¿Un problema irresoluble?

Los últimos acontecimientos referentes a la aplicación de la ley de despenalización de algunos casos de aborto ponen en evidencia que, o la Administración sanitaria toma medidas para asegurar la realización de los mismos en el sector público sanitario, o esta ley se habrá convertido en un verdadero fraude para las mujeres.Desde que se aprobó la ley, algunas voces, como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, señalamos que para que pudiera llevarse a la práctica era necesaria una intervención y una reglamentación decidida por parte de la Administración sanitaria para evitar el posible boicoteo de la misma por parte de los sectores más reaccionarios de las profesiones sanitarias.

En aquel momento el ministro de Sanidad y Consumo se permitió afirmar que estaba sorprendido por los pocos problemas que había planteado.

Hoy la realidad se ha revelado como muy distante de estas afirmaciones y parece preciso analizar cuáles son los hechos ocurridos.

En primer lugar está la postura de algunos profesionales sanitarios al respecto. La objeción de conciencia es perfectamente razonable y asumible, pero ella no puede, como ha sucedido en el último caso aparecido en la prensa, justificar la falta de atención a una paciente, que una vez realizado el aborto es simplemente una persona que precisa atención sanitaria, la que no puede negarse en ningún supuesto sin violar los más elementales principios de la ética profesional, por los mismos motivos que un médico no puede dejar de atender a quien presenta complicaciones a consecuencia de un aborto clandestino, ya que los profesionales sanitarios estamos obligados a prestar asistencia a los enfermos independientemente de que estemos o no de acuerdo con los motivos que han producido dicha necesidad asistencial o con la ideología y creencias de quien la solicita. Este caso de negativa a la asistencia, que no es la primera vez que sucede en nuestro país en casos de aborto legal, pone de relieve más flagrantemente la actitud de los colegios de médicos al respecto, cuando apoyan públicamente a quienes, precisamente, entran en contradicción con los principios deontológicos de la profesión mantenidos desde el juramento hipocrático.

Otro problema, no menos importante, ha sido la actuación de la Administración sanitaria, que, a pesar de las declaraciones triunfalistas del ministro, ha sido incapaz, por miedo al enfrentamiento con los colegios de médicos, de hacer una regulación practicable del derecho al aborto. Se han establecido mecanismos burocráticos y lentos para su, aplicación, y como consecuencia de ello, el caso que ahora se hace público de un aborto legal, que puede dejar de serlo por dejación de la Administración (hay un plazo máximo de 22 semanas), ya ha sucedido al menos en otras dos ocasiones, que han tenido que solucionarse por la vía londinense.

Lo mismo sucede con la acreditación de centros hospitalarios, que lleva un retraso sólo explicable por las presiones que ejercen los jefes de servicio, o con la utilización de los recursos sanitarios disponibles del sector público, cuyo uso depende, hasta ahora, de la buena voluntad o de la valentía del respectivo director del hospital o director provincial del Insalud. También hay que señalar los varios casos en que las comisiones de evaluación han incurrido en dictámenes contradictorios que acaban imposibilitando la realización de abortos legales.

Todos estos hechos están llevando a que las mujeres que pretenden acogerse a esta ley y los profesionales sanitarios que están dispuestos a participar en su aplicación sean sometidos a un verdadero calvario de humillaciones, persecuciones y marginación, cuyo resultado final es que muchos de ellos opten por solucionar estos problemas por otras vías. En este contexto, la actuación de las feministas en Barcelona es un acto de absoluta coherencia, ante las limitaciones prácticas que hoy existen para abortar en nuestro país legalmente. El aborto en España tiene una solución racional, pero para alcanzarla es preciso que la Administración se deje de promesas y declaraciones altisonantes y ponga en marcha los mecanismos precisos, que deben pasar por una agilización de los trámites burocráticos, una regulación clara y detallada de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, y por arbitrar los sistemas que permitan que los recursos sanitarios de los centros asistenciales públicos puedan ser utilizados sin las trabas de los jefes de servicio.

Claro está que hay otra solución, cuando menos pintoresca, y es que el Ministerio de Sanidad, a costa de su presupuesto, contrate con Iberia unos vuelos charter a Londres, para resolver, sin los conflictos que tanto parece temer, los casos de aborto legal que puedan producirse en nuestro país.

Consuelo Ruiz-Jarabo firma este artículo junto con 44 personas más, todas ellas profesionales de la Sanidad y miembros de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.