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Tribuna:LA DICTADURA DEL GENERAL STROESSNER

Del estado de sino a la transición anunciada

JOSÉ ANTONIO MARTIN PALLÍNLa dictadura del general Stroessner está ya agotada, y en Paraguay se empieza a hablar abiertamente de la transición hacia la democracia. El autor de este artículo, que ha visitado este país suramericano en calidad de presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, analiza los elementos políticos y económicos que explican la aparición, finalmente, de un horizonte democrático.

Inopinadamente, la situación política de Paraguay ha merecido la atención coincidente de los principales medios de comunicación mundiales, aun en países alejados geográfica y políticamente de los intereses en juego en el área central del Cono Sur. El general Stroessner ha cumplido 32 años de ejercicio personal y continuado de su poder político, y muchas generaciones de españoles y del resto de los europeos ignoraban cuáles eran las condiciones reales de vida en el país suramericano.De pronto, los gremios y sindicatos, los movimientos estudiantiles y los sectores más influyentes de la Iglesia católica. elevan sus voces disidentes, reclaman mayores cotas de libertad y llevan sus reivindicaciones a la calle, hasta entonces patrimonio del coloradismo oficial, que las utilizaba para concentraciones de adhesión entusiasta, tan peculiares de los regímenes de corte fascista.

Conviene apuntar como primer dato que la densidad demográfica de Paraguay nos ofrece una tasa de tres millones de habitantes para una superficie doble de la de España. Contribuye a descargar todavía más la presión humana sobre las relaciones económicas el gran número de paraguayos que ha elegido el camino de la emigración en busca de un mejor nivel de vida en los países limítrofes. Buenos Aires es la capital con mayor número de paraguayos, hasta alcanzar una población superior a la de Asunción. Las condiciones climáticas y la espontaneidad de determinados productos alimenticios liman los factores de agresividad y violencia que inexorablemente. se producirían en otro marco ambiental.

Quizá una de las claves de la indiferencia mundial ante la persistencia de la dictadura paraguaya radica en la cobertura constitucional de la que se dotó el general Stroessner para ejercer sus omnímodos poderes. La Constitución de 25 de agosto de 1.967 (obsérvese que subsigue cronológicamente al intento franquista de constitucionalizar el Estado por medio de la ley orgánica, y que es notoria la devoción del dictador paraguayo por la figura del general Franco) proclama su fe en los inmutable principios republicanos de la democracia representantiva, reconoce la soberanía popular y asienta el gobierno de la República sobre los tres poderes tradicionales, dentro de un sistema de "división, equilibrio e interdependencia". Por si la fuerza del sistema político instaurado no fuese suficiente para garantizar la pervivencia de los valores democráticos, el artículo 40 proclama enfáticamente que "la dictadura está fuera de la ley".

Pero ya en el mismo artículo se anuncia, para guía de inadvertidos lectores, que en las circunstancias previstas en la Constitución se podrá conceder facultades extraordinarias a alguno de los poderes del Estado o a una persona concreta.

Estas facultades extraordinarias o excepcionales constituyen desde hace 32 años el marco jurídico y político en el que el general presidente gobierna sobre la nación paraguaya. Una prevista y medida combinación de las facultades del poder ejecutivo con la utilización del estado de sitio ha institucionalizado un régimen de excepción permanente por medio de sucesivas renovaciones sin control legislativo ni judicial. Basta un decreto del poder ejecutivo para acordar o renovar su vigencia.

Las previsiones constitucionales para declarar el estado de sitio -conflicto o guerra internacional, invasión exterior, conmoción interior o amenaza grave de uno de estos hechos- han sido interpretadas caprichosamente por el general-presidente. Por si esto fuera insuficiente, podrá además disolver el Congreso por hechos graves que sean imputables al comportamiento de los parlamentarios y que pongan en peligro el equilibrio de los poderes del Estado o afecten a la vigencia normal de la Constitución o al libre desenvolvimiento de las instituciones constitucionales.

Como se ve, una descarada concentración de poderes permite un Gobierno dictatorial de facto, con fachada jurídica, en el que el poder goza de inmunidades desconocidas en otros sistemas. Como consecuencia de este vaciamiento total del edificio constitucional, la verdadera ley de Paraguay, como señala Salvatore Senese, magistrado italiano miembro del Consejo Superior de la Magistratura, es la del mbaraté, expresión guaraní que significa prepotencia del poder.

Ventajas económicas

Alrededor de esta estructura autárquica se escalonan, en forma de pirámide, todos los sectores que se benefician más o menos directamente de las ventajas económicas que proporciona una posición influyente en el marco del aparato estatal. El Ejército tiene una cúpula repleta de generales que ostentan el privilegio de participar fructíferamente de los negocios más rentables y especulativos de la desordenada economía.

La falta de planificación económica genera sectores marginales que en otros sistemas se recluyen en las zonas reservadas a la economía sumergida, pero que en Paraguay se institucionalizan como un elemento más del orden económico establecido. El contrabando alimenta el suministro de determinados productos de bienestar a las capas más acomodadas y a los profesionales de cierto nivel. Por citar un ejemplo, el mercado del automóvil se nutre, en gran medida, de vehículos importados sin pagar aranceles y de unidades que han sido sustraídas en el vecino Brasil. En las conversaciones sociales no se comentan las características técnicas o el confort del último automóvil adquirido; el paraguayo considera dos modelos de vehículos: los importados sin pagar aduana y los robados e introducidos por la frontera en caravanas de remolques que se hacen invisibles a los aduaneros.

El Ejército, la Administración y los servicios públicos están impregnados de coloradismo. Para pertenecer a cualquiera de estos estamentos es necesario militar en el Partido Colorado oficialista. El periódico del partido, Patria, se distribuye obligatoriamente entre todos los funcionarios y su precio se les descuenta en la nómina mensual. Frecuentemente son convocados a participar en homenajes y adhesiones públicas -cada vez menos multitudinarias- al líder indiscutible.

Fuera de este marco, cualquier disidencia o iniciativa simplemente regeneracionista tiene serias dificultades para ofrecerse a la ciudadanía sin riesgos personales para sus protagonistas o sin sufrir la asfixia económica y el silenciamiento de sus medios de expresión.

Los indicadores económicos que venían ofreciendo datos menos agudizados que los países del entorno empiezan a desmoronarse. La tasa de inflación, que siempre fue baja en relación con sus vecinos, se calcula para el presente año en un 40%. El índice de desempleo oficial es de un 15%, pero si se suma el desempleo oculto y el masivo subempleo (un niño que vende escasos ejemplares de periódicos en un semáforo pasa a engrosar las listas de empleo), las cifras son alarmantes. Las reservas monetarias descienden progresivamente (de 100 a 150 millones de dólares en 1985). Las tasas del cambio oficial del dólar se fijan en valores ficticios -menos de la mitad del cambio real-, lo que, en opinión de un destacado economista, "favorece el omnipresente contrabando, castiga a los exportadores legales, hace pagar los platos rotos a los productores rurales y prepara el caldo de cultivo propicio para funcionarios corruptos".

La situación económica se ha visto sacudida por el escándalo financiero descubierto en el Banco Central de Paraguay, que controla todas las reservas monetarias del país. El fraude en forma de evasión de divisas puede ascender a cerca de 1.000 millones de dólares, cifra exorbitante para las magnitudes en las que se desenvuelve la economía paraguaya. El presidente del banco ha gozado públicamente de la cobertura de las más altas instancias; otros responsables están oficialmente huidos, las investigaciones judiciales sólo se dirigen contra funcionarios secundarios.

Con un mercado de trabajo caracterizado por el desequilibrado volumen de la oferta es normal que los salarios estén en su mayoría por debajo del fijado como mínimo oficial (60.000 guaraníes, exactamente 12.000 pesetas). Las corrientes sociales que ahora afloran y se manifiestan en la calle tienen su origen en todos estos desequilibrios. El sistema parece agotado, y se empieza a hablar abiertamente y sin temores de la necesaria transición a un sistema democrático que recupere las libertades y devuelva la confianza perdida al pueblo paraguayo.

José Antonio Martín Pallín es fiscal, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos y miembro del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía y la Democracia en Paraguay.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de junio de 1986