¿De quién es el botín?

No existe ninguna normativa internacional que regule la propiedad de los tesoros encontrados en el mar. Cada país tiene su legislación, pero la tendencia actual es impedir o limitar la recuperación de pecios por particulares.

Los buscadores de tesoros lo tienen cada vez más difícil, y prueba de ello es que el propio Fisher mantiene actualmente una dura batalla legal contra una propuesta federal que otorgaría al Estado de Florida la propiedad sobre los tesoros encontrados en sus aguas.

Los tesoros se consideran objetos abandonados y, por tanto, los países que originariamente ostentaban la propiedad de los bienes que contenían los barcos hundidos (en el caso del Atocha sería España) no tienen derechos sobre el pecio, que se encuentra sometido a las leyes del Estado en cuyas aguas jurisdiccionales es hallado.

En España, los buscadores de tesoros no tienen ningún futuro. Nunca se podría pactar con un particular una concesión para buscar un pecio, porque los objetos que están en aguas jurisdiccionales españolas pertenecen al Patrimonio Nacional. Sin embargo, cuando un hallazgo se realiza de forma fortuita (puede aparecer algún objeto entre las redes de un pescador, por ejemplo), está previsto el pago de indemnizaciones por una cuantía que varía en función de la importancia del botín.