Hacia un nuevo modelo sanitario

La reforma sanitaria planteada por el Gobierno socialista es valiente y decidida, según el autor de este trabajo, ya que racionaliza los recursos, gestiona con eficacia y moderniza los criterios sobre el tema. Hay deficiencias (la poca claridad de la financiación y la participación ciudadana, en su opinión), pero la mayor oposición, como señalaba la Organización Mundial de la Salud en su Declaración de Alma Ata, se registra entre los sectores profesionales y la industria farmacéutica.

En 1822 se intenta crear un proyecto de código sanitario, que no prospera por diversas rencillas de índole pretendidamente científica. La ley de la Beneficencia General del Estado se promulga en 1848 y se reglamenta en 1852, con una parte para asistencia médica caritativa. En 1855 se crea la Dirección General de Sanidad, pero hay que esperar hasta 1883 para que, bajo el Gobierno de Posada Herrera, se cree una comisión para "estudiar las posibilidades de una organización nacional de la Seguridad Social".Por real decreto se crea en 1904 la Instrucción General de Sanidad, sin aportar nada nuevo. En ese mismo año, Canalejas crea el Instituto de Trabajo, qué se convierte en el Instituto de Reformas Sociales bajo la presidencia de Azcárate, siendo los primeros pasos para que en 1907 se cree el Instituto Nacional de Previsión.

Es de destacar que en estos períodos la acción es caritativa y solía estar en manos de órdenes religiosas. Lo más sobresaliente es la creación de hospitales provinciales dependientes de las diputaciones.

Bajo la presidencia de Largo Caballero se establece en 1936, por primera vez, el Ministerio de Sanidad, del que se encarga Federica Montseny, con un claro intento unificador.

En 1942, siendo Girón ministro de Trabajo, se incluyen en la estructura del Instituto Nacional de Previsión las prestaciones del seguro obligatorio de enfermedad. En 1944 se promulga la ley de Bases de Sanidad, que consagra la dispersión de las instituciones sanitarias. La ley de Especialidades Médicas data de 1955, sin rigor para la obtención del título de especialista. En 1962 es la ley de Hospitales y en 1964 la ley de la Seguridad Social.

En 1977 el Gobierno de UCD crea el Ministerio de Sanidad, que se ve incapaz de ordenar el panorama. En 1982 se aprueba una proposición no de ley del Grupo parlamentario Socialista para integrar la asistencia psiquiátrica en la Seguridad Social, que tampoco se ha desarrollado hasta el momento actual. En 1981 aparece el síndrome tóxico y, lejos de servir para estructurar seriamente el sector sanitario, se crea una red paralela que acrecienta el confusionismo.

En un nivel internacional, unas fechas clave: en 1946 se crea la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 1948 define el estado de salud como el estado óptimo de bienestar físico, psíquico y social y no sólo la falta de enfermedad. En 1948 el Gobierno laborista inglés crea el Servicio Nacional de la Salud (SNS), que es imitado y modificado por Gobiernos de signo progresista, hasta que en 1975 la Democracia Cristiana en Italia opta por legislar en este sen¡ido. La OMS elabora en 1978 la Declaración de Alma Ata para sentar las bases de la atención primaria de la salud.

Aspectos del borrador

Para poner un poco de orden en todo este desbarajuste, racionalizar los recursos existentes, gestionar con eficacia y modernizar y actualizar los criterios era preciso legislar con decisión y valentía, y aunque no fuera más que por esto ya merece respeto y lectura atenta y,constructiva el presente borrador. Además, el artículo 149.1.16º da potestad al Estado para hacerlo, pero teniendo en cuenta todo el título VIII de la Constitución y que el artículo 43 habla de salud y no solamente de asistencia a la enfermedad.Cambiar hacia la atención y promoción de la salud, coordinar e integrar los recursos humanos y materiales, gestionar, de manera única, etcétera, sólo se podía conseguir con un Servicio Nacional de la Salud de nivel estatal, pero de sarrollado en los aspectos concretos en el nivel de cada autonomía, según las competencias de los respectivos estatutos.

Los datos comparativos pueden resultar aclaratorios entre un sistema liberal a ultranza como el de EE UU y un SNS, como es el caso del Reino Unido. Los datos económicos son los proporcionados por la OCDE: EE UU emplea el 10% . del producto interior bruto (PIR) en Sanidad, mientras que al Reino Unido sólo le cuesta.el 5,6% del PIB. O, lo que es lo mismo, en EE UU se gastan 638 dólares per cápita en Sanidad, mientras que en el Reino Unido solamente se in vierten 228 dólares por persona. Un indicador de burocratización del sistema lo representa el gasto en administración: EE UU, 4,7% del presupuesto sanitario, mientras que el Reino Unido emplea el 0,9% del presupuesto de Sanidad. En los gastos de farmacia, EE UU, 8%, y Reino Unido, 1,2%. No hay que olvidar que en España es el 22% del presupuesto sanitario, muy alejado del 10% de los países desarrollados y cercano al 30% de los países subdesarrollados. En sanidad ambiental y preventiva, mientras el Reino Unido emplea el 6% del presupuesto de sanidad, EE UU sólo lo hace con el 2%. Según los indicadores internacionales dé salud, EE UU ocupa el noveno lugar, mientras el Reino Unido se encuentra en cuarto lugar.

En otras palabras: si por razones económicas los servicios nacionales de salud son más baratos y distribuyen mejor los recursos económicos y los indicadores objetivos son mejores que en la medicina liberal a ultranza, habrá que concluir que los detractores del SNS no lo hacen por criterios de eficacia y eficiencia sanitarias, sino por razones ideológicas y políticas, por mucho que intenten disfrazarlas de profesionalismo.

Hay otros elementos fundamentales que son de tipo complementario: el concepto de área de salud la integración y coordinación de los recursos personales y materiales y el funcionamiento por programas, lo cual hace que se acerque a la comunidad la totalidad de los recursos con el fin de prestar una atención integrada e integral; que no se desarraigue a los ciudadanos de su entorno y que se planteen unos criterios de evaluación correctos y objetivos. De esta suerte ya no tendrían cabida,lás concesiones personalistas, el vender imagen, hacer cosas porque no las hace nadie ni los planes piloto sin control o que se desvíen de criterios de eficacia y eficiencia sanitarias.

La generalización de las prestaciones a la totalidad de la población acarrea una financiación distinta, es decir, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, con una política fiscal y financiera diferente. Partiendo de este punto de la equidad es como se puede hablar de libertad.

El ejercicio privado se mantiene a tenor de lo dispuesto por la Constitución, pero se matiza que cuando exista concierto de institucíones privadas con el sector público será a título de complementariedad, con control (el que paga, manda) y sin ánimo de lucro. En Dinamarca, con un Gobierno conservador, existe una incompatibilidad entre los sectores público y privado y tanto en el nivel de la población como en el de los profesionales: la población ha elegido en un 95% el sistema público.

Con los productos farmacéuticos había que hacer algo ante el caos existente tanto respecto a su número como en la publicidad: según datos de la Biblioteca del Congreso Norteamericano, la publicidad farmacéutica en España era erróne a o incompleta en su 80%, con relación a la presentada en otros países para los mismos productos.

También existen deficiencias: la financiación está poco clarificada; los plazos de los programas, al limitarse a un trienio, no atienden a la particularidad de algunos de ellos, según los datos de la OMS; la participación ciudadana está poco clara, al ser solamente a nivel del área y no de cada instancia de atención; la salud mental está tocada por encima -pasa de puntillas-, al limitar las competencias municipales se puede olvidar el esfuerzo realizado por ayuntamientos de izquierda; la investigación y docencia se plantean muygeneralmente sin considerar que la formación continuada irá a cargo del SNS; el Instituto de Salud Carlos III sólo responde a criterios más o menos convencionales; en las disposiciones adicionales, transitoriás y finales hay varias que son más que discutibles.

En la Declaración de Alma Ata, la OMS dice textualmente: "Surgirán resistencias al cambio por parte de sectores profesionales y de la industria farmacéutica y técnica hacia estos nuevos plantamientos... Se deberán superar con una correcta información a través de los medios de comunicación de masas y por debates en las comunidades". Aquí se va a centrar este aspecto en dos sectores profesionales: la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y el Consejo General de Colegios Médicos, que ya desde antes de la salida a la luz del borrador pretendían recoger firmas en su contra. Habría que decirles que en la disposición final 14ª se dice textualmente: "Respetándose los derechos adquiridos". Sin comentarios.