Los defensores de los militares juzgados en Buenos Aires basan la acción represora en órdenes de los peronistas

En la primera vista oral del juicio seguido contra las tres juntas militares argentinas, los abogados de la defensa han intentado demostrar dos cosas: que en Argentina existió un estado de guerra no declarado entre los movimientos guerrilleros y las instituciones de la nación, y que el Gobierno constitucional peronista ordenó en 1975 a sus fuerzas armadas combatir al terrorismo "hasta su aniquilamento final", dando al término aniquilamiento su más fúnebre acepción. Rodeada por cuatro controles policiales, la Cámara Federal comenzó las sesiones a las tres de la tarde del lunes para interrogar a los testigos. Entre el público se hallaban el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y Hebé de Bonafini, presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo.

Hebé de Bonafini entró en la sala con su pañuelo blanco en la cabeza, símbolo de las madres que reclaman por sus hijos desaparecidos. El presidente de la Cámara León Arslanian, le ordenó destocarse, al está prohibido en la sala el uso de cualquier distintivo.Los nueve triunviros acusados haciendo uso de su derecho, no comparecieron a la audiencia, siendo representados por sus letrados. Esta circunstancia, así como el hecho de que el fiscal y los abogados defensores presenten previamente sus preguntas al presidente de la sala, que es quien las formula -la fiscalía y las defensas pueden, no obstante, repreguntar-, resta contenido teatral y carpintería dramática a la vista oral.

Énfasis procesales

La justicia argentina, salvo excepciones como la presente, no es proclive a los juicios orales y públicos y prefiere poner énfasis en las prácticas procesales celebradas entre las partes en la intimidad del despacho del juez. Entre el público asistente se encontraba José María Mohedano. La Cámara federal rechazó, por considerar que existen pruebas de su culpabilidad, la petición para la excarcelación de Videla y Viola formulada por sus defensores. Citados por las defensas comparecieron como testigos Ítalo Argentino Lúder, que como presidente del Senado en 1975 ocupó provisionalmente la presidencia de la República durante una breve enfermedad nerviosa de Isabelita Perón, y los ex ministros peronistas de aquel Gobierno, Cacciero, Rocamora, Ruckauf, Benítez y Gómez Morales.Al ser formuladas las preguntas de una y otra parte por el presidente de la Cámara, éstas adquieren un tono neutro que priva los interrogatorios de causticidad verbal sólo posible en las repreguntas. Pero quedó en negro sobre blanco la intención de los abogados de fensores de arrojar sobre el último Gobierno peronista la responsabilidad de las atrocidadas en la lucha contrainsurgente.

En efecto, Ítalo Argentino Lúder, como presidente provisional de la República, firmó en 1975 un decreto encargando a las fuerzas armadas el aniquilamiento de la subversión ante el auge de las guerrillas rurales del trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo en la provincia norteña y subtropical de Tucumán. El primer escalón de defensa de las juntas pretende establecer que los militares argentinos entendieron el verbo aniquilar en su sentido más lato, con lo que no dejan de reconocer indirectamente que sus defendidos patrocinaron el exterminio de personas.

Ítalo Argentino Lúder, candidato derrotado del peronismo frente a Alfonsín y ya cadáver político tras este juicio, explicó, con su habla regular, moderada y ordenada, que cuando el Gobierno constitucional de un Estado de derecho ordena a sus instituciones aniquilar un brote subversivo para restaurar la paz pública, lo hace siempre dentro de las normas jurídicas vigentes,y que en modo alguno puede ordenar, aun queriendo hacerlo -y menos públicamente-, el secuestro, la tortura y el asesinato.

Organizador de matanzas

Se insistió, no obstante, en la pregunta para fijar en las mentes de todos aquel decreto de redacción desafortunada, como en las próximas sesiones se insistirá en la existencia de un ministro peronista como José López Rega, que desde el Ministerio de Bienestar Social (!) organizaba la matanza de izquierdistas por cuenta de la Alianza Anticomunista Argentina, la llamada Triple A. El resto de los ex ministros y el propio Lúder fueron interrogados sobre lo que parece ser el segundo escalón básico defensivo: la existencia o no de un virtual estado de guerra en Argentina en la mitad de la década de los años setenta.Es una línea de defensa no menos grosera que la anterior y que encuentra sus mejores exponentes en el general Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense, y en el contralmirante Mayorzga, defensor del contralmirante Chamorro, ex jefe de la terrorífica Escuela de Mecánica de la Armada, eje de los centros de tortura del país. Ramón Camps y Chamorro se encuentran enjuiciados por el poder ejecutivo en otra causa.

Para el general Ramón Camps, el error de las juntas consistió en no haber declarado el estado de guerra interno, fusilando tras consejos de guerra sumarísimos.