Un informe del Gobierno niega la existencia de 'hambre física" en el campo andaluz

Un informe sobre la situación de los jornaleros andaluces elaborado por la Delegación del Gobierno en Andalucía señala que "el tópico del hambre física no se ajusta a la realidad". El documento asegura que el Estado aporta una cantidad superior a las 1201.000 pesetas anuales por habitante del medio rural andaluz, cantidad que complementa a "los ingresos naturales producidos por su propia actividad". Ello "desmonta la leyenda del hambre física y explica el nulo éxito de las movilizaciones que infructuosamente han intentado CC OO y el SOC desde 1984 hasta ahora".

El informe elaborado por la Delegación del Gobierno en Andalucía reconoce que parte del campesinado andaluz vive una situación injusta, "lo que constituye un excelente caldo de cultivo para la agitación social". Más adelante concluye que el colectivo de jornaleros "no es ni el de menor renta ni el de peor nivel de vida comparado con otros colectivos andaluces o españoles" y atribuye la problemática de este grupo al "contraste de sus condiciones de vida con el de unas pocas familias que detentan la mayor parte de las propiedades".La tercera de las conclusiones que se extrae del informe gubernamental apunta que desde la entrada en vigor de las medidas sustitutorias del empleo comunitario y, desde la ley de Reforma Agraria, se está produciendo una reactivación en la actividad productiva agrícola, "como demuestran las cifras de crédito oficial suministradas por el crédito agrícola". Estas cifras, según el informe, experimentaron un incremento del 57%, en dos años, desde los 11.990 millones de pesetas de 1983 a los 20.985 de 1985. "Estos créditos dirigidos a inversiones agrícolas", dice el documento, "vaticinan un espectacular crecimiento de la economía agrícola".

Este análisis coincide con la oleada de protestas de trabajadores del campo a raíz de los procesamientos a jornaleros que en los años anteriores realizaron actos de protesta e incurrieron en presuntos delitos de "desordenes públicos", según la generalidad de las acusaciones fiscales. El número de encausados es de 161.

Corrupción en el tajo

Otros aspectos reseñados por la Delegación del Gobierno en Andalucía indican que desde la puesta en marcha del empleo comunitario en 1971 el censo de eventuales agrarios se triplicó, se desincentivó el trabajo y "el jornalero andaluz, habituado a trabajar duramente cuando se le contrata, descubre la pequeña corrupción de acudir al tajo para estar casi sin trabajar". Por otro lado, dice que sobre un colectivo de unas 200.000 personas el Estado realiza en 1986 una aportación de 67.157 millones de pesetas entre el Plan de Empleo Rural, subsidio de desempleo agrario y formación ocupacional.".