El régimen de Pinochet se divide ante el diálogo con la oposición

El Gobierno militar chileno ha accedido a tener su primer contacto con los firmantes del Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia. Ricardo García, ministro del Interior, anunció esta semana que recibirá en una fecha no determinada a los coordinadores del pacto opositor. Pero la respuesta de García -uno de los hombres blandos del régimen, aunque sin mayor influencia- no significa el inmediato comienzo de un diálogo para la transición. Dentro del Gobierno y entre las fuerzas armadas hay pugnas entre los sectores favorables al diálogo con la oposición y aquellos que lo rechazan, encabezados por el propio Pinochet

.El anuncio del ministro García es el primer gesto de aproximación del Gobierno al Acuerdo Nacional, que fue suscrito en agosto por 11 partidos políticos de la oposición, procedentes de la derecha, el centro y la izquierda moderada.

Su iniciativa ha provocado fricciones, que se han expresado dentro de la Junta de Gobierno, integrada por los comandantes en jefe de la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros (policía) y el vicecomandante del Ejército, que forman el poder legislativo. El almirante José Toribio Merino -único miembro de la Junta de Gobierno que permanece en el cargo desde el golpe de 1973- y el general del Aire Fernando Matthei han declarado públicamente ser partidarios del diálogo. El general de Carabineros Rodolfo Stange también considera un avance el Acuerdo Nacional, según fuentes del régimen.

Stange reemplaza al destituido general César Mendoza, que el viernes 13 declaró durante tres horas ante el juez José Cánovas por el caso de tres comunistas degollados en marzo. La concienzuda investigación de Cánovas provocó el procesamiento de una quincena de miembros de la policía, entre ellos dos coroneles.

El impacto político de las pesquisas provocó la destitución de Mendoza. Mendoza es el primer ex integrante de la Junta de Gobierno que debe prestar declaración ante la justicia. Aprovechando una ley específica conocida en Chile como ley Mendoza, dictada pocas semanas antes de que éste fuera requerido, el alto oficial cesado no prestó su testimonio en los tribunales de justicia, sino que escogió un lugar diferente para hacerlo: el edificio Diego Portales, sede de la Junta de Gobierno, donde fue interrogado.

El general Pinochet trata de mantener bajo su control al poder legislativo. En noviembre retiró de la Junta de Gobierno a su representante, el general César Benavides, y lo reemplazó por el general Julio Canessa. ¿El motivo? Las versiones de Prensa locales coinciden en que Benavides no descartó la posibilidad de diálogo y discrepó de los mecanismos de sucesión previstos para 1989 por la Constitución: un plebiscito con un candidato único, escogido por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.

Mientras el ministro García anunció este primer acercamiento hacia el Acuerdo Nacional, otras fuerzas del régimen sólo piensan en la mano dura. Su más visible exponente es Pinochet, quien amenazó con restablecer el estado de sitio ante el incremento del terrorismo.

Cuando la opositora Alianza Democrática -coalición de centro-izquierda moderada- dialogó en 1983 con el Gobierno, el régimen usó una combinación de garrote y zanahoria como respuesta. En esa época los opositores pedían la renuncia del presidente Augusto Pinochet y no reconocían la Constitución de 1980. El Gobierno no aceptó y, entre tanto, reprimió a la movilización popular.

Por eso los firmantes del Acuerdo Nacional fueron ahora cautos ante el anuncio de García. Destacaron que el ministro del Interior va a recibir a los coordinadores del acuerdo, quienes conectaron a los partidos con la Iglesia católica, y no propiamente a los políticos firmantes.

La acogida por parte del régimen al Acuerdo Nacional es diferente a la que tuvo en 1983 el diálogo con la Alianza Democrática. El pacto opositor no exige ahora la renuncia de Pinochet, reconoce la Constitución y pide la aplicación de medidas inmediatas que permitan una transición hacia la democracia, y cuenta en sus filas con representantes de la derecha a la que desilusionó la dictadura.

Pero a pesar de este nuevo clima y de las fricciones que provocó el Acuerdo Nacional, la esencia del régimen no varía. El pasado día 13 la Asamblea General de la ONU aprobó en Nueva York una resolución que critica la situación de los derechos humanos en Chile por 88 votos a favor, 11 en contra y 47 abstenciones. Desde 1973 la dictadura de Pinochet recibe condenas similares todos los años.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos entregó esta semana un balance sobre la represión a Fernando Volio, miembro de una comisión de la ONU, que se encuentra en Chile investigando la situación de los derechos humanos según el cual entre enero y noviembre hubo 7.218 detenidos, 61 muertos (2 en torturas, 7 en supuestos enfrentamientos, 8 en manifestaciones, 30 por violencia innecesaria y 14 por abusos de poder), 160 homicidios frustrados, 677 heridos y lesionados, 147 casos de tortura denunciados, 169 deportados a zonas lejanas del país y 1 persona expulsada de Chile.