnistía irrestricta a los militares y policías involucrados en violaciones de los derechos humanos entre 1973 y 1985.
Sin embargo, quedan excluidas expresamente las eventuales violaciones de los derechos humanos durante la época de la "guerra interna" contra los guerrilleros tupamaros entre 1967 y 1972. El golpe de Estado militar se produjo en junio de 1973, cuando la guerrilla ya estaba derrotada.
El proyecto, de 27 artículos, tipifica el delito de tortura -hasta ahora inexistente en los códigos uruguayos- y propone penas de hasta 30 años de cárcel para quienes pretendan derribar por la fuerza el orden constitucional.
Igualmente prevé el "juicio político" para los presidentes de la República que se postulen a la reelección o suspendan las garantías individuales sin el consentimiento del Parlamento.
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