Condenados en Valencia seis estafadores que operaban en las subastas de los juzgados

El juez valenciano Juan Bautista Cremades ha dictado sentencia condenatoria para seis individuos por un delito de maquinaciones para alterar el precio de un coche que se ofrecía en subasta pública el 21 de diciembre de 1983. La presencia de este tipo de delincuentes suele ser habitual en las subastas que se celebran en los juzgados de toda España, hasta el punto de que son conocidos en el habla popular con el apelativo de subasteros o cuervos.

La actividad de los subasteros es conocida igualmente por la Administración de justicia, si bien en la mayoría de los casos se les ignora o se les absuelve por falta de pruebas. Aunque la condena en este caso se reduce a una multa de 30.000 pesetas, el fallo de la Audiencia Provincial de Valencia puede actuar de impulso contra este tipo de actividades ilegales.Los condenados son José Vicente Solaz, Miguel Bas, Antonio Pastor, José Luis Palau Balaguer, Francisco Gómez Gallego y Vicente Palau Nebot, todos ellos habituales de las subastas judiciales -según consta en la sentencia-, "hasta el punto de que tal actividad representaba para algunos su única fuente de ingresos".

Un Opel 1.000 les hizo caer en la trampa que les había tendido el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia. El juez Cremades, que conocía la existencia de estas actividades, envió hasta el lugar de la subasta a tres inspectores de la Brigada de la Policía Judicial para que dieran parte de lo que allí sucedía.

Siguiendo el procedimiento habitual, los cuervos preguntaron a los inspectores de paisano si estaban interesados en la adquisición del coche, advirtiéndoles que había varios interesados y sugiriéndoles que no debían tomar parte directa en la subasta, "puesto que resultaría más caro al poder subir el precio por la concurrencia de varios". Uno de ellos, Vicente Palau, planteó la conveniencia de que se pusieran todos de acuerdo, sujetándose a lo que era costumbre, es decir, que sólo pujase uno de ellos.

Naturalmente, al no haber competencia, no se llegaría al ofrecimiento de los dos tercios necesarios para su adjudicación, por lo que tendría que volver a subastarse, esta vez a la baja. Mientras tanto, los subasteros organizaron una nueva subasta no oficial entre ellos, en la que se señaló el precio final del remate, que sería repartido a partes iguales entre los participantes, a excepción del que se adjudicase el vehículo, que sería el pagador.

Como estaba anunciado, a la una de la tarde se inició de nuevo la subasta, en la que, según lo previsto, sólo compareció un licitador, a quien se adjudicó el coche por la cantidad irrisoria de 1.000 pesetas. Una vez con el acta en la mano, los subasteros y los tres inspectores camuflados se dirigieron a una cafetería cercana, en donde procedieron a una nueva subasta entre ellos. El coche finalmente fue adjudicado a uno de ellos por la cantidad de 40.000 pesetas, que serían repartidas entre los presentes, una vez descontadas las 1.000 pesetas entregadas en la subasta oficial. El reparto, no obstante, no se llegó a realizar, ya que en ese momento los tres funcionarios se identificaron y procedieron a la detención de los presentes.

Delitos como éste, auténtica estafa al Estado, se cometen cada día en las subastas de los juzgados españoles. La diferencia estriba en que el juez Cremades ha llevado el asunto hasta sus últimas consecuencias.