La pequeña gran evasión

La "gran fuga de divisas", el escándalo que conmueve a la sociedad española desde que se desvelaron las primeras actuaciones judiciales, ahora hace un mes, representa un 0,33% del capital evadido de nuestro país y la séptima parte de lo que una sola persona, José María Ruiz-Mateos, ha sacado ilegalmente de España en los últimos años. La organización delictiva del presunto lince de los negocios, como se llegó a calificar al diplomático excedente Francisco Javier Palazón, es un montaje bastante mediocre a juicio de la policía, y el asunto -según fuentes cercanas al vicepresidente del Gobierno- no pasaría de ser un compló de opereta si no fuera por la implicación en el mismo del jurista Eduardo García de Enterría

La desarticulación de esta red de evasores de capital por la Brigada de Delitos Monetarios hubiera sido una operación más, del medio centenar largo que anualmente pasan desde esta instancia a los jueces, si el diplomático Palazón no hubiera cantado en comisaría a las pocas horas de ser detenido, en la madrugada del lunes 4 de febrero, nombres de conocidos aristócratas, diplomáticos y, sobre todo, los del matrimonio García de Enterría. Ni los policías de la Brigada de Delitos Monetarios, ni el juez Lerga -que seguía el caso-, ni los titulares de Hacienda e Interior esperaban tan explosivas confesiones.Fueron horas de intranquilidad y alarma. Si habían surgido estos nombres en la primera declaración de Palazón, ¿cuántas otras personalidades de la vida pública española no podrían aparecer en subsiguientes declaraciones? Desde Economía y Hacienda se preguntó con inquietud al responsable de la Brigada de Delitos Monetarios si había banqueros u hombres de negocios importantes implicados en la red. Si figuraba García de Enterría, cualquier otro nombre, por impensable que pareciera, podía también estar implicado.

La policía tranquilizó al Ministerio de Economía y Hacienda, asegurándole que en principio sólo estaban implicados aristócratas y diplomáticos, al tiempo que las primeras noticias sobre este escándalo llegaban a los medios informativos. Las primeras filtraciones, algunas declaraciones poco matizadas y ciertos celos y animadversiones históricas entre cuerpos de la Administración desencadenaron una pequeña guerra entre Exteriores y Economía y Hacienda. Los diplomáticos, fuertemente salpicados como cuerpo de funcionarios por este asunto, se sintieron atacados, con razón o sin ella, por Economía y Hacienda. La ligereza de algunos comentarios de altos cargos de este ministerio o la falta de desmentido concreto a declaraciones que se les atribuyeron, junto a la dignidad corporativa herida de los diplomáticos y su consecuente susceptibilidad, alentaron este enfrentamiento entre los departamentos de Miguel Boyer y Fernando Morán. Ambos ministros, al final, después de haber trascendido estos enfrentamientos, tuvieron que declarar públicamente que no estaban a la gresca ni lo habían estado nunca.

El Gobierno, como tal, tras digerir la sorpresa de la presunta implicación de Eduardo García de Enterría (el autor de dictámenes sobre la constitucionalidad de leyes tan importantes como la LOAPA, por encargo del propio Gabinete), y después de haber recabado información sobre la inexistencia de otros sospechosos de igual o superior peso social, reiteró que no había dado ninguna instrucción especial a la Brigada de Delitos Monetarios para que destapara este escándalo.

El globo se deshincha

De forma paralela, la confusión de las primeras noticias y el glamour de los protagonistas de la evasión hace pensar que la desarticulación de la red Palazón puede desvelar un escándalo financiero de dimensiones mayúsculas. Personas cercanas al diplomático excedente le califican de "lince de los negocios"; trascienden una serie de sociedades suizas de las que poco o nada se sabe, en las que participa como socio o administrador único, junto a otras empresas españolas también de su propiedad. Un sinfín de aristócratas, huéspedes habituales de las revistas del corazón, y de diplomáticos de renombre van saltando día a día a las páginas de los periódicos, pese al carácter secreto del sumario decretado por el juez Lerga. Las entradas y salidas del Juzgado de Delitos Monetarios están permanentemente vigiladas por periodistas, que van desvelando una a una las personalidades de quienes acuden a declarar. Las cuantías de las fianzas exigidas al matrimonio García de Enterría y al conde de Gamazo hacen también pensar en un escándalo de grandes dimensiones.

En los primeros días trasciende que la evasión puede superar los 3.000 millones de pesetas, y al hilo de unas declaraciones de Miguel Boyer en RTVE se difunde por una agencia que el ministro ha manifestado que se trata de la mayor operación de salida de capitales localizada por la policía. Fuentes de la propia RTVE y del Ministerio de Economía y Hacienda matizan y desmienten hoy esta rotunda afirmación de Boyer, pero hasta ahora se ha venido dando por buena ante el silencio del citado departamento.

Lo cierto es que hoy la policía, con datos en la mano, califica la desarticulación de la red Palazón como "una operación meritoria, pero una operación más. Ni la mayor ni la más complicada". Y desde el Ministerio de Economía y Hacienda se niega cualquier relevancia para la economía española de esta evasión. Con un incremento de las reservas de divisas de 4.560 millones de dólares en 1984 y de 500 millones de dólares en el mes de enero, que las sitúan en unos 15.000 millones de dólares, que hayan salido de España ilegalmente 3.000 millones de pesetas (unos 15 millones de dólares) no representa el más mínimo peligro o riesgo para la economía española.

Por otra parte, según las estimaciones más fiables (los depósitos de residentes españoles en la banca internacional), la evasión total de capitales de nuestro país puede ascender a un billón de pesetas. Según los últimos datos facilitados por el Banco Internacional de Pagos de Basilea, en junio de 1984 los depósitos de residentes españoles en bancos radicados fuera de nuestro país ascendían a 3.120 millones de dólares (unos 200 o 300 millones más que en octubre de 1982). De ellos, según los expertos, aproximadamente un 10% (unos 312 millones de dólares) sería depósitos legales y el resto (2.808 millones de dólares, que equivalen a 533.520 millones de pesetas) correspondería, a cantidades sacadas ilegalmente de España. Estas cifras no contabilizan las inversiones en títulos y acciones, inmuebles, joyas, obras de arte, etcétera, que residentes españoles han realizado en el extranjero. La evasión por estos medios, según los expertos, alcanzaría una cifra similar a la reseñada para depósitos bancarios. En conjunto, se situaría en torno al billón de pesetas, por lo que la cantidad sacada por la red Palazón (3.000 millones) apenas representa el 0,33% de la evasión de capitales en España y un 5% del total de capitales evadidos (unos 300 millones de dólares) desde que llegó el PSOE al poder.

Salvar la ley

Expertos en control de cambios indican, además, que, a juzgar por la información aparecida en los medios de comunicación sobre las personas que han declarado ante el juez, no parece probable que pueda calificarse como delito monetario al conjunto de las operaciones que, por valor de 3.000 millones, ha realizado Palazón. Las cuentas de los diplomáticos, por ejemplo, pueden ser legales en muchos casos, y en otros sólo incurrirán en infracciones administrativas leves por no haber declarado la existencia de sus cuentas legales en el exterior o sus rendimientos al volver a ser residentes en España.

Al margen de dos o tres de los principales implicados, además de Palazón, según la información que ha trascendido a los medios de comunicación, la aplicación de un posible delito monetario a sus actuaciones, según expertos en esta legislación, presenta serias dificultades, siempre que no existan otros datos. Los autores de delito monetario, según una ley orgánica de 1983, pueden ser castigados, en función de la cantidad evadida, desde una multa que puede llegar al doble de lo evadido hasta la pena de prisión mayor.

Fuentes de la Administración indican asimismo que la evasión por salida física de dinero de España es poco importante a niveles globales (en los últimos cinco años, según datos de Aduanas, se han aprehendido 4.929 millones de pesetas). Normalmente, la evasión se realiza mediante exportaciones cuyo importe no se reintegra total o parcialmente a España, mediante exportaciones que se infravaloran a la hora de declararlas ante la Administración o incluso por declaración de comisiones ficticias (hasta un 5%. del valor de lo exportado se puede abonar sin necesidad de declaración administrativa). Otra frecuente forma de evasión se produce en las importaciones, mediante declaración de un precio superior al real. Las denominadas ventas en consignación -por ejemplo, productos agrarios-, al declarar a la Administración precios aproximados (el precio final lo impone el mercado de destino), son muy proclives a este tipo de evasiones de índole comercial.

En las denominadas operaciones invisibles (servicios al exterior y rentas de inversiones) es frecuente la evasión en el sector de hostelería (contratos entre los mayoristas u operadores turísticos y los hoteleros), en el transporte y en los contratos de obras realizadas en el exterior. Finalmente, en operaciones de capital, las evasiones se producen por inversiones españolas en el extranjero realizadas sin autorización y por préstamos de residentes a no residentes. Las evasiones mediante compensaciones o cheques bancarios son también utilizadas con frecuencia.

Desde el punto de vista fiscal, Hacienda ha comenzado a investigar por su cuenta el caso Palazón, aunque no dispondrá de ningún dato del sumario o de la Brigada de Delitos Monetarios hasta que culmine este proceso. En principio, desde una perspectiva tributaria y a la vista de la escasa eficacia de la actual tipificación del delito fiscal (en seis años sólo se han producido tres sentencias), no es previsible que prospere esta figura, que conlleva pena de cárcel, para ninguno de los implicados, a excepción de Francisco Javier Palazón. Sólo él, y no en cuanto a tributación personal, sino en cuanto a sus sociedades en España, presenta de antemano condiciones para que si se encuentra un delito fiscal pueda prosperar ante los tribunales.

Lo más probable es que a los principales implicados, desde la óptica fiscal, sólo se les pueda aplicar sanciones por omisión o defraudación en sus declaraciones a Hacienda. Por el primero de los supuestos se impone una multa del 50% sobre la cuota que deberían haber ingresado, y sobre el segundo, una multa del 300%. Ambas sanciones se reducen automáticamente a la mitad si el contribuyente da su conformidad al acta de inspección, extremo que previsiblemente se producirá, dado que las cantidades, muy probablemente, constarán como probadas en el sumario por delitos monetarios.