Las dificultades de un acuerdo

LAS NEGOCIACIONES para el Acuerdo Económico y Social (AES) 1985-1986 -un pacto social para el resto de la legislatura socialista- han entrado en el intervalo del verano, al igual que el resto de las actividades institucionales. Por añadidura, en esta ocasión incluso se podría decir que la normalidad que supone un tiempo de ocio en los representantes del Gobierno, patronal y sindicatos debía haber tenido una cierta excepción, por la urgencia de llegar a un acuerdo que, indudablemente -de producirse-, va a alterar sustantivamente los proyectos presupuestarios del próximo ejercicio.La posibilidad de que en el primer cuatrienio de gobierno socialista en España no sólo no se creen los 800.000 puestos de trabajo sino que a los parados ya existentes a principio de 1983 se les añada otro número con cinco ceros es suficientemente obvia como para comprender la necesidad de un pacto en el que participen todas las fuerzas sociales. Y a sensu contrario sólo la responsabilidad de cada parte puede hacer posible un acuerdo que tiene muy pocas contrapartidas reales.

Desde el estricto interés sindical, las materias que el Gobierno propone en la negociación no tienen un gran atractivo. La mayor flexibilidad del mercado de trabajo y la moderación salarial que el Ejecutivo demanda como grandes sacrificios a los trabajadores podrán ser diricilmente compensadas, salvo que las organizaciones obreras trasciendan sus propios intereses a los del conjunto de los trabajadores, incluidos los parados, los pensionistas y los pertenecientes a la economía sumergida que quieren dejar de estarlo.

Aunque, en pura teoría, las centrales sindicales tienen como objetivo la defensa del conjunto de los asalariados, no resulta tarea fácil para sus dirigentes convencer a las bases de estos principios. Las únicas contrapartidas a estos sacrificios serían una mayor aportación de fondos para el desempleo y para el resto de las transferencias sociales o la puesta en práctica de medidas que generen nuevos puestos de trabajo. Y, en este caso, la escasez de recursos presupuestarios no permite albergar demasiadas esperanzas. Las necesidades de financiación del déficit recortan considerablemente las posibilidades de inversión pública e, incluso, los márgenes de financiación del sector privado. El Gobierno optó desde el principio de su mandato por un ajuste cuyas prioridades eran la lucha contra la inflación y contra el creciente gasto público. Y estas prioridades siguen vigentes pese a que haya quién afirme que los aspectos más duros del ajuste ya han quedado atrás. El empleo y las transferencias sociales son considerados como consecuencias lógicas del ajuste realizado.

Pero las dificultades para el nuevo pacto social no sólo proceden de los sindicatos. Los empresarios tienen las mismas o parecidas dudas. Tampoco ven demasiadas contrapartidas a lo que el Gobierno les exige. El excedente empresarial que indudablemente se ha generado en los últimos meses como consecuencia de la política de ajuste lo sitúan en empresas muy determinadas. A la patronal le ocurre lo mismo que a los sindicatos: que le es muy difícil atender a la generalidad de las empresas (grandes, pequeñas o medianas, industriales o financieras, etcétera). Según la propia CEOE, con una caída en el consumo interno como la, registrada y el crecimiento experimentado por las exportaciones, el mayor excedente empresarial habría que situarlo en las grandes empresas exportadoras. El resto, según este análisis, se encuentra en la misma crítica situación (excluyendo al sector bancario, cuyos beneficios siguen. en la misma línea de solvencia, o incluso superior, que en tiempos de bonanza).

Los que a gumentan que, si fue posible un pacto como el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) con un Go bierno de UCD, tendría también que: serlo con más razón con un Gobierno socialista parecen olvidar que el ANE se firmó en circunstancias muy distintas a las actuales y que las contrapartidas que se ofrecían entonces eran cuantitativa y cualitativamente superiores para los agentes sociales. El ANE se suscribió cuando aún perduraba la conmoción por la intentona del 23-F, a cuya sombra se limaron no pocas asperezas. Pero, sobre todo, el ANE dio a sindicatos y patronal algo que el futu ro acuerdo nunca podrá ofrecer. En aquella ocasión, tanto las organizaciones obreras cómo las empresariales quedaron plenamente institucionalizadas. El ANE dio un poder a sindicatos y patronal que en muy pocos países han tenido estas organizaciones. Su presencia en todos los organismos públicos, aceptada en el ANE por el Gobierno, y la facultad de intervenir activamente a nivel normativo convirtieron a loÍrepresentantes de em presarios y trabajadores en un Gobierno paralelo que contribuyó -y no poco- al acelerado desgaste sufrido por el Gobierno de UCD. Ni un solo decreto en materia laboral salió de aquel Gobierno sin el conocimiento de los sindicatos y de la patronal. Y los mismos presupuestos de los organismos institucionales fueron revisados y aprobados por sindicatos y empresarios.

Nada de esto podrá ya dar el AES. El nuevo acuerdo sólo podrá ofrecer la necesidad de trabajar por unos intereses de Estado que a veces se enfrentan con los más inmediatos de la propia clase. Sindicatos y patronal tienen, bajo esta óptica, una grave responsabilidad. Pero tampoco el Gobierno debe cargar sobre las espaldas de los interlocutores sociales el peso del fracaso o del éxito del acuerdo. Ni caer en la tentación de hacer imposible el pacto con posturas poco flexibles. Las declaraciones públicas de los responsables del Gobierno parecen confirmar la idea de que el Ejecutivo, tras el fracaso experimentado el pasado'año por una política de pactos, ha comprendido la necesidad de buscar el necesario consenso social que permita salir solidariamente de la crisis. Posturas de excesiva arrogancia -más semejantes a tiempos de un inmediato pasado- poco pueden ayudar a conseguir estos fines. Ninguna cifra es inamovible. Y la certeza en toda proyección económica siempre resulta cuestionable. Por ello, la decisión del Gobierno de no admitir compromiso alguno de empleo que despierte expectativas que posteriormente no podrían cumplirse resulta loable. Pero, por lo mismo, el resto de las magnitudes aportadas (exportaciones, crecimiento económico, índice de inflación, etcétera) debe tener el mismo grado de cuarentena. No se puede crear el vacío en cuanto a proyecciones de empleo y utilizar, por ejemplo, como si fuesen tablas de la ley, los índices de precios al consumo para pedir la moderación salarial.

Bajo estas premisas, el pacto social resulta casi imprescindible. Por ello deberían quedar en un segundo plano muy profundo las diferencias políticas que subyacen en las actuaciones sindicales de patronal y centrales. Ni UGT debe hablar en nombre del Gobierno, ni debe criticar a los otros interlocutores porque presenten en la mesa posturas claramente diferenciadas de las que defiendén la central socialista y el Gobierno. Algunos dirigentes de CC OO deben olvidar las viejas teorías de las correas de transnúsión de los partidos y dejar de trasladar las diferencias que existen dentro del partido comunista al seno del sindicato. Ello implica abandonar las tesis del no al pacto social por su misma esencia y entrar a valorar los contenidos concretos; es decir, apoyarla política de solidaridad nacional,que desde hace años defiende teóricamente la central sindical. Por último, la patronal debe asumir a fondo su nueva línea de profesionalización y abandonar las interpretaciones tendentes a demostrar, desde el artificio, presuntas incoherencias entre la actitud del presidente del Gobierno y su equipo económico.

El hecho de que el presidente del Gobierno haya utilizado todo su prestigio político en la consecución del pacto social no debe ser utilizado por las partes para conseguir contrapartidas que rompan el difícil equilibrio de un acuerdo de esta naturaleza y reduzcan a la nada una de las últimas posibilidades de enderezar de un modo compartido y participativo la marcha de la economía, caracterizada por la atonía inversora y la destrucción de puestos de trabajo.