No hay modernidad sin soberanía

Los comunistas somos acusados reiteradamente de irresponsabilidad por diversos portavoces oficiales y oficiosos del Gobierno y del PSOE. Catalogación que se ha prodigado recientemente en las valoraciones de la huelga general del pasado 20 de junio. Tarea descalificadora a la que se ha entregado directamente el propio presidente González. Por cierto, con notable acritud cercana a la crispación.Lejos de toda acritud, quiero aportar algunos datos y reflexiones en los cuales basa el PCE su oposición a la política del Gobierno González. Se nos acusa de colocar en dificultades al primer Gobierno socialista de la historia de España, agitando contra él la movilización social. En el pasado, todo lo que se movía contra la dictadura y por las libertades era explicado por los gobernantes como fruto de la "agitación comunista", ignorando o pretendiendo ocultar el alcance de las inquietudes democráticas de la sociedad española. Con la democracia y un Gobierno del PSOE, la historia se repite. Se juzga con la misma simplicidad la naturaleza de las protestas sociales. ¿No es desorbitado atribuir sólo a la voluntad del PCE que cientos de miles se manifiestan contra la OTAN repetidamente, que millones participen en una huelga general?

Las movilizaciones

No pretendemos ocultar en absoluto la resuelta participación del PCE en esas movilizaciones; por otra parte, cívicas, pacíficas, constitucionales. Al contrario, seguiremos haciéndolo mientras no cambie la política. Lo que quiero subrayar es que el éxito de esas movilizaciones expresa una realidad: el descontento profundo de los sectores sociales de izquierda, aquellos que con más entusiasmo votaron por el cambio. La política es la contraria de la prometida, de manera que la presión social popular es no sólo legítima, sino imprescindible. ¿Acaso no acepta Felipe la presión de la derecha conservadora nacional e internacional, de la que acaba asumiendo todo hasta confundirse con ella? No me parece serio que la condición socialista de este Gobierno sólo sea recordada para intentar descalificar a lo que se mueve por su izquierda. Puesto que es ignorada en todo lo demás: política, programa, medidas, acuerdos con la derecha, con la banca, la CEOE y Reagan.

Por nuestra parte, no vamos a ceder a esos alegatos. Permanecemos serenamente convencidos de nuestra coincidencia con una amplia opinión de izquierda (no ha sido el PCE quien se movió de posición; es Felipe quien se ha desplazado a la derecha). Responsablemente vamos a seguir estimulando lo que consideramos seña de identidad de la izquierda: la participación ciudadana activa frente a toda tendencia a la pasividad.

Se nos dice que estamos negando la modernización de España, reto que el Gobierno -dicen- está abordando con rigor y visión de futuro. En efecto, el Gobierno pretende justificar la política económica (recorte salarial y de pensiones, aumento del paro, dificultades crecientes para las pyme ... ) arguyendo que son una inversión de futuro, un sacrificio necesario para afrontar retos históricos y superar el atraso secular.

Vaya por delante que no rechazarnos la idea de que es necesario hacer sacrificios. La compartimos para buscar una salida a la crisis en una perspectiva de modernidad y progreso. La cuestión es saber si los sacrificios que se piden lo son para todos y si están encaminados en esa dirección. Es aquí donde afirmamos que ni una cosa ni la otra. Los sacrificios se imponen a los trabajadores y sectores populares: un millón más de parados, reclutados principalmente entre los seis millones de jóvenes entre 15 y 24 años; descenso en cinco puntos del poder adquisitivo de los salarios; recorte de las pensiones, preparativos para su privatización. Mientras, a los empresarios no se les pide ni impone, se les entrega: han aumentado el 22% de la tasa de beneficio; deben un billón y medio a Hacienda; no invierten en crear puestos de trabajo; evaden capitales. La banca obtiene ganancias más fabulosas que nunca.

¿A qué futuro encamina esa desequilibrada inversión? Economía sumergida, sin derechos para los trabajadores. Eventualidad y despido libre. Privatización de la Seguridad Social. Desertización de la empresa pública. El liberalismo más descarnado y anticuado, caracterizado por destruir las conquistas sociales del llamado Estado de bienestar.

Pero la cuestión esencial es otra desde el propio enfoque del discurso gubernamental: ¿está realmente poniéndose en marcha una contrapartida a todo ello que garantice para España un papel en el futuro tecnológico, elemento clave de la economía y el desarrollo en las décadas próximas, como se pretende?

La respuesta la da el grado de disponibilidad en competir en el proceso de innovación tecnológica. No hacerlo determinará a cualquier país dependencia y pérdida de soberanía. Esto es innegable. Tanto como que EE UU está intentando a través de la SDI hacer pasar el desarrollo tecnológico por la investigación militar, en la que puede garantizar su hegemonía. Una alternativa a este reto precisa de una visión centrada en la utilización civil de las tecnologías y orientada a superar las lacras que aún padece la humanidad, en una lógica mundial del desarrollo alejada de la carrera armamentista. La premisa es, en cualquier caso, la investigación propia, nacional. Ésa es la inversión defuturo. Pero eso es lo que no se está haciendo.

El desarrollo tecnológico

Veamos algunos datos: España exporta tecnología en valor 10 veces inferior a la que importa, 10.000 millones contra 100.000. La inversión por habitante en investigación no llega a ocho dólares, frente a los 242 de la RFA, los 158 de Suecia o los 115 de Francia. La media europea de investigadores por cada 100.000 habitantes es de 120; en España, 26. El 3,68% de nuestro PIB está dedicado al pago contra tecnología importada, cuatro veces la de Francia.

Los expertos mundiales apuntaban a finales de la década anterior que un país que en 1981 dedicara menos del 1% del PIB a investigación se condenaba a quedar descolgado del proceso tecnológico. En 1982, la tasa española era del 0,40%. El programa electoral del PSOE se comprometía a aumentar la inversión hasta el 0,80%. Pues bien, otro incumplimiento flagrante. Rebasado con creces el ecuador de la legislatura, ¡estamos en el 0,45%! El Gobierno ha dejado pasar más de dos años antes de presentar la ley de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica para establecer que no considera oportuno fijarse nuevos compromisos presupuestarios, dejándose la iniciativa de la investigación en manos privadas, acorde con el talante liberal del Gobierno González.

Ya que tanto se invocan las razones de Estado, he aquí una auténtica cuestión de Estado. Como tal, es una insensatez dejar en manos de unos empresarios que, si no invierten a corto y medio plazo, menos van a hacerlo a largo. La iniciativa se deja a las multinacionales; a ellas se entrega sin discusión ni resistencia, aceptando sin más que España sea dependiente. No es casual que sea Luis Solana (miembro de la Trilateral, portavoz de las multinacionales) quien pregone que debemos importar tecnologías de punta, puesto que, según él, carecemos de posibilidades de competir. Tampoco es casual que sea Solana, de paso, el más encarnizado partidario de nuestra integración en la OTAN y de la cancelación del referéndum.

Son bien reveladoras de cuanto digo las declaraciones recientes de Felipe González a la revista alemana Quick (seguimos teniendo que conocer claves de las inversiones gubernamentales a través de los medios extranjeros). Afirma el presidente que España tiene poco dinero para investigación, pero que participará gustosa en el proyecto de la guerra de las galaxias, al que, sin embargo, señala como inviable. Es decir, para la dependencia vale cualquier cosa; para un proyecto nacional y propio, todo es impotencia.

La OTAN no es el marco imprescindible para la modernización de España. Es el mecanismo evitable de subordinación y dependencia absoluta a EE UU, a las grandes compañías multinacionales. La política del Gobierno PSOE no nos conduce, pues, a afrontar el reto tecnológico. Por el contrario, nos tiene inmersos en un proceso de merma de la soberanía nacional. No estamos ante un proyecto de modernidad, sino de creciente colonización.

Otra política es no sólo posible. Es necesaria, ineludible si se quiere salir de la crisis democrática y soberanamente, en condiciones de progreso y justicia social. Con sacrificios, sí, pero más del que más tiene y en términos de austeridad. Con desarrollo tecnológico, sí, pero al servicio del desarrollo, y no de una infernal carrera de armamentos que o es obsoleta, en el mejor de los casos, o conduce al holocausto. No hay modernidad sin soberanía.