Los militares entregarán el poder antes de marzo de 1985 como resultado del acuerdo con los partidos políticos

El Gobierno militar uruguayo se dispone a dictar un acta institucional para convocar oficialmente elecciones generales el 25 de noviembre próximo y anunciar la entrega del poder a los civiles, como máximo, el 1 de marzo de 1985. La medida es el resultado del acuerdo alcanzado en la noche del viernes (madrugada del sábado en España) con tres de los cuatro partidos políticos más importantes del país. Se ha quedado al margen del pacto el Partido Nacional, o Blanco, que exige previamente la liberación de su líder, Wilson Ferreira Aldunate, detenido el pasado mes de junio al regresar al país tras largos años de exilio.

En las reuniones participaron los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, los dirigentes del Partido Colorado, la Unión Cívica y el Frente Amplio, además de un representante laborista como invitado. El Partido Nacional, o Blanco, ya había decidido abstenerse antes de continuar las negociaciones -con las que estaba de acuerdo- mientras continúe en prisión su líder.El acuerdo final se logró sobre la base de cuatro puntos principales: la incorporación del actual Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), que en el futuro tendrá mayoría de civiles entre sus miembros, como asesor a disposición del Gobierno electo, el establecimiento de un mecanismo para la designación de los futuros comandantes en jefe de los tres ejércitos, la determinación de los alcances de la justicia militar y la reglamentación de la forma en que debe ser utilizado el estado de insurrección, figura similar a la que en otros países se conoce como estado de sitio.

Sólo han quedado en pie dos de las imposiciones iniciales de los militares: al menos por ahora, no se le concederá la libertad a Wilson Ferreira Aldunate, ni se levantarán las proscripciones que impiden al general Líber Seregni, líder del Frente Amplio, y al Partido Comunista presentarse legalmente a las elecciones, uno como candidato y el otro como organización política.

Los cargos militares

Los futuros comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas serán elegidos por el presidente de la República con acuerdo del Senado y sobre una terna propuesta por los propios militares. Por otra parte, la intervención de la justicia militar queda limitada a delitos cometidos por miembros de las Fuerzas de Seguridad, y sólo en caso de que se dicte el estado de insurrección alcanzará a los civiles.

La medida de excepción, prevista para cuando el presidente estime que peligra la seguridad del Estado, debe ser solicitada por el poder ejecutivo y aprobada luego por la Asamblea General para ser efectiva. El Consejo Nacional de Seguridad, sin atribuciones legales, se formará cuando el presidente lo requiera y estará integrado por los ministros de Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y los tres comandantes en jefe.

La Constitución española

Aunque ninguno de los participantes en la reunión firmó ningún documento, el Gobierno se comprometió a dictar inmediatamente un acta institucional para convocar elecciones. Los políticos emitirán al mismo tiempo declaraciones de apoyo a la medida y luego llamarán a la participación pública. Los acuerdos serán incorporados a la Constitución como disposiciones transitorias hasta el 1 de marzo y se prevé un referéndum que podría realizarse un año después de las elecciones, el 25 de noviembre de 1985.

Entre los documentos consultados, los dirigentes políticos uruguayos prestaron particular atención a la Constitución española y las leyes previstas para su defensa. Todos ellos coincidieron en destacarla como una de las más modernas y avanzadas del mundo.

El Partido Blanco, en tanto, continúa preparando el acto del 16 de agosto, en el que espera reunir en Montevideo, entre otros, al senador demócrata norteamericano Edward Kennedy, al ex presidente del Gobierno español Adolfo Suárez y al ex presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez. Ese día Wilson Ferreira Aldunate cumplirá dos meses de cárcel y los dirigentes del Partido Blanco esperan que la masiva manifestación pública, además de la presión internacional, cierren el cerco sobre el Gobierno y le obliguen a decretar su libertad.

Nadie se cree en Uruguay que los militares estén en condiciones de ir a una elección con Líber Seregni proscrito y sin la participación del Partido Blanco. Pero el mismo jueves por la noche, a la salida de la reunión donde se logró el acuerdo, el general Medina, considerado el hombre que decide en el poder, dijo no entender cuál era el problema de la proscripción de Ferreira, y agregó que "en Argentina se realizaron elecciones con proscritos y creo que ahora es un país en democracia plena".