Aprobada en Argentina una ley de defensa de la democracia que permitirá condenar a los golpistas hasta a 25 años de cárcel

El Senado argentino, por unanimidad de todos sus miembros presentes, convirtió en ley en la noche del jueves el proyecto de Protección del Orden Constitucional y Defensa de la Democracia preparado por el Gobierno. La nueva legislación condena con penas de hasta 25 años de prisión a quienes se alcen en armas contra la Constitución con el fin de cambiar "de modo permanente" el sistema de Gobierno.Si quienes cometen este delito de golpismo son personas con estado, empleo o asimilación militar, el castigo mínimo se elevará, en un tercio de las penas previstas para los civiles. La nueva ley anula además varias disposiciones anteriores de la dictadura que tenían fines represivos y reforma el Código Penal argentino. La palabra rebelión, utilizada habitualmente por los militares como un curioso sinónimo de golpe de Estado, fue reemplazada del código, y de ahora en adelante, cualquiera que sea la forma que tome y los supuestos motivos, sólo se hablará de atentado a la Constitución.

La ley, que había entrado en el Parlamento dentro de un paquete inicial de proyectos enviados por el presidente Raúl Alfonsín, fue aprobada por unanimidad, tras ser introducidas algunas reformas para hacer aún más estrictos los términos y más severos los castigos.

La pena inicial será de 5 a 15 años de prisión a los que se alcen en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos e impedir el libre ejercicio de las facultades del Gobierno o que éste se renueve en los plazos y formas legales. Si ese atentado pretendiera además "cambiar de modo permanente" el sistema democrático, se sumarán 10 años a la pena, y si el que lo intenta es militar, otros cinco años.

Por su parte, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas concluyó ayer el informe que debe presentar la semana próxima a la Cámara de Apelaciones. El 12 de julio pasado, la Cámara había ampliado en 30 días el plazo dado al tribunal militar para que adelantase los resultados de las causas que lleva contra las tres primeras juntas militares y otros altos jefes y oficiales, acusados por su participación en la represión ¡legal durante la llamada guerra sucia.

Militares detenidos

De las tres primeras juntas, ya se encuentran procesados los generales Videla y Galtieri, los almirantes Lambruschini y Anaya y los brigadieres Agosti, Graffigna y Lami Dozo. Entre el lunes y el martes se citará probablemente al general Viola, el único miembro de esas juntas que aún no fue detenido. Otro de los acusados, el almirante Massera, se encuentra preso por causas anteriores y no se ha podido presentar ante el tribunal porque continúa enfermo.

El consejo lleva también los juicios sumarios contra el general Camps, el contralmirante Chamorro, ex director de la Escuela de Mecánica de la Armada, el general Sasian, ex jefe de la policía; los capitanes Enrique Mones Ruiz y Gustavo Alcina y el sargento primero Miguel Ángel Pérez.

En un tribunal civil se presentó ayer un mayor retirado del Ejército, Luis Vicente Noailles, para que la justicia investigue la denuncia de la revista Alerta Nacional, editada por la ultraderecha, en la que se asegura que grupos de Franja Morada, la juventud universitaria del radicalismo, se entrenan y preparan para una "everitual guerra civil". Noailles se presentó, según aclaré, "como simple ciudadano".