El Gobierno propone reducir el fondo interterritorial en un 25%

El Gobierno propuso ayer a los consejeros regionales de Hacienda, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, la reducción del Fondo de Compensación Interterritorial en un 25% de su dotación actual (196.000 millones de pesetas en 1986). Simultáneamente se ampliarían a otros gastos del Estado los criterios manejados para distribuir ese mecanismo de financiación autonómica.

El fondo interterritorial ha estado dotado desde 1982 con un 40% de la inversión nueva del Estado, excluidos los gastos de Defensa. La reducción propuesta ahora lo dejaría en un 30% de ese total, con lo que aún se cumple el tope mínimo establecido en la ley del Fondo de Compensación. Esta dotación se distribuye cada año de forma inversamente proporcional a la renta per cápita de las regiones, y teniendo en cuenta el saldo migratorio, la tasa de paro y la superficie territorial, y primando la insularidad.El ministro de Economía, Carlos Solchaga, que preside las reuniones del Consejo de Política Fiscal, explicó ayer que para el resto de las inversiones del Estado, externas al fondo interterritorial, el Gobierno desea aplicar criterios que tengan en cuenta la población de cada autonomía, de forma que una parte elevada de la financiación total venga explicada por esta variable.

En la reunión de ayer estuvieron presentes también el ministro de Administración Territorial, Félix Pons, y los consejeros de las 15 comunidades de régimen común de financiación. El País Vasco y Navarra se rigen por los sistemas de cupo y aportación económica.

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, se manifestó optimista tras este encuentro, aunque advirtió que no se había producido un pacto definitivo. Algunos observadores se han visto sorprendidos por que esta reunión se haya convocado en vísperas de elecciones legislativas, ya que el encuentro de los miembros del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha venido sufriendo sucesivos retrasos. La actitud contemporizadora de Solchaga ha hecho pensar que el Gobierno central no quiere entrar en polémica abierta con las autonomías no socialistas, a fin de evitar que ello pueda ser utilizado electoralmente.

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña pretende que el Ejecutivo de la nación actúe conjuntamente con las autonomías en materia fiscal, lo que Josep Maria Cullell llamó "corresponsabilidad fiscal".

La implantación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), tributo que es competencia estatal, ha hecho que disminuya el volumen de impuestos cedidos a las comunidades autónomas, puesto que esa figura fiscal sustituye a tributos que sí percibían las autonomías. No obstante, el Gobierno llegó a un acuerdo de colaboración al respecto con el País Vasco y Navarra.

"Entiendo las dificultades técnicas que existen", dijo Cullell, "pero pido que la imaginación que se ha empleado para otras comunidades se extienda a este caso".

En caso de rechazarse esta corresponsabilidad, los nacionalistas catalanes proponen como alternativa "la cogestión". Es decir, una sola administración fiscal que luego repartiera los ingresos entre las administraciones central, local y autonómica, a la manera del sistema que rige en la RFA.

El titular de Hacienda, señaló que habrá una próxima reunión en la primera quincena de mayo, aunque descartó que pueda darse un nuevo sistema de financiación antes del mes de septiembre, ya con un nuevo Gobierno.

El ministro señaló que es voluntad del Gobierno que la proximidad de las elecciones legislativas no interfiera en la negociación, "pero el Gobierno", dijo, "no quiere obligar a nadie a que tome posiciones definitivas" durante el período electoral.