Beneficios antes que democracia

Conscientes de la inferioridad de condiciones del agricultor en el plano empresarial, era evidente la necesidad de unificar la financiación en el Banco de Crédito Agrícola (BCA) enderezando las cajas rurales, dándoles solidez y buscando su democracia con respaldo del Banco de Crédito Agrícola, el cual debía formar el personal de las cajas rurales, cuidar la viabilidad técnico-económica de los proyectos de inversión, regulando las concesiones, controlando un tercio de la tesorería, el uso de un coeficiente mínimo de inversión obligatoria, reduciendo la cantidad de dinero destinado al interbancario, regulando las inversiones del pasivo para que fuesen al propio sector y dentro de nuestro territorio entre los agricultores cooperativistas socios.Para este cometido era prioritaria la mejora técnica de personal, el control de los directores y el democratizar los consejos rectores de las cajas rurales.

El plan se pone en marcha a mediados de 1983, conectando con los dirigentes de las cajas rurales, iniciando un período negociador individual hasta lograr su convicción o su sometimiento. Se da un zarpazo a la caja rural nacional, sucediéndose a partir de aquí las firmas de los convenios individuales y del convenio marco, creándose el grupo asociado Banco de Crédito Agrícola-cajas rurales, todo ello a un ritmo impresionante.

La sorprendente rapidez de este entendimiento encoleriza a las cajas de ahorro, generalmente saneadas económicamente; alegra aparentemente a los dirigentes de las cajas rurales y anima a los agricultores cooperativistas, que en la actualidad ven ante sí una expectativa de cooperativismo de crédito a corto plazo real, sano y democrático, con cumplimiento de su objeto social y con una eficacia controlada desde la Administración.

La suerte del campo

Faltaba sólo proponer, e imponer si preciso fuere, las fórmulas de democratización política y social de las cooperativas de crédito o cajas rurales; así desaparecerán o se adaptarán los hombres que las han controlado, en su mayoría procedentes del antiguo sindicato vertical, y con ello las parcialidades y el favoritismo, a los que tan acostumbrados estamos. Esta difícil tarea que había de desarrollarse básicamente con los hombres del cooperativismo democrático, con el apoyo del Gobierno surgido en las elecciones del 28 de octubre de 1982, por sí misma empieza a ser una realidad ya, porque la necesidad aprieta y las razones son contundentes...

Pero, una vez más, el campo español no tiene suerte. Transcurridos más de dos años, podemos observar los parches aplicados, algunos porosos y otros sin pegar.

Aquella clase dirigente de cooperativas de crédito procedentes del verticalismo, que con el dinero del campo fomentaron el golpismo, practicaron depósitos bancarios hasta en el extranjero, distrajeron diferenciales con destino desconocido, pero que supieron sonreír y palmear al tiempo; tras haber pasado algún apuro, con sudor y auditoría incluidos, han pasado la barrerra, una gran parte de ellos habiendo perfeccionado el arte de sonreír y aplaudir sin quitarse el puro de la boca.

La democratización queda por iniciarse y la eficacia ofrece serias dudas. El Gobierno consiguió con demasiada rapidez ese grupo asociado Banco de Crédito Agrícola-cajas rurales, pero fue gracias a los pactos individuales con los hombres del verticalismo.

No trapos sucios. Mantenimiento de parcelas de poder. Colaboración a cambio de ocultismo.

Democratización del crédito

El modelo dejaba mucho que desear; hacer gala de los excelentes resultados financieros de algunas cajas rurales es caer en un triunfalismo desdichado que indica la finalidad de los propósitos del ministerio respecto al crédito oficial.

El sindicalismo agrario serio no va a callarse, va a seguir analizando, proponiendo y luchando. Queremos democracia y eficacias reales para nuestro agro.

La proyección estratégica democratizadora debe culminarse o debe cambiarse; no queremos medias tintas con caciquismo incluido; seguimos confiando en un futuro mejor. La democratización del cooperativismo de crédito puede alcanzarse por el camino iniciado, aunque esto suponga sacrificios de protagonismo y energía gubernamental; pero hacer esto supondría estar verdaderamente del lado del agricultor, y no hacerlo es oxigenar el campo de acción de viejos zorros del caciquismo agrario que tanto continúan dañándonos.

En el reflotamiento de las cajas rurales se han invertido más de 70.000 millones de pesetas del erario público, en función de las pérdidas declaradas por los anteriores gestores, que no han sido sustituidos en la mayoría de los casos, con lo que se han fortalecido y, en determinadas ocasiones, reincidido.

Una dosis social

La política financiera del agro no es solamente resultados económicos positivos, para eso ya están las cajas de ahorro que podrían absorber a las rurales, sino que conlleva una elevada dosis social que implica el control del uso de los recursos y su equitativa distribución entre los agricultores para elevar rentas medias y productividades.

Este detalle no ha sido tenido en cuenta por el triunfalismo del Gobierno respecto de su banco agrario. El Banco de Crédito Agrícola no debe ser lo que es.