Fernando Suárez, único político en activo de los 21 ex ministros que reclaman su pensión vitalicia

Veintiún ex ministros franquistas mantienen en trámite dos recursos contra la congelación y posterior supresión de las pensiones vitalicias que les correspondían por haber ocupado el cargo. La supresión fue adoptada merced a una disposición legal que entró en vigor el 1 de enero de 1984. Hasta el momento en que las pensiones fueron suspendidas, eran 99 los altos cargos que disfrutaban de 1.176.350 de pesetas anuales. Según esa ley, los ex ministros volverán a cobrar su pensión cuando alcancen la edad de jubilación de los funcionarios estatales fijada en los 65 años. Sólo uno de los recurrentes sigue en la política activa: Fernando Suárez, diputado del Grupo Popular.

Tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Económico Administrativo, donde se han tramitado los citados recursos, se guarda la más absoluta reserva sobre la identidad de los recurrentes. Los ex ministros consideran que deben seguir cobrando, atendiendo a razones morales y de "derechos adquiridos". En el año 1982, un año antes de que entrara en vigor la disposición legal, el Estado asignaba 220 millones de pesetas a estas partidas.Según fuentes jurídicas consultadas, España era de los pocos países europeos que mantenía pensiones vitalicias para los altos cargos. La mayoría de los países europeos, añaden las mismas fuentes, ha adoptado la medida de conceder -como ahora ocurre en España- dos años de sueldo para suavizar el salto que sufren los altos cargos al pasar de la vida pública a la privada.

Según la ley de Presupuestos para 1982, que elaboró UCD, el aumento anual de las pensiones quedaba congelado a partir de ese momento, y se acordaba que pasados dos años se suprimirían. La fecha fijada para suspender el cobro fue el 1 de enero del 1984. Los dos pasos, la congelación y la supresión total de las pensiones, fueron recurridos por 21 ex ministros. Fuentes jurídicas consultadas opinan que lo que pretenden con estos dos recursos es agotar las vías legales para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional, único organismo capaz de declarar inconstitucional la citada ley.

Actualmente, la ley regula que los ministros que ocupen su cargo durante más de dos años pasan a cobrar, al dejar su puesto, el 80% de su salario, durante un plazo de otros dos. En el caso de que los titulares del ministerio permanezcan en el cargo menos de 24 meses, sólo tienen derecho a cobrar el equivalente al tiempo que han permanecido en el cargo.

Según la ley, en caso de defunción la viuda tiene derecho al 40% del sueldo, estipulado, y además con carácter vitalicio.

"Tenemos derecho a la pensión"

Algunos de los que han firmado el recurso, como Alfonso Álvarez Miranda, Antonio María de Oriol y Urquijo, Gonzalo Fernández de la Mora y Vicente Mortes Alfonso, no responden a la imagen que podría tenerse de unos funcionarios que reclaman su pensión.Aclarando el entuerto, León Herrera, el ministro que anunció oficialmente la muerte de Franco, afirma: "Ninguno de nosotros ha recurrido por dinero, lo hemos hecho porque juzgamos que tenemos derecho a esa pensión. Desde la época de Isabel II, los ministros que juraban cargo tenían derecho a una remuneración vitaliacia".

Las pensiones que cobraban hasta que fueron retiradas oscilaban entre las 50.000 y las 75.000, pesetas mensuales. La mayoría de ellos están, según todos los indicios, "bien situados", después de dejar de ser titulares de sus ministerios. Algunos han pasado a consejos de administración de empresas, otros trabajan en sus propios bufetes de abogados y el resto ha vuelto a ejercer sus carreras, como les el caso de León Herrera, que trabaja como jurídico del Aire en el Ministerio de Defensa.

Sólo uno de ellos se dedica actualmente a la política: Fernando Suárez González, ex ministro de Trabajo y vicepresidente tercero del Gobierno en 1975. Fernando Suárez milita actualmente en Alianza Popular, donde está considerado como uno de los hombres fuertes de Fraga. Es catedrático de Derecho del Trabajo y como diputado está especializado, precisamente, en el tema de las pensiones.

Todos los indicios parecen apuntar hacia Laureano López Rodó como principal instigador de los recursos. El ex ministro no quiso hacer ninguna declaración con respecto a estos hechos. López Rodó, considerado como uno de los hombres más influyentes en la última etapa franquista, fue ministro comisario del Plan de Desarrollo en 1965 y de Asuntos Exteriores en 1974. Un año más tarde fue desterrado como embajador a Viena. Los firmantes no querían ninguna publicidad sobre su postura. Según su procurador, Alejandro González Salinas, sus clientes no le autorizan a facilitar ningún dato sobre su recurso.

Otro de los recurrentes, Alfonso Álvarez Miranda, conocido como el gran defensor de la energía nuclear durante su mandato como ministro de Industria, no accedió a contestar a las preguntas de este periódico. Aunque su secretaria dijo que estaba de viaje en París, en su casa de Puerta de Hierro le esperaban a cenar.

Un vocal del Tribunal Económico Administrativo Central declaró que es lógico proteger la intimidad de los firmantes, y que no había ningún interés político en este hecho. "También evitamos la publicidad cuando la viuda de Azaña reclamó su pensión como viuda de jefe de Estado". Según las mismas fuentes, presentar un recurso en este tribunal no cuesta nada (el único gasto es la tasa, de 25 pesetas), y, aunque ellos conocían que previsiblemente se les iba a denegar el derecho -como presumiblemente ocurrirá en la Audiencia Nacional-, es la única opción posible para que el caso llegue al Tribunal Constitucional.

Los sucesivos plazos y trámites acarrearán previsiblemente que cuando se llegue a la última instancia judicial muchos de los firmantes estén ya cobrando de nuevo las pensiones, al haber alcanzado la edad de jubilación. Al cumplir los 65 años, según la ley, pueden de nuevo cobrar esas percepciones como ex ministros.

Los que no han recurrido

El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Gimenez, ex ministro de Educación en un Gobierno de Franco, no quiso dar a conocer los motivos por los que él no había interpuesto el recurso, y sólo añadió que respeta la opinión de los que han recurrido. Los ex ministros Alfonso Osorio, Manuel Fraga y Antonio Carro -todos ellos diputados actualmente. del Grupo Popular- tomaron el acuerdo de abstenerse de forma conjunta. "Decidimos abstenernos", dice Antonio Carro, "cuando se promulgó la ley, ya que los tres éramos diputados por Coalición Democrática y juzgamos que eso era lo mejor". "Además, es la misma pensión que está estipulada para los presidentes de Estados Unidos, que tienen derecho a dos años de sueldo, además de chófer y un equipo de secretarias". Alfonso Osorio, diputado por Coalición Popular, añadió:."El nuevo sistema de suspender las pensiones vitalicias es adecuado. Y está adoptado por la mayoría de los países europeos".