El régimen militar concentra la represión sobre la izquierda
El régimen del general Augusto Pinochet ha concentrado la persecución de los culpables del atentado del domingo contra su vida en militantes y dirigentes de izquierda y en los habitantes de las barriadas obreras de la periferia de la capital. Según el recuento de la policía de investigaciones, hasta ayer habían sido detenidos 16 dirigentes políticos y de organizaciones sociales de signo izquierdista.
Entre tanto, los servicios de seguridad buscan afanosamente a César Bunster Ariztía, hijo del ex embajador de la Unidad Popular en Londres Álvaro Bunster. Según la versión oficial, Bunster alquiló una casa en las cercanías del sitio de la emboscada y los vehículos en los que se desplazaron los atacantes. Pagó 800 dólares (una 100.000 pesetas) por los automóviles y mostró una identificación falsa como agregado comercial de la Embajada de Chile en Canadá. Su esposa también está acusada de haber participado en el ataque, y ambos, de preparar la fuga de los atacantes.
[Álvaro Bunster descalificó, desde México, las acusaciones que el régimen de Pinochet ha lanzado contra su hijo, según Reuter. Bunster dijo que se trata de "un iiitento de arrojar sombras sobre los chilenos exiliados e, indirectamente, sobre el Gobierno mexicano". Según su padre, César Bunster trabajaba para el Gobierno mexicano cuando llegó a Chile y, más tarde, encontró trabajo en la Embajada de Canadá en Santiago.]
En el cuartel central de investigaciones permanecen detenidos, entre otros, Ricardo Lagos, dirigente socialista moderado; Rafael Maroto, sacerdote y portavoz del ultraizquierdista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); Germán Correa, socialista radical, secretario general del Movimiento Democrático Popular (MDP), que encabeza el Partido Comunista; Pascual Barraza, un ex ministro comunista del Gobierno de Salvador Allende; Pedro Castillo, médico y presidente de la Comisión Nacional contra la Tortura, y el portavoz del ilegal partido comunista, Patricio Hales.
En la media docena de allanamientos que se han realizado en barriadas obreras, los soldados llegan con listas de personas, cuyas viviendas destrozaron en busca de armas. De los cinco sacerdotes detenidos, sólo dos han sido liberados. Sobre los otros tres, de nacionalidad francesa, pende una amenaza de expulsión proferida por el subsecretario del Interior, Alberto Cardemil.
Una ciudad ocupada
Santiago es, una vez más, una ciudad ocupada por militares, que ante el menor signo de rebeldía reprimen con violencia. En la escuela de Derecho de la universidad de Chile, jóvenes que gritaban el característico "Y va a caer" de la oposición, fueron disueltos con disparos al aire.Un grupo de 13 partidos de derecha, centro e izquierda moderada emitieron un comunicado conjunto condenando la violencia, mientras que el MDP no se ha pronunciado sobre el atentado. Para el Gobierno, los culpables no sólo son los autores directos de la emboscada, sino también los políticos que han atacado permanentemente al régimen.
