_
_
_
_
_
Tribuna:
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Una herida abierta

Las dimensiones que el control de taquilla alcanza, en la intrincada red de la exhibición cinematográfica de España, da cifras redondas para echarse a temblar: en los primeros ocho meses de 1985 casi llegó a los 5.000 millones de pesetas, y se estima que el total del año acabará rondando los 8.000 millones. No es que los números canten; es que se desgañitan en un maratón de ópera fraudulenta.Si inexplicable es que este monumental fraude esté archicomprobado -las estimaciones oficiales hablan de que alrededor de un 30% de las recaudaciones son secuestradas de sus cauces legales y no declaradas por los dueños de las salas-, mucho más inexplicable es que sea permitido por quienes tienen el encargo político de detectarlo y acabar con él. Si existe un fraude por acción, hay detrás de esta acción una sorda y sórdida complicidad por omisión, sólo imputable a quienes, pudiendo acabar con ella, no lo hacen.

Más información
El fraude del control de taquilla supera los 4.000 millones de pesetas

Los defraudores activos se amparan en el anonimato de un negocio que se ramifica por todos los rincones del Estado. Pero sus cómplices por omisión, los que, pudiéndolo hacer, nada han hecho por restañar esta herida sangrante, tienen rostro bien notorio: se reúnen los viernes a discutir nuestros asuntos alrededor de una dorada mesa en un palacete del arrabal norte de Madrid llamado Moncloa.

No es una novedad que los políticos barajan los miles de millones con la ligereza con que los colilleros manejan colillas, pero convendría que de cuando en cuando se detuvieran a averiguar qué se oculta detrás de algunas de estas inexpresivas ristras de ceros: quizá descubrieran el humo de alguna hoguera en extinción, porque, en lo que hace al cine español, el escamoteo aritmético del fraude afecta ni más ni menos que su ser o no ser. Pero que exista o que no exista el cine español quizá es también una cuestión menor para los contertulios de la Moncloa. Se sabe lo que sus antecesores en la gran mesa hicieron con el cine cuando discutieron su capitufito en las pujas previas al ingreso de España en la CEE: lo regalaron bíblicamente a cambio de un plato de lentejas, o de carcajadas, para las voraces mandíbulas de la parte contraria.

Sin embargo, en lo que respecta al fraude del taquillaje no hay el comodín de la razón de Estado; hay sólo desidia, ignorancia o un olímpico desprecio hacia las necesidades de nuestra cultura viviente. En los años de Administración socialista, el Ministerio de Cultura ha puesto las primeras piedras de un tinglado legislativo que, ajustado a las oscilaciones de una actividad tan cambiante como la cinematográfica y, sobre todo, completado con medidas que no hagan de él un montón de basura legal mojada, puede poner a nuestra producción de cine en condiciones de competir en el mercado europeo y, sobre todo, en el interior.

El cine español genera gastos y provoca beneficios. Pues bien, para que su racionalización sea efectiva y no gravosa para los contribuyentes, es imprescindible que el dinero que nuestro cine nos cuesta sea enjugado por el dinero que produce. De ahí la decisiva importancia que tiene, hoy más que nunca, un control férreo del taquillaje. De que este control sea efectivo -y la única manera probada de que lo sea es su automatización forzosa- depende que ese 30% defraudado del dinero que el cine español genera retorne a él y le permita existir como ciclo de producción autosuficiente. De lo contrario, el tinglado protector de nuestro cine haría el papel del pienso con que se engorda a los condenados a la horca: cuanto más pesan mejor mueren.

El Ministerio de Cultura poco puede hacer por sí solo para remediar este esperpéntico disparate. Automatizar el control de taquilla es asunto que concierne conjuntamentmente a varios departamentos y sólo puede ponerlo en marcha una decisión firme de la Presidencia del Gobierno que permita realizar una operación interdepartamental coordinada. No sería esta una operación cara, sino, por el contrario, baratísima: un responsable de Cultura dijo a este comentarista que el coste de las máquinas de control de taquillaje para todas las salas españolas sería enjugado liolgadamente con sólo rescatar el fraude de un solo año. ¿A qué esperan los contertulios de la gran mesa de la Moncloa para dejar de hacer méritos que les permitan entrar en la historia de la mezquindad con el título de enterradores del cine español?

Toda la cultura que va contigo te espera aquí.
Suscríbete

Babelia

Las novedades literarias analizadas por los mejores críticos en nuestro boletín semanal
RECÍBELO

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_