La distribución de libros de texto provoca un conflicto entre libreros y asociaciones de padres
La distribución de libros de texto con descuento por parte de las asociaciones de padres de alumnos de varios centros escolares de Madrid ha suscitado un conflicto entre éstos y el gremio de libreros. Ante esta situación, que se produce todos los años por estas fechas con motivo del comienzo del curso escolar, el Ministerio de Educación y Ciencia ha recordado que en las escuelas públicas está prohibido este tipo de operaciones. El pasado viernes fue agredido un trabajador de la Distribuidora Rivas en el colegio Blas de Otero de Coslada (Madrid) por esta causa.
De acuerdo con la normativa del 28 de abril de 1978, reiterada a finales del curso escolar 1984-1985, el Ministerio de Educación y Ciencia prohibe expresamente la designación de comercios proveedores de libros referida a centros públicos. Sin embargo el gremio de libreros ha informado al Ministerio de Educación que esta situación no se produce en dichos centros sino en los privados.El Ministerio de Educación con motivo de las denuncias de los libreros referentes a centros privados, ha enviado una carta al secretario de Estado de Comercio rogándole que los servicios de inspección de comercio velen por el cumplimiento de las normas, concretamente del decreto del año 1966, que regula la competencia sobre la instalación de establecimientos comerciales que no se ajusten a las características exigidas. Dicho decreto adjudica las competencias en esta materia a la subsecretaría de comercio del Ministerio de Hacienda.
Según fuentes del Ministerio de Educación, muchas de estas denuncias no proceden de miembros del gremio de libreros, sino de comerciantes de jugueterías, papelerías y otros comercios que en ésta época se dedican a la venta de libros.
Agresiones físicas
En el colegio Blas de Otero de Coslada (Madrid), un trabajador de Distribuciones Rivas, cuya identidad no ha sido hecha pública, ha sido agredido por dos personas que se dieron a la fuga. A raiz de la agresión ha sido preciso aplicarle quince puntos de sutura en la cabeza y dos en la boca. Además ha recibido llamadas telefónicas anónimas que amenazaban con matarle a él y a sus familiares.El distribuidor debía llevar los libros hasta las asociaciones de padres, que cuentan con los debidos permisos para su distribución. Miembros de las asociaciones de padres de Coslada han recibido también amenazas.
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