El Tribunal de La Haya dictaminará si EE UU tiene derecho a sustraerse a su jurisdicción en Centroamérica

La Administración Reagan fue responsabilizada ayer, ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), de la muerte de 1.400 nicaragüenses desde 1981 por el ex consejero jurídico del Departamento de Estado norteamericano y catedrático de Derecho Internacional de la universidad de Harvard Abram Chaves. El dato fue presentado durante la primera jornada de la vista de la demanda presentada por Nicaragua contra el Gobierno de EE UU. En esta fase previa, que prosigue el jueves, el tribunal deberá dictaminar si tiene o no competencia sobre el caso, así como si procede adoptar las medidas precautorias que Nicaragua ha pedido.

Chaves defendió la demanda de Nicaragua en el primer día de la audiencia pública de dicha corte, en la que Washington ha sido acusado por Managua de apoyar a las guerrillas antisandinistas. Nicaragua pide no sólo la interrupción urgente de esta ayuda y de otras medidas militares, como el minado de sus puertos, sino también compensaciones por los daños causados.Nicaragua acudió al TIJ (organismo judicial dependiente de las Naciones Unidas) el pasado 9 de abril, en pleito contra Estados Unidos por violar su soberanía, quebrantar la libertad de circulación en alta mar e injerencia en sus asuntos internos.

Para Nicaragua, la Administración Reagan, "rompiendo sus obligaciones de derecho internacional, ha matado, herido y secuestrado, y está matando, hiriendo y secuestrando a ciudadanos de Nicaragua".

Nicaragua pide que esta corte internacional "indique" a Estados Unidos unas medidas provisionales, que consistirían en el cese del apoyo a las "actividades militares y paramilitares en o contra Nicaragua". En una segunda fase del proceso, Managua pedirá reparaciones por los daños causados.

La urgencia del caso viene dictada, según Nicaragua, por el minado de varios puertos nicaragüenses, obra de Estados Unidos, que ha puesto así en peligro vidas humanas y ha impedido la llegada de alimentos y medicinas esenciales. Los 15 jueces de esta corte, presididos por el nigeriano Taslim Olawade Elías, escucharon las pruebas de que algunos barcos habían sido dañados por las minas.

En cualquier caso, Estados Unidos ya avisó, pocos días después de la presentación de la demanda nicaragüense, de que durante dos años no reconocerá la jurisdicción vinculante del TIJ sobre América Central, acogiéndose así a precedentes que fueron planteados por Australia, la India y el Reino Unido. Pero justamente se trata de que la corte dictamine si Estados Unidos puede o no puede hacer esto.

En 1946, Estados Unidos decidió reconocer la competencia del TIJ, salvo para aquellos casos que se señalaran con seis meses de antelación. Otros países, por el contrario, únicamente comparecen ante el tribunal si lo desean. La justicia internacional se basa, principalmente, en actos voluntarios.

La primera jornada de esta audiencia pública, que proseguirá mañana viernes, estuvo a cargo de la acusación nicaragüense. Carlos Argüello Gómez, embajador de Nicaragua en La Haya, señaló que el "presidente Reagan autorizó personalmente el minado de los puertos". Curiosa esta vista, en la que las pruebas aportadas por Nicaragua consistieron, en buena medida, en declaraciones del propio Reagan, de altos cargos de su Administración o en documentos del Congreso que dan fe de actividades encubiertas contra Nicaragua fomentadas desde Washington. La tesis nicaragüense se apoyó, además, en un informe detallado de Luis Carrión, viceministro del Interior de Managua.