Un paso atrás del sandinismo

LA DECISIÓN del Gobierno sandinista de suspender una serie de libertades democráticas fundamentales es una mala noticia para los que siempre hemos defendido el derecho de Nicaragua a escoger su camino democrático frente a las injerencias extranjeras. Cuando al comandante 'Daniel Ortega argumenta, para justificar tal decisión, que Nicaragua se halla en una situación excepcional, sometida a graves presiones, no le falta razón. Pero es muy dudoso que el camino escogido sea el más eficaz para enderezar un deterioro político evidente, como es la disminución de ese gran apoyo popular con que el sandinismo ha contado tras el derrocamiento del dictador Somoza.En la pérdida de respaldo que sufren hoy los sandinistas no es, desde luego, posible desconocer el hecho esencial de que Nicaragua está sometida a diversas formas de ataque desde el exterior, impulsadas sin disimulo por EE UU. Tanto la lucha armada de los contras -que obliga a un país casi agotado a dedicar la mitad, de su presupuesto a gastos militares- como el corte de las relaciones comerciales forman parte de una labor sistemática para ahogar al régimen. Ese conjunto de factores repercute en el estado material y psicológico de sectores de la población, y finalmente deriva en actitudes de oposición y descontento.

Cuando el Gobierno sandinista responde a las presiones externas y a los fenómenos de protesta interna anulando las libertades democráticas busca, sin duda, el camino más fácil para abordar los problemas, pero simultáneamente ofrece argumentos de entidad a sus enemigos. En ese orden, se perciben sensibilidades diferentes en el mismo grupo de los nueve comandantes que ejercen el poder real. Las elecciones de 1984 fueron probablemente una concesión del sector duro al sector más abierto y pragmático. Sus resultados permitieron un cierto pluralismo político, con una presencia moderada no sandinista en la Asamblea. constituyente. El Gobierno anunció entonces incluso la voluntad de abrir un diálogo nacional con sectores que no estaban en la Constituyente, y Nicaragua tomó una posición de punta en la aprobación del Acta de Contadora, proponiendo urgentes medidas de control en fronteras conflictivas y manifestando su voluntad pacifista. Como consecuencia se suscitó una actitud mucho más activa de Europa occidental en apoyo de Contadora, sosteniendo una posición netamente contraria a la de EE UU.

En el último año, sin embargo, la política sandinista ha elegido opciones políticas que han desmayado los esfuerzos de sus amigos en el extranjero. La visita de Daniel Ortega a Moscú en el momento en que el Congreso de EE UU se oponía a la ayuda pedida por Reagan para los contras no podía por menos de tener efectos muy negativos. En las relaciones con la Iglesia, los inicios de un diálogo constructivo no han dado resultado, y las primeras medidas en virtud del estado de emergencia se han dirigido precisamente contra una institución católica. Mal camino, por tanto, si se quiere soslayar la organizada y popular oposición que puede desencadenarse desde los grupos religiosos. En síntesis, es difícil sustraerse a la impresión de que la proclamación del estado de emergencia, la anulación de las libertades, tiene su origen en el brusco predominio del sector más intransigente dentro de la dirección sandinista. Es decir, de aquellos que más confían en el aparato coactivo del Estado y subestiman las posibilidades de un proceso de diálogo, tendente a la ampliación de la base del Estado, indispensable para hacer frente a las presiones y agresiones exteriores.

Tal evolución, a todas luces torpe, favorece indiscutiblemente a los partidarios de la dura política del presidente Reagan. De hecho, las protestas en Washington contra las decisiones de Daniel Ortega no pueden disimular que representan, en el fondo, una victoria para la línea reaganista. Por su parte, Europa occidental tiene que esforzarse ahora más para mantener abiertas las posibilidades que ofrecía el Grupo de Contadora. En ese sentido puede considerarse acertada -por el momento y como cautela de las esperanzas que quedan vivas- la decisión del Gobierno español de no modificar su política con respecto a Nicaragua.