Greenpeace critica la retirada de la acusación de asesinato en el 'caso Rainbow Warrior'
El presidente de Greenpeace, David McTaggart, reaccionó ayer con firmeza contra la decisión policial neozelandesa de rebajar de asesinato a homicidio involuntario los cargos en contra de Alain Mafart y Dominique Prieur (el falso matrimonio Tourenge), agentes de los servicios secretos franceses implicados en el hundimiento, el pasado 10 de julio, del barco de la organización ecologista Rainbow Warrrior, atentado que costó la vida al fotógrafo portugués Fernando Pereira. El primer ministro de Nueva Zelanda, David Lange, aseguró que su Gobierno es ajeno al cambio en la calificación de los hechos, dado que el Ejecutivo no se miscuye en la esfera jurídica.
La decisión de los falsos esposos Tourenge de declararse culpables de homicidio involuntario, al ver rebajada la acusación por falta de prueba, impide que los dos espías sean encausados y sometidos ajuicio -el acto de ayer, día 4, era una audiencia preliminar para que la policía presentara sus pruebas contra los acusados y el juez decidiera si había materia suficiente para iniciar un proceso-. También hace imposible que los agentes franceses sean condenados a cadena perpetua, ya que el juez, que dictará sentencia, el próximo día 22, sólo podrá aplicar la pena que la legislación neozelandesa prevé para el homicidio involuntario, esto es, un máximo de 14 años, y no la cadena perpetua, establecida para los asesinatos.El presidente de Greenpeace declaró ayer, después de la sesión celebrada en el antiguo Tribunal Suprtmo de Auckland -aunque la vista se celebraba ante una jurisdicción inferior se habilitó el antiguo tribunal-, que la reducción de los cargos de asesinato a homicidio podía llevar a pensar que la muerte del fotógrafo Fernando Pergira fue un accidente. "Para nosotros", dijo McTaggart, "fue un asesinato premeditado. Hay varias vías para hundir un barco sin cau sar muertes, pero colocar dos bombas de gran potencia cuando se sabe que la gente está a bordo y durmiendo no es una de ellas".
"Operación profesional"
McTaggart añádió que "ésta fue una operación profesional, realizada por espías que conocían muy concretamente las consecuencias que acarrearían sus acciones" y citó la frase del presidente francés, François Mitterrand, el pasado 8 de agosto, que figuraba también en una pancarta de las desplegadas ante el Tribunal Supremo: "Deseamos justicia al más alto nivel", a la que McTaggart añadió: "Aunque han disminuido las posibilidades de verla".
El presidente de Greenpeace comentó que la organización sigue confiando, a pesar de la reducción de las acusaciones, "en que los tribunales neozelandeses tratarán a los acusados no con venganza, pero sí con justicia" y en que " cumplirán la totalidad de la pena en Nueva Zelanda, donde sus acciones provocaron la ola de reacciones contrarias en todo el mundo y concitaron la atención en el auténtico tema central: las pruebas de armas nucleares".
McTaggart estuvo presente en
Greenpeace critica la retirada de la acusación de asesinato en el 'caso Rainbow Warrior'
la vista -fue una de las 33 personas que lograron asistir a la audiencia preliminar, tras guardar cola desde las 7.30, dos horas y media antes del momento fijado para su inicio-, como lo estuvo el marido de Dominique Prieur, el oficial del cuerpo de bomberos de París Joel Prieur, que llegó a la ciudad de Auckland durante el fin de semana.Prieur fue recibido en el aeropuerto por el abogado francés que defiende a su mujer y a Alain Mafart y por dos representantes de la Embajada de su país en Wellington, uno de ellos el agregado de Defensa.
El marido de la falsa señora Tourenge no quiso responder a la pregunta de los periodistas sobre quién le había pagado el billete de avión.
El domingo por la mañana y por la tarde, durante dos horas y media, Joel Prieur visitó a su mujer en la cárcel, donde la presunta coresponsable del hundimiento del barco de la organización, ecologista Greenpeace se encuentra detenida a la espera de juicio.
Llamada de Quilés
El ministro de Defensa francés, Paul Quilés, llamó por teléfono a los dos oficiales de los servicios secretos durante el fin de semana y mantuvo con ellos lo que un portavoz de su departamento calificó de "larga charla en la que el ministro aseguró a ambos que el Gobierno está haciendo todo lo posible por ellos".
A este todo lo posible van a parar las preocupaciones y comentarios de medios jurídicos y periodísticos de Nueva Zelanda, que apuntan hacia la posibilidad de que los dos espías franceses no lleguen a cumplir la pena que les sea impuesta el día 22, tres días antes de que vuelvan a comparecer ante el tribunal de distrito bajo la acusación, esta vez, de delitos de inmigración, por el uso de los falsos pasaportes suizos con los que se introdujeron en Nueva Zelanda el pasado 22 de junio.
A la declaración del presidente de Greenpeace en la que hacía hincapié en que los dos acusados deben cumplir su condena en Nueva Zelanda -si fueran expulsados del país no la cumplirían ni aquí ni en ningún otro sitio- vinieron a unirse las declaraciones que hizo a la televisión el primer ministro neozelandés, David Lange, quien manifestó desconocer si en las negociaciones que sobre las compensaciones de Francia a su país se están desarrollando en las Naciones Unidas se ha mencionado la expulsión de los dos agentes de los servicios secretos como parte del acuerdo.
"La posible deportación de ambos dependería exclusivamente de los ministerios de Inmigración y de Justicia", añadió el dirigente neozelandés, quien insistió en la independencia de los poderes Ejecutivo y Judicial.
La televisión hizo también ayer una encuesta en la calle: la mayoría de los neozelandeses preguntados decían que Alain Mafart y Dominique Prieur debían ser acusados de asesinato.
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