Las propuestas globales en pesca, agricultura y asuntos sociales

Las propuestas presentadas por la Comisión Europea de cara a las negociaciones con España contemplan, en síntesis, los siguientes puntos:

- Pesca. La Comisión quiere que España desmantele en siete años la mitad de su flota pesquera del Norte. Se establecería una lista periódica de barcos españoles que fanearían en aguas de los diez en cada momento. Este sistema de listas estaría vigente hasta el año 2002, fecha de vigencia legal de la actual política pesquera de la CEE. Aunque la Comunidad ayudaría económicamente a esta reestructuración, la flota española en aguas comunitarias -329 barcos en la actualidad, según la Comisión- debe quedar reducida al número de barcos que faenan simultáneamente, es decir, unos 125.

Bajo estas condiciones, se aplicaría un período transitorio de siete años, que darían luego paso a una segunda etapa hasta el año 2002. En esta segunda fase desaparecerían las limitaciones de la primera. Durante los primeros siete años España pescaría en las zonas de la CEE donde pesca ahora. La cuota tipo para la merluza sería -en promedio, pues varía entre el 20% y el 38%, según las zonas- de un 25% del total de la cuota comunitaria, es decir, unas 12.000 toneladas (la cuota actual para España es de 7.900 toneladas), lo que representa la mitad de lo que pedía España. En cuanto a otras especies, la Comisión propone un número y una cuota algo menor de la que pedía España.

- Agricultura. Para los productos continentales la Comisión propone incluir en la lista de productos sensibles que España quiere proteger el queso y el trigo panificable, además del sector lácteo en general y la carne bovina, con la importante excepción de la leche en conserva y en polvo. La lista de estos productos sensibles no variaría en los primeros cuatro años tras la adhesión, rigiéndose el comercio por un sistema de contingentes.

- Sector porcino. Este sector tendría acceso a los fondos de intervención de garantía de precios de la CEE, si persisten o se presentan nuevas plagas. Si estas intervenciones llegasen a ser masivas, la Comisión podría cortar las importaciones de estos productos en España.

- Azúcar. Se prevé una cuota de producción de 868.000 toneladas de azúcar y 87.000 toneladas de isoglucosa para España, es decir, un 25% mends de lo que querían los españoles.

- Frutas y hortalizas. La única apertura es un desarme de los aranceles de la CEE en siete, en vez de 10 años, para los productos que tienen ya alguna preferencia (como los cítricos). Se mantiene la oferta de reducir las eventuales tasas compensatorias que podría aplicar la CEE durante la primera fase de cuatro años a los productos españoles que importa en un 1%, 2%, 4% y 6% por año. Pero se mantiene el principio general de una transición en dos fases, de una duración total de 10 años.

- Materias grasas. Los precios del aceite de oliva español podrían aproximarse a los de la CEE a razón de una veinteava parte por año mientras no se reformase el régimen en la Comunidad, por medio de cuotas de producción u otros sistemas para evitar la formación de excedentes. En cuanto al girasol, se aplicaría un sistema de umbrales de producción similar al comunitario y no específico para España. La congelación (standstill) del régimen comercial español de los aceites que compiten con el de oliva tendría una duración máxima de cinco años (España pedía tres como máximo).

- Vino. En vez de montantes compensatorios que graven las exportaciones españolas de vino de mesa hacia la CEE, se aplicarían unos montantes correctores en caso de desequilibrio del mercado en la Comunidad. En cuanto a la cuota de producción, sería la acordada en Dublín por los diez: la media de los tres últimos años.

- Asuntos sociales. La Comisión estima que se debe aplicar el principio del lugar de residencia para las prestaciones familiares. Este régimen quedaría vigente como máximo durante tres años.

Además, la Comisión considera suficiente la cláusula de salvaguardia general y no estima necesario un período de 10 años para la libre circulación de trabajadores en el caso de Luxemburgo, cuando este período será de siete años en el resto de los países.