Rechazo y cautela entre los empresarios malagueños

Las primeras reacciones de empresarios y sindicatos ante el decreto de actuación de reforma agraria en la comarca de Antequera (Málaga) ha sido, respectivamente, de rechazo y cautela. Javier Ciezar, secretario de la Confederación Empresarial Malagueña y portavoz de AZAGA, ha declarado que, "con argumentos técnicos, no políticos, estamos en contra de las expropiaciones".Ciezar dijo que en un primer repaso a la lista de expropiados se observan varios casos asombrosos y alguno realmente sangrante. El portavoz de AZAGA pone en duda que se haya realizado una clasificación y un estudio profundos de las fincas, así como las consecuencias sociales de las expropiaciones. "El decreto", señaló, "ha sido como nos lo esperábamos, al igual que la bella exposición de motivos hecha por el presidente Rodríguez de la Borbolla". En opinión del portavoz de AZAGA, desde que comenzó el proceso de reforma agraria "el IARA ha conseguido una imagen de organismo represor que tardará mucho tiempo en borrarla". De las 12 fincas expropiadas, tres pertenecen a afiliados a AZAGA; y nueve de las 12, calificadas de nivel óptimo.

Para el responsable de la federación de la tierra de UGT de Málaga, Nicolás Ruano, lo más destacable es la inversión anunciada de 6.000 millones de pesetas, "aunque ahora hace falta que se cumpla", resaltó.

El secretario provincial de CC OO, Inocencio Fernández, ha criticado la falta de concreción de algunos apartados del decreto, concretamente en cuanto a inversión -"de los 6.000 millones sólo 2.000 se sabe en qué se van a gastar"- y a la comercialización e industrialización de productos.

La agencia Efe difundió ayer el caso de un arrendatario de Antequera cuya finca había sido expropiada, Pedro Palomo Lobato, que no había podido presentar los datos de contabilidad exigidos por el Gobierno andaluz por no disponer de las 100.000 pesetas que le solicitaba su abogado.

Palomo aseguró que el propietario de la finca es José María Reyes, del que es arrendatario desde 1972, que ha invertido 32 millones en mejoras, que no está abandonada y que da trabajo a 15 jornaleros. "Me han dejado sin nada", se lamentó. "Toda la vida procurando hacerlo bien, y ahora no tengo derecho ni a indemnización".