La distribución de recursos según los intereses regionales provoca un aumento de la conciencia autonómica

El reparto de los recursos según la distinta ponderación de los diversos indicadores económicos (población, superficie, esfuerzo fiscal, insularidad, orografía, pobreza relativa, entre otros) que propone cada comunidad autónoma en función de sus intereses y necesidades regionales está suscitando un amplio debate político sobre las características del nuevo modelo de financiación. Los expertos coinciden en señalar que con el nuevo modelo se inicia de verdad el proceso de autonomía financiera. Durante seis años del período transitorio el proceso autonómico se ha limitado a una descentralización del gasto público que en 1985 se repartía entre un 14% para las comunidades autónomas, 15% para las corporaciones locales y el 71% restante para la Administración central.El modelo elaborado por la Administración central para el período definitivo (ver cuadro e información adjuntos) sirvieron de soporte y punto de referencia piara la mayoría de intervenciones y debates. Aunque desde distintas ópticas, todos los representantes autonómicos criticaron y matizaron la propuesta del Gobierno, Andalucía, Cataluña y Galicia, plantearon las discrepancias más radicales y las alternativas más elaboradas. El centenar de participantes -en su mayoría expertos y profesionales de los gabinetes de Economía y Hacienda de las comunidades- coincidió en destacar el creciente aumento de la conciencia autonómica en las administraciones de las comunidades frente a la escasa evolución registrada en la Administración central. En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ya manifestaron ciertas discrepancias representantes de comunidades dirigidas por hombres pertenecientes al mismo partido que el Gobierno central.

César Estrada, consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, con Gobierno del PSOE, consideró excesiva la ponderación de la población en el modelo del Gobierno, que es del 90% y 95%, según los dos escenarios diseñados, para las comunidades del artículo 151. El consejero andaluz, que se mostró pesimista sobre la posibilidad de un acuerdo satisfactorio en septiembre, propuso una ponderación del 85% del indicador de la población para estas comunidades y una asignación del 13% del factor superficie. Recordó que el gasto en carreteras depende decisivamente de la superficie y la orografía territorial y afirmó que "sería un error excluir de la fórmula del reparto el del déficit en servicios sociales, e infraestructuras, argumentando que este aspecto ya se equilibra con el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)".

Reparto del poder político

En la misma posición se alineó el consejero de Hacienda de Canarias, Óscar Bergasa, quien consideró "muy sospechoso" el elevado peso de la población. También el consejero de Economía y Hacienda de Galicia, José Antonio Orza, manifestó su desacuerdo con una excesiva ponderación de la población al señalar la escasa relación entre este indicador y las carreteras puertos, agricultura, sanidad (se financia por otro mecanismo) y la enseñanza (depende de la población escolar, que no siempre coincide con la general).En sentido opuesto se pronunció el consejero de Economía y Hacienda de la comunidad de Madrid, Luis Alejandro Cendrero, quien consideró que la población debía tener un peso importante, y afirmó que "las personas tienen que contar más que las hectáreas". A favor de una elevada ponderación de la población se sitúan Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Otros debates más políticos giraron en torno a los principios de la autonomía financiera, la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad. Josep Manuel Basáñez, secretario general de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, señaló que "si no se reduce el poder político de la Administración central no se puede dar un poder político a las comunidades autónomas". Y añadió: "Si no desmontamos parte del actual aparato central estamos duplicando numerosos servicios". Para conseguir la autonomía, financiera, el gallego José Antonio Orza propuso como una de las principales fuentes de ingreso de las comunidades la aplicación de un recargo general sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que a su vez se compensaría con una disminución de las tarifas del impuesto.

Por otra parte, el aumento de la presión fiscal como consecuencia del establecimiento de tributos propios por parte de las comunidades ha despertado recelos en altos cargos de la Administración central, quienes consideran que la corresponsabilidad fiscal puede poner en duda el principio de solidaridad.