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TRIBUNALES

Primer juicio contra un alcalde vasco por negarse a aceptar al secretario

EFE, La vista del primer juicio por prevaricación contra un alcalde del Partido Nacionalista Vasco que se negó a dar posesión a un secretario nombrado por la Administración central se celebró ayer en la Audiencia de San Sebastián.

El fiscal solicitó en sus conclusiones finales una pena de seis años y un día de inhabilitación especial para el alcalde de Aya (Guipúzcoa), Isidro Iturain, del PNV, por presunta prevaricación al negarse a dar posesión de la plaza de secretario a José Ramón Etxegoyen el 16 de junio de 1983.

Por su parte, el abogado defensor, Edorta Jiménez, pidió la libre absolución de su defendido, al considerar que no existió prevaricación porque, según alegó, no había actuado de mala fe y tampoco ilegalmente, ya que, en su opinión, le amparaban los derechos históricos del País Vasco y la autonomía en la gestión municipal.

El alcalde de Aya, que solicitó realizar su declaración en vascuence, señaló que en ningún momento había tenido conciencia de cometer un acto delictivo y que había tenido contactos con la dirección de su partido y la Asociación de Municipios Vascos, que le habían aconsejado que denegase la toma de posesión al secretario.

Esgrimió en todo momento su desconocimiento del euskera, ya que no podría llevar a cabo su función en un pueblo de 1.500 habitantes donde alrededor del 97% son vascohablantes y hablan mal el castellano.

Recalcó en diversas ocasiones que él no conocía la ley, que tenía escasos estudios y que había confiado plenamente en el consejo de su partido, ya que consideraba que en ningún momento podía inducirle a cometer un acto delictivo.

También reconoció que había mantenido contactos con la dirección de la Administración local del Gobierno vasco, que le aconsejó asimismo que mantuviese la autonomía de su municipio frente a la decisión de la Administración central.

En la vista declaró también Román Sudupe, entonces presidente de la ejecutiva nacionalista de Guipúzcoa. Sudupe defendió los derechos históricos vascos en el nombramiento de funcionarios, y la autonomía de los ayuntamientos.

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