EE UU y la 'contra'

LA ADMINISTRACIÓN de Reagan está haciendo enormes esfuerzos para obtener de las cámaras la aprobación de una partida de 100 millones de dólares para la ayuda a la contra en Nicaragua; de ellos, 70 millones de ayuda directamente militar. La oposición es muy fuerte, y cuatro comisiones de la Cámara de Representantes han rechazado la demanda; solamente una ha votado en un sentido favorable al presidente Reagan. Las presiones de la Casa Blanca sobre el Capitolio se desarrollan en un ambiente deteriorado; en The New York Times, Anthony Lewis habla de "la operación política más fea y más peligrosa" desde hace muchos años, y agrega que se utilizan medios de la época de McCarthy, tales como "la invención, el miedo y la intimidación". En la opinión pública norteamericana, la ayuda a la contra no es popular; las protestas son amplias, y numerosos dignatarios, eclesiásticos, entre ellos obispos católicos, han manifestado en Washington su oposición a la política de Reagan en relación con Nicaragua, Pero el hecho más grave para la Administración ha sido la dimisión del vicedirector de la CIA, John McMahon, que llevaba 34 años trabajando en dicha organización. Ha defendido durante meses la tesis de que ayudar a la contra no sirve a los intereses de EE UU, y ha dimitido al prevalecer en la Casa Blanca la posición intervencionista. Queda ahora por ver cómo evoluciona la misión de enviado especial adjudicada a Philip Habib, que ha recibido el encargo a los pocos días de su regreso de Filipinas, en un claro intento por parte de la Administración estadounidense de equiparar la dictadura de Marcos con la situación de Nicaragua, uno de los argumentos ya utilizados por Reagan para justificar su intervención en favor de los contra, pues se trataría, desde esta posición, de lograr ayuda para la instalación de regímenes democráticos.Las dificultades con las que choca la Administración se deben sobre todo a la endeblez de sus argumentos: nadie toma muy en serio que, si la contra fuese derrotada, Nicaragua se convertiría en una amenaza para la seguridad de EE UU. Decir eso lleva, además, a invocar la posibilidad de utilizar el Ejército norteamericano, como hizo el secretario de Defensa, Weinberger, y tal perspectiva provoca un rechazo tan unánime de la opinión que el propio Reagan ha tenido que repetir que el envío de tropas está totalmente excluido.

Para la estabalidad de América Central se necesita que el régimen de Nicaragua dé verdaderos pasos de democratización, facilitando la entrada en la vida pública a sectores hoy marginados por el poder sandinista, reconociendo una libertad de expresión cada vez más cercenada y desviando los esfuerzos del gasto militar y de armamento hacia la reconstrucción económica. El camino escogido por Washington empuja en la dirección contraria. El Grupo de Contadora llegó al borde de un acuerdo importantísimo; esa política pacificadora permitía estimular un proceso reconciliador dentro de Nicaragua, como el que fue facilitado por la Embajada de España. Pero los trabajos de Contadora han sido imposibilitados en la práctica por la política de Washington, orientada hacia el apoyo a la contra. Prácticamente, todos los Gobiernos de América Latina son contrarios en este punto a la política reaganista. El pasado 10 de febrero, los representantes de Argentina, Brasil, México, Venezuela, Colombia, Uruguay, Panamá y Perú manifestaron en común esa actitud al secretario de Estado, Shultz. Las recientes elecciones presidenciales de Honduras, Costa Rica y Guatemala han reflejado un apoyo popular a las soluciones negociadas y un rechazo a cualquier incremento de la intervención de EE UU.

Europa ha expresado en reiteradas ocasiones su apoyo a Contadora; pero es obvio que, en la actual coyuntura, lo hecho hasta aquí no es suficiente. Si EE UU cuadruplica su ayuda a la contra -a eso equivalen los 100 millones de dólares pedidos por Reagan- entrará en un engranaje de intervención militar de fronteras cuyas consecuencias resultan imprevisibles. Puede dar lugar a situaciones extraordinariamente graves en el continente americano, agitado hoy por todo tipo de tensiones. Ante la agravación de la crisis económica y del problema de la deuda exterior, incluso Gobiernos moderados tienen serias dificultades para mantenerse en posiciones de cooperación con EE UU. En términos jurídicos, los aliados europeos de la OTAN no tienen nada que ver con lo que haga EE UU en Nicaragua; pero no pueden permanecer indiferentes ante las consecuencias de una política intervencionista que viola los principios de las Naciones Unidas y el texto mismo del artículo primero del Tratado de Washington, y que puede causar mucho daño a la estabilidad de América Central. Europa tiene que encontrar la forma más eficaz de expresar una opinión clara sobre esta Cuestión trascendental. Y si finalmente el Gobierno ganara el referéndum y nuestro país permaneciera en la Alianza Atlántica, Madrid podría desempeñar un papel en este punto entre los Gobiernos europeos y el norteamericano. Algo que el propio Daniel Ortega habría pedido personalmente al presidente González.