La guerra privada de Ronald Reagan
Nadie duda en Washington de que el presidente conseguirá finalmente el dinero para la 'contra'
"Este es un voto como el de Tonkin, y estoy viendo otra vez a nuestros muchachos meterse poco a poco en una guerra como la de Vietnam. Mi conciencia me dice que debo votar que no. Que cada representante vote en conciencia". Así cerraba el jueves el veterano speaker (presidente) de la Cámara de Representantes, el demócrata Tip O'Neill, el debate sobre Nicaragua. Una hora después, el viejo irlandés solicitaba silencio y anunciaba, cansado, uno de los principales éxitos de su vida política: "La propuesta del presidente ha sido derrotada por 222 votos contra 210".
Eran las tres de la tarde, y Reagan que vio el voto por televisión a sólo tres kilómetros de distancia, manifestaba su disgusto, pero con cedió sólo que había sufrido un 11 revés pasajero". "Es un día negro para la libertad", dijo, "pero volveré a intentarlo, y, lo ganaremos porque es una causa justa".En 1964, el presidente Lyndon Johnson conseguía sin debate que el Congreso aprobara la resolución del golfo de Tonkin, que le permitió escalar militarmente, sin control del Parlamento, la guerra de Vietnam, hasta ahora la única derrota exterior sufrida por Estados Unidos. Hoy, 22 años más tarde, Ronald Reagan, mucho más popular que Johnson, no consigue que el Congreso apruebe su petición de 100 millones de dólares para la contra nicaragüense, apoyada con una agresiva campaña de relaciones públicas y presión desconocida en muchos años.
A Ronald Reagan le queda un año, o como máximo año y medio, para cumplir lo que parece que es su destino histórico de detener el comunismo en Centroamérica. Mil novecientos ochenta y siete es un año preelectoral y al año siguiente hay elecciones presidenciales y abandonará la Casa Blanca. "No quiero dejar a mi sucesor la opción agonizante de una decisión dramática sobre Nicaragua", dijo en su último discurso televisado, en el que presentó su política como "última oportunidad" de evitar una intervención directa de EE UU.
Aunque el jueves perdió en la Cámara de Representantes del Congreso, dominada por los demócratas, su primera batalla por rearmar a la contra, el presidente está convencido de que se trata de una derrota parcial en una batalla en la que la victoria está al alcance de su mano.
Esta semana, el Senado, controlado por el Partido Republicano, volverá a pronunciarse sobre la ayuda y se espera una victoria de la misma facilitada por un compromiso de que quedará en suspenso por 90 días para dar una última oportunidad a Contadora y a la negociación entre los sandinistas y su oposición. El 15 de abril, la Cámara volverá a votar nuevas alternativas y durante este tiempo se espera que la Administración y el Congreso lleguen a un compromiso aceptable para todos. Nadie duda en Washington que Reagan conseguirá su propósito de armar a los rebeldes, que en caso contrario corren el serio riesgo de ser aplastados por el Ejército sandinista. La sucia guerra de Nicaragua va a vivir sus momentos decisivos. Alfonso Robelo, uno de los líderes civiles de la contra, afirmó aquí que "si en 18 meses no ganamos, tendremos que abandonar nuestra lucha. El régimen sandinista tendrá ya ocho años y se habrá consolidado. No podremos seguir derramando más sangre".
Reagan ganará porque, aseguran los observadores, la división sobre Nicaragua se ha producido sobre los medios a emplear y no sobre los fines. A diferencia del pasado año, cuando el presidente logró sólo 27 millones en ayuda humanitaria para los rebeldes, ahora nadie ha puesto en duda en el Congreso el carácter totalitario y represivo de los sandinistas. Hay unanimidad en que son peligrosos, no en el grado del peligro, y en que hay que desestabilizarlos de alguna forma e impedir que se conviertan en una amenaza mayor en Centroamérica. El desacuerdo se refiere a los medios para lograr estos objetivos.
"No vas a la guerra cuando la nación está dividida. Esto es lo que significa el voto", explicó el congresista demócrata por Michigan David Bonier. Para los críticos de Reagan, la política de esta Administración acabará provocando un nuevo Vietnam para Estados Unidos en Centroamérica.
El Gobierno entiende, por el contrario, que no será necesaria la utilización directa de tropas norteamericanas en combate en Nicaragua, y para evitarlo se utiliza ahora al ejército mercenario de contras, que desean hacer la labor de los americanos.
Pero el secretario de Defensa, Caspar Weinberger, no eliminó ni mucho menos esta posibilidad, afirmando que si los rebeldes son derrotados "puede muy bien ocurrir que tengamos que utilizar nuestras tropas. Entonces tendríamos que hacerlo. No será una tarea fácil. Costará muchas vidas que ahora no tenemos que perder". El secretario de Estado, George Shultz, se negó a responder ante el Congreso a la pregunta de qué pasará en un par de años si la actual política fracasa.
Washington quiere elecciones libres que no pueda celebrar el sandinismo con un control del poder como el que posee hoy, reducción de su Ejército, envío a casa de los asesores soviéticos y cubanos y un compromiso de no exportar la revolución y de respetar a sus vecinos. Para EE UU, sólo la presión militar obligará a Managua a negociar las imposiciones norteamericanas, a lo que ahora se niega radicalmente. "Nosotros queremos hablar con el dueño del circo [por EE UU] y no con los payasos [por la contra]", responden los sandinistas a Reagan. Pero la Administración asegura que un acuerdo con Managua vale menos que el papel en el que esté suscrito. Se niega a entablar un diálogo bilateral que Washington interrumpió unilateralmente el pasado año. La Casa Blanca estima que sólo manteniendo la amenaza de una eventual acción directa es posible que Nicaragua negocie. El día en que Washington levante esta presión, asegura esta teoría, los sandinistas perderán el incentivo para negociar.
Pero Reagan no ha logrado convencer al Congreso y a la opinión pública de que busca una salida negociada. Se recuerdan más sus afirmaciones de que los sandinistas "se rindan" y que busca un cambio en la estructura del poder en Nicaragua. Su jefe de Gabinete, Donald Regan, un ex ejecutivo de Wall Street poco acostumbrado a las sutilezas diplomáticas, fue más claro el pasado domingo al afirmar en una entrevista por televisión que "queremos desembarazarnos de los sandinistas".
Para los demócratas, los contras han demostrado ya en cinco años su ineficacia y los dólares invertidos en ellos son dinero perdido. El Pentágono y la CIA apoyan esta opinión y consideran imposible que triunfen militarmente o que consigan imponer una negociación a los sandinistas. Hay que intentar las vías pacíficas, negociar con Daniel Ortega y presionar para lograr una solución latinoamericana. En último caso, dicen, si la situación es tan grave como la pinta el presidente, que afirma que la seguridad nacional de EE UU está gravemente amenazada", hay que discutir el problema directamente con la Unión Soviética, y en ese caso, 100 millones de dólares y un ejército de mercenarios no es suficiente para extirpar el cáncer del que habla la Administración. Lo lógico sería la intervención de los marines.
La soledad en que se ha quedado Washington en este continente en el tema de la ayuda militar a la contra ha sido también un factor clave en el no del Congreso. La opinión pública difícilmente entiende cómo la política de Reagan es rechazada por toda Latinoamiérica, con la excepción de Chile, Paraguay, Ecuador y, no abiertamente, por El Salvador. Los hasta ahora dóciles vecinos centroamericanos tampoco aplauden a Reagan. Honduras, un portaviones ole EE UU en el istmo, se resiste a ser utilizada como cinta transportadora de armas y rebeldes.
Costa Rica se atreve a firmar un tratado fronterizo con Nicaragua, lo que inutiliza la posible utilización de este país como segundo frente para la contra. Washington llegó a llamar a consultas a su embajador en San José, que boicoteó la presentación del nuevo presidente al cuerpo diplomático. Y Guatemala, con Vinicio Cerezo, adopta una irritante posición de neutralidad activa en el conflicto. Quien se está aislando progresivamente con esta política es Estados Unidos y no Nicaragua, dijo el jueves un congresista.
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