La integración del aceite de oliva en la CEE, un problema con trasfondo político

A. O., El problema de la integración del aceite de oliva español, y de todo el sector de las materias grasas en la CEE es quizás uno de los más complejos de la negociación. Con él se replantea toda la Política Agrícola Común, sus gastos, sus excedentes (incluidos los de la leche) y la guerra comercial de la CEE frente a Estados Unidos. Es pues un problema fundamentalmente político.

Todo parte del regalo que en 1962 hizo la CEE a EE UU y otros países como Brasil, admitiendo en el contexto de las negociaciones GATT las importaciones de sustitutos de los cereales para alimentar a su ganado con un arancel prácticamente nulo (0 para la soja, 3 o 4 puntos para sus derivados). Esta situación modificó radicalmente el sistema de alimentación del ganado europeo. A la sombra de este acuerdo empezaron a penetrar en Europa piensos baratísimos, que por una parte llevaron a aumentar a bajo costo el ganado y los excedentes lacteos -favoreciendo la creación de las fabricas de leche- y por otra a fabricar aceites competitivos del de oliva y otras materias grasas.Actualmente, la CEE importa un 60% de sus necesidades para alimentación de ganado. Y los intereses norteamericanos están claros: las exportaciones estadounidenses de granos oleaginosos hacia la CEE representan un 6,3% -(3,4 billonesde dólares) del total de sus exportaciones hacia la CEE y un 47 % de sus exportaciones agrícolas hacia los diez. Y las importaciones en la CEE de sustitutos de los cereales han pasado de 6,2 millones de toneladas en 1974 a 17,6 millones en 1982.

La Comisión Europea tiene ahora un mandato para negociar en este terreno en el seno del GATT. Pero será una negociación dificil. Muchos países de la CEE se muestran poco entusiastas.

En España rige una situación peculiar para los aceites de semilla. Así, por ejemplo, se importan unos 4 millones anuales de habas de soja para pienso animal. Trituradas para tortas y harinas, de ellas se sacan sin embargo unas 400.000 toneladas de aceite. Bajo el régimen en vigor, que quiere mantener la CEE, solo un 25% de este aceite va a parar al mercado nacional, de modo que no decrezca el consumo de aceite de oliva. El resto se reexporta. Pero, en 1975 se suspendieron temporalmente las restricciones vigentes a la comercialización de aceites de semilla, y el consumo del de oliva cayó en unas 84.000 toneladas.

Con este régimen comercial, en España se logra mantener una relación de precios de 1,7 a 1 entre el aceite de oliva y los otros. En la CEE esta relación es de 2,5 a 1 oliva. La CEE a diez es autosuficiente en un 96%-100% en aceite de oliva. A doce, según la Comisión Europea, la CEE sería más que autosuficiente: 107%. La situación de cara a la negociación no se ve facilitada por el hecho de que en junio de 1984 hubiera 400.000 toneladas de aceite de oliva almacenado en España, y la cosecha se anuncie en tomo a las 600.000 toneladas.

La pasada semana, la Comisión Europea ha hecho sus propuestas sobre el sector español: un periodo de transición de 10 años con acceso progresivo desde la adhesión a los mercados y a las ayudas comunitarias a la producción, al mantenimiento de precios e ingresos por medio de la intervención, y ayuda al consumo cuando la citada relación de precios alcance 2 a 1. Pero para los aceites de semilla, la Comisión propone mantener el régimen comercial vigente en España "congelado" entre 5 y 10 años, el tiempo de encontrar una solución. La Comisión ha recogido así la idea de los ministros de Agricultura de la CEE del pasado mes de octubre. Añade sin embargo un estricto control de la CEE sobre las cantidades de granos y aceites derivados vendidas en España durante el periodo de stand still.

En los 10 años, la CEE puede renegociar la situación en el GATT con EE UU y otros países. Tras la adhesión de España, bajan algunos aranceles y se reducen algunas restricciones cuantitativas a la importación frente a países terceros.

Pero una cosa es la Comisión y otra los países miembros que son los que negocian con España. La fórmula propuesta es costosa para la Comunidad Económica Europea, donde países como la RFA y Gran Bretaña están dando la batalla del rigor presupuestario. La comisión calcula que, al cabo de los 10 años su fórmula vendría a costar, anualmente, unos 800 millones de unidades de Cuenta Europea, equivalentes a unos 102.000 millones de pesetas, suplementarios.

Claro que este coste incluye a Grecia, Italia, Portugal y España.