Las reformas pendientes

PRINCIPAL RESPONSABILIDAD del primer Gobierno socialista habido en España en 50 años era desarrollar la Constitución de forma que el sistema de libertades públicas quedase asentado de forma irreversible en la socíedad española. A los socialistas se les podía perdonar que no cumplieran aquellas promesas electorales -como la creación de puestos de trabajo- cuya realización efectiva no dependía únicamente de ellos, pero no el abandono de objetivos relacionados exclusivamente con su voluntad política.A la sorpresa y el pavor que a los nuevos gobernantes les produjo comprobar las resistencias de la realidad también en este punto siguió una reacción de franca adaptación a lo existente. El ministro del Interior descubrió la Guardia Civil, y el Gobierno en pleno, las razones de Estado. Exigencias democráticas como la de una mayor transparencia de la gestión, la reforma a fondo de los aparatos de la Administración pública o la de un mayor control del ejercicio del poder fueron considerados como insidiosos ataques a una legitimidad que consideraban dada de una vez por todas, a salvo de cuestionamientos por parte de los administrados. La tensión entre libertad y seguridad, característica de toda sociedad democrática, se ha zanjado en más de un caso, a lo largo de los últimos cuatro años, en contra de la primera, sin por ello mejorar la segunda. Tal es el caso, en particular, de la llamada reforma policial, reducida finalmente a una serie de medidas administrativas compatibles con el mantenimiento y aun promoción a cargos de responsabilidad de antiguos servidores de la dictadura, incluyendo notorios torturadores. En este punto, el Gobierno inauguró un lenguaje preocupante y peligroso, descalificador de Amnistía Internacional cuando esta benemérita institución denunciaba malos tratos en comisarías españolas, y llegó a distinguir -hablando de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)- el terrorismo de respuesta del terrorismo a secas.

En otros terrenos, el balance es todavía impreciso. Algunas de las reformas de mayor alcance, como la de las enseñanzas medias, sólo podrán demostrar su mayor o menor adecuación tras un período, necesariamente largo, en el que se pondrá a prueba su virtualidad. No parece, sin embargo, que la Universidad, tras la reconversión socialista, haya empezado a dinamizarse como lugar de investigación y conocimiento. Ni se ha terminado con los intereses del academicismo y la inclinación funcionarial del profesorado ni se advierte una relación más estrecha y productiva con la sociedad.

La reforma de la sanidad ha estado tan cargada de vacilaciones, confusiones y rendiciones corporativistas que finalmente puede tenerse por una oportunidad perdida. En cuanto al ámbito de la administración de la justicia, y al margen del desproporcionado protagonismo que han cobrado los jueces y tribunales, la realidad queda practicamente invariada. O, peor aún, empañada con casos de corrupción de insatisfactorio desenlace, con la permanencia de indebidos usos en las oficinas de los juzgados y con el retraso abrumador en la resolución de los casos, circunstancia que constituye de por sí una flagrante injusticia.

En más de una ocasión los líderes socialistas asociaron la modernización de este país al eslogan de hacer funcionar España. En ese funcionamiento, sin embargo, han seguido existiendo todos los óxidos de la burocracia y casi todas las averías de la sinrazón y la descoordinación preexistente. La ineficacia del Gobierno en los capítulos enunciados puede atribuirse a dosis de incompetencia, pero también aúna falta de decisión política, que ha inducido a transar con fuerzas e intereses establecidos, demasiado fuertes, al parecer, para la musculatura política de un Gobierno que no ha cesado de proclamar la titánica fuerza que le proporcionaban 10 millones de votos.

Promesas gubernamentales concretas y a plazo fijo -emanadas de la boca del presidente o sus ministros-, tales como el establecimiento de la institución del jurado y la ley de autorización de televisiones privadas, han quedado incumplidas por razones que dan muestra de la medrosidad del PSOE en cuestiones de libertad y modernización social. La despenalización del aborto, si bien se hizo de acuerdo con el programa electoral del PSOE, resultó de una timidez tal que no consiguió resolver el problema planteado. En resumen, el Gobierno no ha llevado a cabo una decidida política de expansión de las libertades, no ha democratizado el Estado y no ha mejorado los servicios de sanidad y educación -pese a la meritoria tarea de haber sacado la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE)-. Ha rendido además un culto excesivo a las demandas de determinados sectores burocráticos en esos mismos terrenos. Y nos preguntamos, a título de ejemplo, qué hubieran dicho los socialistas en la oposición si un ministro de Justicia de la derecha hubiera sido promovido a magistrado del Supremo durante su mandato y otro de Sanidad hubiera ganado una cátedra universitaria por limpia oposición. La necesidad de que la mujer del César parezca virtuosa, además de serlo, ha sido demasiadas veces olvidada por ellos.