La Junta de Andalucía expropia el uso de 12 de las 95 grandes fincas donde se aplica la reforma agraria

La Junta de Andalucía dio ayer luz verde al primer decreto de actuación sobre fincas que aplica la ley regional de reforma agraria aprobada en noviembre de 1984. El decreto dispone la expropiación de uso -lo que viene a ser un arrendamiento forzoso- de 12 de las 95 grandes fincas donde se aplica la reforma, que suman 47.092 hectáreas. De esas 95 fincas, otras 44 deberán aplicar forzosamente un plan de mejora y 27 sufrirán un impuesto por baja explotación. La explotación de las 12 restantes es considerada óptima. Al mismo tiempo se aprobó un plan de inversiones en la misma comarca por valor de 5.918 millones de pesetas.

Los propietarios expropiados en el uso de sus fincas pueden recobrar el usufructo de las mismas al cabo de 12 años, pero tendrán que pagar las mejoras realizadas en ese intervalo. La ley de Reforma Agraria andaluza se basa en este caso en lo dispuesto en la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, que fue aprobada durante el mandato de UCD. Los afectados por la expropiación no pierden la propiedad de su finca, solamente se ven obligados forzosamente a arrendarla, y tendrán que seguir haciendo frente al pago correspondiente del impuesto sobre el patrimonio.Al presentar el decreto, el presidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, insistió en que el principal objetivo del Gobierno regional no es expropiar la tierra, sino impulsar la iniciativa de los empresarios.

A este respecto, tanto el presidente como el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía destacaron el papel dinamizador que ha tenido la reforma, y como ejemplo dieron la cifra de que la mera decisión de actuar en la comarca de Antequera ha hecho que en los seis primeros meses de este año los jornales hayan aumentado en la zona un ciento por ciento con respecto a 1984.

El Gobierno andaluz salió así al paso de las críticas a izquierda y derecha que ya se han producido respecto a este primer decreto, entre ellas la opinión del presidente de Alianza Popular de Andalucía Antonio Hernández Mancha, en el sentido de que la mayor parte del expropiado son tierras de monte de mala calidad.

Las fincas expropiadas suman 5.877 hectáreas, lo que supone el 12,5% del total de la superficie afectada. La mayor parte de lo expropiado, concretamente 3.859 hectáreas, es terreno de monte, y el resto son 466 hectáreas de regadío y otras 1.552 de secano. La de cisión de expropiar se ha tomado tras un estudio exhaustivo que ha clasificado cada finca en 23 grupo

según su calidad, que se mide por un índice que va desde el 1 para la calidad óptima hasta del 4,5 en adelante para las peores fincas. Después se comparó la calidad de cada finca con el rendimiento que daba -por ordenador, según recalcó Manaute-, y en función de ello se decidió su tratamiento.

Las 12 fincas expropiadas de uso seguirán bajo dominio de sus propietarios, pero serán ocupadas por los cooperativas que ganen el concurso correspondiente, los cuales pagarán una renta equivalente a la mitad de la habitual del mercado. Las 27 fincas que pagarán impuesto (29% del total) tributarán según la diferencia entre lo que podrán producir y lo que realmente producen. El impuesto oscilará entre 300.000 y 3.000.000 de pesetas. Las mejoras a que son obligadas otras 44 (48% de la superficie) deberán ser financiadas por los propietarios. Entre las 12 consideradas exentas (10% del total), la número uno es la de Hermagasa, con ganadería de porcino en 813 hectáreas.

La Junta de Andalucía calcula que las medidas crearán unos 93.000 nuevos jornales por año poco más del 50% de los actuales, y que el plan forestal aprobado también ayer dará en total un millón de empleos en la comarca. Antes de que termine el año, probablemente, se aprobarán decretos semejantes de actuación en las otras tres comarcas declaradas de actuación: las vegas del Guadalquivir en Córdoba y Sevilla y la comarca de Estepa-Osuna.

Entre los expropiados se encuentran algunos absentistas, que residen fuera de la localidad, y también varios arrendatarios. Entre los absentistas están las marquesas de Cauche -Carmen y Teresa Rojas Arrese Rojas-, que poseen una finca mayoritariamente de monte, que está inexplotado, y una parte menor de secano y regadío, que explota un familiar.

Entre las críticas que ayer ya surgieron a las medidas, el Partido Reformista Andaluz afirmó que el decreto responde a un electoralismo a ultranza y se podría haber hecho simplemente en base a la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, aprobada por UCD.

Por su parte, Francisco Casero, dirigente del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), subrayó que el problema es que se expropia tierras de mala calidad, que pueden dar malos resultados y, por tanto, sentar un mal precedente para futuras reformas, mientras las buenas fincas no se tocan.