La Iglesia precisa su posición sobre la ley del Patrimonio

La Iglesia católica "agradece y acoge" una ley de protección del patrimonio cultural español, pero no quiere que esa protección signifique la expropiación o la nacionalización de sus bienes religiosos. Ésta es la opinión de Damián Iguacen, presidente de la Comisión episcopal para el Patrimonio Cultural y obispo de Teruel, quien expone sus puntos de vista sobre "la Iglesia y su patrimonio cultural" en una instrucción pastoral.En relación con estos temores, el director general de Asuntos Religiosos, Jesús Ezquerra, manifestó a Efe que el proyecto de ley no ataca el tema de la titularidad y tan sólo prevé el supuesto de que cuando el poseedor incumpla sus obligaciones de mantener y promover el bien cultural pueda el Estado realizar una acción de intervención.

Según Jesús Ezquerra, en las conversaciones mantenidas sobre el tema por la comisión mixta técnico-política del Gobierno y la Conferencia Episcopal ha reinado un "mutuo espíritu de cooperación". El prelado turolense dice que la Iglesia espera que el Estado sea respetuoso con el principio de propiedad que el mismo Estado acepta en los tratados internacionales firmados.

El obispo asegura que el Estado "abusaría de su poder" si, desconociendo el valor religioso y pastoral del patrimonio sacro de la Iglesia, sólo contemplara el interés cultural -que ciertamente contiene- o desconociera que desde su condición de bienes religiosos están cumpliendo una función social y son ya de interés público, o negara a la Iglesia la titularidad sobre dichos bienes.

Subraya que los edificios de culto tienen, en cuanto tales, el carácter de inviolabilidad, así como los archivos eclesiásticos, conforme el acuerdo jurídico firmado entre el Estado y la Santa Sede.

"La Iglesia", precisa, "traicionaría al pueblo cristiano si no defendiera la titularidad y el carácter sagrado de su patrimonio histórico-artístico y documental y la función prioritaria cultural, catequética y evangelizadora para la que fueron creados y mantenidos durante siglos estos bienes".

Agrega que la Iglesia "abusaría injustamente de su dominio sobre el patrimonio cultural que posee" si se negara o dificultara irracionalmente el acceso de los ciudadanos a su estudio y contemplación.