Tres altos cargos del Patronato de la Alhambra, presuntos malversadores, según una auditoría

La filtración a la Prensa del resumen de la auditoria efectuada sobre la gestión del extinto Patronato de la Alhambra ha borrado en parte la inquietud que durante los últimos meses ha pesado en círculos políticos e intelectuales de Granada. La auditoría señala como responsables de una presunta malversación de fondos al director del Patronato, Antonio Gallego Morell; al secretario, Eduardo Roca Roca, y al gerente, Francisco Sánchez Roldán, a quien la Junta de Andalucía decidió abrir un expediente en su calidad de funcionario.

Gallego Morell, Eduardo Roca y Francisco Sánchez tenían reconocida su firma en las cuentas bancarias del Patronato, incluida la del Banco de Granada, que estaba sin fiscalizar y a donde fueron a parar, según consta en la auditoría, 145 millones de pesetas provenientes de los ingresos del servicio de publicaciones en sólo un año. Fuentes cercanas al Ejecutivo autonómico señalaron que, a su juicio, entre las irregularidades más graves figura la reposición de seis millones de pesetas que hizo Francisco Sánchez Roldán a una cuenta del Patronato de la Alhambra en el Banco de Santander como aportación personal. También se estima como anomalía grave la decisión del conserje mayor del conjunto árabe, Luis Medina, de perdonar por escrito al bar Polinario, situado en la Alhambra, cinco millones de pesetas que adeudaba en concepto de alquiler.El propio Luis Medina disponía, al parecer, de una cuenta en la Caja Postal de Ahorros con más de 18 millones de pesetas que provenían de la venta de objetos de recuerdo. Asimismo, se señala la gravedad de haber corregido y aumentado un presupuesto ya cerrado, sin la autorización pertinente, en 27 millones más. Las fuentes citadas calificaron otras actividades detectadas como irregularidades administrativas de menor importancia, como la petición de un préstamo sin el permiso necesario por unos 11 millones de pesetas y que no se hacía el arqueo de los ingresos por venta de entradas.

Historia de un secreto

Por su parte, los miembros del Patronato declinaron ayer dar su opinión sobre los datos de la auditoría, aunque Gallego Morell declaró que hará unas "sabrosas declaraciones" la semana próxima. El resto de los antiguos patronos se dividió por asistir o no a la convocatoria de hoy en Granada con Torres Vela porque los medios de difusión ya "han contado lo que se va a decir". La mayor y más unánime crítica a la Junta de Andalucía, y especialmente a su consejería de Cultura, surgió a raíz de la decisión de la comisión de gobierno de declarar materia reservada la auditoría de la Alhambra. Esta resolución fue tomada por el presidente andaluz, José Rodríguez de la Borbolla, a instancias del consejero de la Presidencia, Ángel López. La reunión de la comisión fue especialmente rápida debido a la visita del Rey a Sevilla. La declaración de secreta de la auditoría contrarió al consejero de Cultura, Torres Vela, quien desde hacía unas semanas había anunciado su intención de hacerla pública.Tras el aluvión de críticas, José Rodríguez de la Borbolla reconsideró su postura y dejó vía libre a Javier Torres Vela para que la auditoría se pudiera hacer pública. Sin embargo, el conocimiento de los datos sobre la gestión de los monumentos granadinos se produjo antes de que el consejero de Cultura encontrara el momento adecuado para ello. La Prensa se enteró gracias a una filtración de la junta de portavoces del Parlamento andaluz, a quien el consejero de Cultura leyó el jueves pasado un resumen de la auditoría, lo que ha creado un profundo malestar entre miembros del Ejecutivo autonómico.

Por otra parte, los trabajadores de la Alhambra y una representación de la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo de carácter laboral respecto a la fórmula para legalizar los ingresos extraordinarios que venían percibiendo aquellos y que no constaban en nómina.

El desacuerdo inicial llevó a los trabajadores a efectuar una huelga de cuatro horas durante tres jornadas consecutivas. Los abonos serán percibidos ahora, a razón de 200.000 pesetas anuales, como complemento salarial absorbible en un plazo que oscila entre 9 a 17 años, según las categorías profesionales.