El Gobierno pretende ahorrar 150.000 pensiones en tres años y reducir los ingresos de los futuros jubilados

GUSTAVO MATÍAS, Los documentos del Gobierno indican que, mediante la baja de gran parte de las futuras pensiones, pero especialmente con una menor entrada de pensionistas, la Seguridad Social ahorrará en los ocho próximos ejercicios 1,36 billones de pesetas. De esta cantidad, un cuarto de billón de pesetas se intenta obtener en los tres próximos años: 14.379 millones en lo que resta de año, otros 44.780 millones en 1986, 78.142 al siguiente y 112.572 millones en 1988. Pero los cálculos se basan en que las pensiones serán corregidas de la inflación con revisiones del 6% el próximo año, 5% el siguiente y 4% en 1988. Es decir: si estas previsiones de inflación se elevaran, como parece probable, el ahorro será mayor.

La reducción de gasto, siempre acumulativa y creciente, tendrá dos causas. Al bajar la cuantía de las pensiones que entren cada año en nómina, el ahorro del siguiente ejercicio será casi doble; cobrarán menos los nuevos pensionistas de ese año y también los del anterior. En segundo lugar, al endurecer los requisitos para tener derecho a pensión, algunas personas tendrán que cotizar durante más tiempo o quedarse sin pensión. Ninguno de los papeles a que ha tenido acceso este periódico estima cuántos estarán en cada caso.

Los más perjudicados

Al margen de la nueva fórmula para entrar con pensiones más bajas, el segundo mecanismo corrector para cobrar invalidez o jubilación -la exigencia de haber cotizado más años- provocará importantes ahorros desde el principio. De los documentos consultados se desprende que en la segunda parte de este mismo año habrá 34.383 nuevos pensionistas menos de los que entrarían en nómina si no cambiara la ley. El próximo año 38.798, y en los años siguientes otros tantos. Pero los que dejan de entrar un año son menos obligaciones de pago para el siguiente. Por este efecto acumulativo, se proyecta pagar unas 73.000 nóminas menos durante el próximo ejercicio, 120.000 en 1987 y 157.209 en 1988. En suma: 389.000 pagos anuales de menos.

Las pensiones más perjudicadas durante los primeros años serán las de invalidez, foco de fuerte aumento del gasto, según la Administración porque sus condiciones de acceso y sus ventajas fiscales han incentivado el fraude. Las empleadas de hogar, los trabajadores autónomos y los agricultores serán más castigados que los trabajadores de la industria y los servicios acogidos al régimen general y asimilados.

En concreto, las pensiones de invalidez sufrirán una reducción de gasto de 176.420 millones hasta finales de 1988, frente a 73.400 en las de jubilación. Por regímenes, en el régimen general esperan ser ahorrados 104.727 millones de pesetas por invalidez y 63.378 por jubilación, debido a que en estas últimas durante el período transitorio se mantendrá el número de altas. Por el contrario, en invalidez habrá 52.638 pensionistas menos durante los tres próximos años y la reducción de nóminas anuales será de 129.152.

El recorte de gastos será menor en los otros regímenes, pero porque tienen menos afiliados. En éstos, sin embargo, sí habrá también menos pensiones de jubilación, aunque el ahorro se centrará sobre todo en la invalidez. Mientras que en el general dejarán de entrar cada año a invalidez uno de cada seis pensionistas, la proporción será uno de cada dos en el de autónomos y casi uno de cada tres en el agrario. El mayor recorte será para las empleadas de hogar: sólo entrarán cada año la cuarta parte de las que iban a cobrar sin reforma (8.800 y 2.600, aproximadamente).

Para buscar una referencia fija puede decirse que, hacia 1993, cuando la reforma en proyecto empiece a causar plenos efectos, el ahorro de la Seguridad Social será cada año comparable al 0,6% del valor añadido en la producción.

En otras palabras: el Estado detrae hoy mediante impuestos o déficit propio, para ponerlas en la Seguridad Social, 2,50 de cada 100 pesetas que se producen al año. En 1993, según las estimaciones del Gobierno, debería poner casi 5,60. Con la reforma, le bastará con 5 pesetas. Solucionará la décima parte de lo que llama la Administración el déficit estructural: la diferencia entre gastos y cotizaciones de empresas y trabajadores.