El Gobierno aprueba la instalación de nuevas estaciones de radar en ocho aeropuertos españoles

El Gobierno autorizó ayer la adquisición de ocho estaciones de radar, por un importe de 7.300 millones de pesetas, destinadas a otros tantos aeropuertos españoles, con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad de los aviones que sobrevuelen zonas próximas a los mismos. Igualmente, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que regula las instituciones de inversión colectiva y otro que modifica el ingreso en el Notariado.

Los aeropuertos en los que serán instalados los nuevos sistemas de radar son los de Málaga, Barcelona, Las Palmas, Tenerife Sur, Valencia, Zaragoza y Santiago de Compostela. Esta medida se enmarca en el plan de la Administración planteado hace ya año y medio para modernizar los principales aeropuertos españoles.Los cambios en la reglamentación de las instituciones de inversión colectiva incluyen el aspecto fiscal -eliminación de privilegios y cargas especiales- y el financiero: se limitan las participaciones en otras sociedades, se prohíbe la inversión en títulos no cotizados y las inversiones recíprocas, para adecuar la legislación española a la de la CEE. Se dificultará notablemente que las Sociedades de Inversión Obligatoria puedan seguir funcionando como holdings y potenciando la división de riesgos.

Las modificaciones más importantes del Reglamento Notarial suponen la sustitución del actual sistema de concurso a unas determinadas notarías por el de oposición al título de notario, lo que evitará que las notarías menos solicitadas permanezcan vacantes durante un cierto tiempo. En la composición del tribunal de oposición se introducen miembros que no pertenezcan al Notariado.

También se aprobó un nuevo reglamento de honores militares, que regulan los que deben darse a la bandera, a los Reyes a los Infantes, a las autoridades civiles y militares, a las autoridades extranjeras y los que deben rendirse en celebraciones de carácter religioso o fúnebre. El nuevo reglamento sustituirá al vigente, que data de 1963.

Inversión en el Banco Atlántico

El Consejo autorizó también una inversión de 10.237 millones de pesetas de capital extranjero en el Banco Atlántico. El capital actual de esta sociedad española es de algo más de 6.800 millones de pesetas, sin porcentaje extranjero, y con esta operación el capital futuro será de 14.625 millones, con una participación extranjera del 70%.El plan de reconversión de aceros especiales también fue tratado en el Consejo, que aprobó una inversión de 4.300 millones destinados a Aceriales. En el capítulo autonómico, el Gobierno aprobó un amplio paquete de traspasos de servicios a las comunidades autónomas de Castilla y León, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón y Asturias.

Dentro de los expedientes de indulto presentados por el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, destaca el acordado al cantante gallego Suso Bahamonde, condenado a seis años de prisión por actuaciones irreverentes.

En el capítulo de nombramientos, destacan los de los embajadores en Yugoslavia, Emiratos Árabes Unidos y Laos, que recayeron, respectivamente, en Julián Ayesta, Manuel Gómez de Valenzuela y Mariano Ucelay, este último residirá en Pekín. Igualmente, se oficializaron los nombramientos de Pedro Amat como rector de la Universidad de Salamanca, de Manuel Gala como rector de la Universidad de Alcalá de Henares y de Nadal Batle como rector de la Universidad de Palma de Mallorca.

El secretario general de la Presidencia, Julio Feo, fue nombrado miembro del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. El Gobierno acordó varios ascensos militares, entre los que destacan los del general Ricardo Castillo (ascendido a teniente general) y la adjudicación del generalato a Francisco Ferrer, Enrique Martín y Carlos Martínez Vara de Rey.