El Gobierno aprueba invertir 45.000 millones para paliar el paro en Andalucía y Extremadura

El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto de regulación del Plan de Empleo Rural, que persigue mitigar el desempleo agrario estacional de trabajadores eventuales en Andalucía y Extremadura, donde se invertirán, respectivamente, 36.633 y 9.209 millones de pesetas. El plan supone un nuevo paso para sustituir el sistema de empleo comunitario.

Debido a que el presidente del Gobierno se encontraba ayer de visita oficial en Arabia Saudí, la reunión del Consejo de Ministros estuvo presidida por el vicepresidente, Alfonso Guerra.Los 45.842 millones de pesetas que en total invertirá el Gobierno en las citadas regiones serán destinados a crear empleo en las zonas agrícolas en épocas que se caracterizan por la carencia de puestos de trabajo. De esa cantidad, 16.479 millones corresponderán a salarios. La Administración central ha de gestionar la inversión de 38.144 millones (31.757 en Andalucía y 6.387 en Extremadura); y las comunidades autónomas, 7.697 millones (4.876 la andaluza, y 2.821 la extremeña).

De acuerdo con la referencia oficial facilitada tras la reunión del Gobierno, con el Plan de Empleo Rural la creación de puestos de trabajo, al contrario de lo que ocurría con el empleo comunitario, se vincula a la realización de un conjunto de obras de carácter público, "económicamente rentables y socialmente satisfactorias", dirigidas a la creación y mejora de infraestructuras en las comarcas rurales.

El real decreto aprobado ayer se basa en la autorización que concede la ley de Presupuestos Generales del Estado para 1984. El Plan de Empleo Rural afecta a créditos destinados a financiar el programa de inversiones públicas y fija las condiciones de contratación. Las administraciones públicas estarán obligadas a contratar en las obras afectadas al plan, y para puestos no cualificados, a desempleados eventuales del campo en una proporción del 75%. Tendrán prioridad los trabajadores con cargas familiares, y los salarios serán como mínimo los fijados en el convenio colectivo vigente para el sector.

El Gobierno aprobó otro real decreto sobre cesión de viviendas arrendadas por empresas a sus trabajadores. La norma autoriza la venta de ese tipo de pisos, aunque condiciona los precios de venta y las fórmulas de financiación. Renfe está interesada en aplicar esta nueva norma a 6.400 viviendas, pero la medida puede afectar a otras 35.000.

El Ministerio de Obras Públicas estima que con este real decreto se puede dar solución a los casos de los ocupantes de viviendas arrendadas en virtud de una relación laboral, para que, una vez rota esa vinculación, y especialmente en los casos de trabajadores próximos a jubilarse, puedan adquirir unas viviendas acordes con su nivel de renta.

El Consejo de Ministros, por otro lado, autorizó la transferencia de un crédito de 31 millones de pesetas para dedicarlos a ayudas de carácter social a españoles repatriados de Guinea Ecuatorial.

El Gobierno también autorizó la realización de las gestiones necesarias para la construcción de un pabellón español en Epcot-Disney World, en Florida (EE UU).