Nuevo aplazamiento del llamado 'impuesto religioso'

El Gobierno consultará con la Iglesia Católica antes de adoptar una decisión sobre el nuevo sistema de financiación directa, según uno de los miembros del Gobierno que más ha intervenido en las relaciones con dicha confesión; y entretanto el Estado mantendrá el procedimiento actual, que descansa sobre el principio de la entrega de una cantidad a la Conferencia Episcopal, a través de los Presupuestos Generales del Estado.Para el año próximo, esa financiación directa se aproximará a los 12.000 millones de pesetas. Ésta cantidad es la destinada a costear el llamado Fondo Común Interdiocesano, administrado por la Conferencia Episcopal, y es independiente de las cuantiosas sumas -más de 70.000 millones de pesetas- entregadas para subvencionar los colegios religiosos y para pagar los sueldos de profesores de religión y capellanes castrenses.

Con el dinero recibido a través de los presupuestos estatales, la Conferencia Episcopal abona los salarios y la seguridad social de las aproximadamente 25.000 personas que dependen de aquélla: sacerdotes, obispos y otro personal. Según la propia Conferencia Episcopal, la mayoría del dinero recibido del Estado se destina a gastos de personal de las diócesis y a la seguridad social del clero diocesano (véase cuadro).

Financiación indirecta

La dotación estatal constituye tan sólo una parte de las inyecciones económicas recibidas por la Iglesia, ya que la financiación indirecta, por medio de beneficios fiscales, es más importante que la entregada directamente. Las entidades católicas no abonan impuestos por la adquisición de bienes u objetos para el culto; cuando heredan los bienes de un particular, no pagan impuesto de sucesiones; todo el material que compran está exento del impuesto sobre tráfico de empresas; no abonan derechos por la escritura de propiedad sobre nuevos locales o edificios; y tampoco pagan contribución alguna por templos, capillas, casas, pisos, conventos, seminarios y fincas.

Pero sí pagan tasas municipales

Pese a los cinco años transcurridos desde la entrada en vigor de los acuerdos entre el Vaticano y el Estado español, la Administración desconoce a cuánto asciende el dinero que el Estado deja de percibir por las exenciones fiscales de que disfruta la Iglesia Católica. Hacienda dice carecer de datos precisos, y Justicia se limita a indicar que esas ayudas pueden suponer una cantidad superior a la dotación estatal, que este año sobrepasa los 11.000 millones de pesetas.El Gobierno mantiene la intención de cambiar, algún día, el sistema de financiación de la Iglesia, según confirmó a este periódico el director general de Asuntos Religiosos, Jesús Ezkerra. Pero los métodos para conseguirlo no cuentan aún con las correspondientes decisiones políticas, tanto en lo que se refiere a la principal confesión religiosa de España como a las demás.

El modelo consiste en sustituir la dotación actual por la asignación tributaria, también llamada impuesto religioso. Los técnicos consideran errónea esta última denominación, porque en rigor no se trata de un tributo nuevo, sino de que el contribuyente pueda asignar una cantidad del impuesto sobre la renta (IRPF) a una confesión religiosa, a través de la declaración anual. Ello permitiría también la renuncia del ciudadano a financiar a institución religiosa alguna.

El procedimiento estudiado responde al espíritu de los acuerdos de 1979, en que la Iglesia Católica declaraba su intención de llegar a la autofinanciación, pero sin comprometerse a una fecha para ello. Unicamente se fijaba el plazo indicativo de principios de 1982 para iniciar una fase transitoria hacia esa autofinanciación, pero no fue cumplido, y la entrada en vigor del nuevo procedimiento ha sufrido sucesivos aplazamientos.

Para implantar el llamado impuesto religioso existen problemas "técnicos". Atribuir al ciudadano la capacidad de decidir por sí mismo su contribución religiosa podría producir sorpresas, si el monto resultara muy inferior a la actual dotación estatal, o si alcanzara una suma superior a las necesidades normales de la Iglesia. Los acuerdos vigentes entre el Vaticano y el Estado español condicionan la sustitución a que la cantidad obtenida por el nuevo método equivalga a la de donación directa.

La segunda dificultad consiste en buscar un procedimiento para realizar la asignación, sin que eso obligue al ciudadano a declarar sobre su confesionalidad, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución.

Mientras el Gobierno medita su decisión, continúa inyectando dinero a la Iglesia Católica a través de los métodos descritos. Es interesante precisar que el cambio de financiación afectaría sólo a la parte entregada por medio de los presupuestos, puesto que las exenciones fiscales se encuentran expresamente recogidas como tales en el acuerdo entre el Vaticano y el Estado español, y por tanto habrán de mantenerse.

Negociación sobre el IVA

Según estimaciones oficiosas, cada español contribuye obligadamente con 700 pesetas anuales al sostenimiento de la Iglesia Católica. Ese cálculo se obtiene sumando las dos principales vías de financiación estatal a la Iglesia -Presupuestos Generales y beneficios fiscales- y calculando que la evaluación de los tributos no recaudados supone, como mínimo, una suma equivalente a la entregada de forma directa.En un futuro próximo, la Iglesia Católica podrá disfrutar de una nueva e importante exención. Cuando el impuseto sobre el valor añadido (IVA) sustituya y amplíe al actual impuesto de tráfico de empresas (ITE), las entidades católicas podrán quedar igualmente exentas del mismo -previa negociación con el Gobierno-, en el marco de los acuerdos entre el Estado español y el Vaticano.