La batalla política se centró en el aborto y las incompatibilidades
La ley de despenalización parcial del aborto y la aplicación -de la ley- de incompatibilidades al colectivo médico, han centrado la batalla política entre el Gobierno y la oposición de derechas en el ámbito sanitario. Tras un tormentoso debate parlamentario y un agitado recurso ante el Tribunal Constitucional, la ley de despenalización parcial del aborto, comenzó a aplicarse en el verano de 1985. Aunque la ley es tan estrecha que sólo puede acogerse a ella una ínfima parte de las mujeres que desean abortar, su aplicación estuvo rodeada de un considerable escándalo en el que mediaron querellas judiciales contra los médicos practicantes de los primeros abortos y una flagrante vulneración del derecho a la intimidad de las primeras mujeres que solicitaron acogerse a la ley.La batalla tuvo especial crudeza en el ámbito sanitario, con graves anatemas contra los médicos dispuestos a practicar abortos, hasta el punto de que llegó a temerse que la ley no se pudiera aplicar. También en el ámbito social hubo revuelo, con la creación de comisiones pro vida cuya actividad se fue desinflando a medida que pasaba el tiempo y se comprobaba que la ley se aplicaba sin más repercusiones adversas. El ministro de Sanidad afrontó impasible esta campaña, sabedor de que se hubiera producido igualmente aunque hubiera sido otro el alcance de la ley.
Aunque con dificultades, el ministerio ha logrado garantizar que en cada comunidad autónoma exista al menos un centro público en el que se practiquen abortos. Son los únicos, puesto que ningún centro privado ha solicitado acreditación para hacerlo. Esto ha sido interpretado como prueba de que la ley es tan corta que no ofrece posibilidad alguna de lucro.
El número de abortos realizados al cabo del año es mínimo. El ministro se ha negado a facilitar la cifra exacta, pero no sobrepasa los 300, mientras más de 20.000 españolas siguen abortando cada año en el extranjero y se cuentan por miles las que lo realizan clandestina pero toleradamente en España.
La ley no ha satisfecho ni las peticiones feministas ni las de los sectores moderadamente progresistas, de modo que, al término de la legislatura, calmadas ya las aguas en la derecha, han comenzado a oírse voces de quienes reclaman una nueva legislación menos restrictiva, entre las que figura la de los fiscales progresistas. Estas reclamaciones han merecido menos atención del Gobierno que las procedentes de la derecha, y algunos ministros han hecho declaraciones anunciando que, de momento, no se piensa modificar la ley.
En la aplicación de la ley de incompatibilidades también hubo mas ruido que nueces. En la práctica, no representó una liberación significativa de puestos de trabajo que permitiera paliar el problema del paro médico, de modo que el descontento abarca a un sector más amplio que el de los pluriempleados recalcitrantes.
La ley se ha aplicado sin modificar paralelamente las condiciones, laborales y salariales de los médicos de la Seguridad Social, que cobran retribuciones notablemente inferiores a las que creen merecer por su calificación profesional. A las protestas de los sectores de derechas se ha sumado el descontento de segmentos que defienden simplemente una postura profesional. Éstos alegan que, al no ir acompañada de una política de incentivos profesionales adecuada, la ley todavía fomenta más la desafección de los médicos hacia las instituciones sanitarias.
