El aborto inquisitorial

La polémica suscitada por la aplicación de la Ley 9/1985 sobre despenalización del aborto en tres supuestos excepcionales (ético, eugenésico y por grave peligro para la madre) está siendo una muestra más de la resistencia de la derecha sociológica y política de nuestro país contra la estructuración de una sociedad civil moderna, acorde con los principios generales establecidos en la Constitución.La incapacidad de la derecha para asumir la evolución de esta sociedad, fundamentada cada vez más en el ejercicio responsable de las libertades individuales, se pone de manifiesto en este caso movilizando mecanismos inquisitoriales para hacer inviable la promulgación y la aplicación de la ley despenalizadora.

Perdida por la derecha política de nuestro país, representada en este caso por la Coalición Popular, la batalla legislativa, invocando la Constitución para que la sociedad siguiera castigando a las mujeres que asumen -libremente y en virtud de sus convicciones éticas- la necesidad de abortar en los tres supuestos señalados por la ley, así como a los profesionales que presten su colaboración asimismo libre, ahora toma el relevo la derecha sociológica para presionar a los distintos sectores afectados por la aplicación de la ley: mujeres, médicos y Administración sanitaria pública.

Las mujeres

La postura de la derecha en relación con las mujeres se manifiesta en la necesidad de arbitrar medidas cautelares (contra más mejor) para evitar una utilización desmesurada o no adecuada de una ley aprobada contra su voluntad. Parecería ser que para la derecha las mujeres adolecen de irresponsabilidad civil en este caso. Pero ¿a qué mujeres afectaría la no aplicación de la ley en España?, ¿qué mujeres han sido procesadas en nuestro país por abortos ilegales?, evidentemente no aquellas que tienen suficientes recursos económicos para abortar en el Reino Unido o Francia ni para aquellas con suficiente nivel cultural para tener acceso al conocimiento de las técnicas de planificación familiar.

Obviar, como hace la derecha, que en nuestro país todavía existe una mala distribución de la riqueza, así como una alta tasa de desempleo con un acceso restringido al mercado de trabajo para las mujeres, y que todavía existe una elevada -para un país occidental desarrollado- tasa de analfabetismo en los adultos, más alta entre las mujeres, es descontextualizar el problema. De haber impuesto la derecha sus postulados, se seguiría condenando a las mujeres de los sectorres de población más necesitados a tener un hijo con graves deficiencias, a morir o agravar su enfermedad por el embarazo o parto y a tener un hijo producto de una violación o, como alternativa, a someterse a un aborto ilegal, la mayoría de ellos realizados en malas condiciones sanitarias, y sufrir la condena de la sociedad a través de un proceso penal. Imposición en vez de libre albedrío (la ley no obliga a abortar), inquisición en lugar de tutela de los derechos: ¡he aquí el mensaje de la derecha!

El aborto es un último y desgraciado recurso. Una lucha honesta contra el aborto debe ser también la defensa de una educación pública y lograr una más justa distribución de la riqueza, objetivos ambos en los que el Gobierno socialista ha establecido bases importantes. Ahora se trata de hacer efectivo el cumplimiento de la ley.

Los médicos

Los médicos son agentes fundamentales para la puesta en práctica de la despenalización del aborto en los tres casos que contempla la ley. Los argumentos seudocientíficos con los que se ha tratado de influir a este colectivo han sido desbaratados con los datos aportados por la experiencia de los países con aborto legalizado, que son la inmensa mayoría de nuestro entorno socioeconómico y cultural: las ci fras de mortalidad infantil y maternal han disminuido significativamente a partir de la legalización del aborto en estos países.

Perdida la razón, la derecha sociológica del país recurre a la fuerza: se denuncia judicialmente a los médicos que practican los abortos y a los responsables de la Administración sanitaria, se emiten valoraciones de su puestas malpraxis o se presiona a los profesionales desde reductos grémialistas que afortunadamente no representan a la mayor parte del colectivo médico. La legalidad y la inmensa mayoría de la sociedad respaldan a los profesionales sanitarios que, en virtud de sus conocimientos científicos y convicciones éticas, prestan su colaboración a las mujeres para llevar a cabo su resolución de abortar.

La Administración sanitaria socialista, tanto la central como autonómica y local, ha realizado un considerable esfuerzo -cumpliendo otro compromiso electoral- en facilitar a toda la población el acceso a las técnicas de planificación familiar a través de los centros de orientación familiar.

Evidentemente, la generalización del acceso a las técnicas de planificación familiar y consejo genético disminuirá la necesidad de utilizar el recurso del aborto eugenésico o por grave peligro para la madre. Es este enfoque positivo hacia la vida el que verdaderamente está caracterizando a la Administración sanitaria socialista en este problema.

En relación con el aborto, los servicios sanitarios públicos deben garantizar, tanto por imperativo legal como para hacer efectivo el derecho a la salud independientemente de la posición socioeconómica, el ejercicio de la facultad de abortar en los supuestos excepcionales que la ley establece, en unos centros sanitarios que reúnan las adecuadas condiciones y que se encuentren razonablemente próximos al lugar de residencia de la embarazada.

La resistencia de la derecha política y sociológica de nuestro país está utilizando la despenalización del aborto como un instrumento más contra la utilización responsable de los derechos que se ha otorgado una sociedad madura. Es inaceptable, por falso, el planteamiento del problema por parte de la derecha. En estos momentos los centros sanitarios públicos deben hacer posible el ejercicio de una facultad legal, libre y responsablemente asumida por la mujer, en los tres supuestos excepcionales contemplados en la ley, no -como se pretende- en convertir el ejercicio de un derecho en un proceso inquísitorial.