Civiles y militares
En los países del Cono Sur de América Latina nunca hubo una buena relación entre el poder político y el poder militar. En los primeros sesenta años de este siglo los políticos sabían que siempre existía la posibilidad de ser reemplazados en el Gobierno por los militares. Y los militares, cuando asumían el poder, sabían positivamente que en algún momento su Administración entraría en crisis y debería convocar a elecciones para transferir el Gobierno a los políticos.Este juego pendular, conocido por todos, tuvo una violenta interrupción a principios de la década de los setenta. Entre los años 1971 a 1973, en Uruguay; en 1973 en Chile; en 1976 en Argentina, una nueva ideología militar fue desplegada. Mezclando en forma confusa teorías sobre seguridad nacional, guerra permanente, conspiración internacional marxista, inminencia de una tercera guerra mundial, los militares se vieron a sí mismos en una función mesiánica y se prepararon a gobernar sin límite de tiempo.
Durante los tiempos del juego pendular los militares matuvieron siempre fluidas relaciones privadas con los políticos. Se esforzaban en preparar algo que sabían que algún día debería tener lugar: su retorno a los cuarteles. Trataban de que ese retorno se realizara pacíficamente, sin enfrentamientos con los civiles y sin tribunales.
Quemar los puentes
Pero en la década de los setenta asumieron el poder quemando todos los puentes que los unían a la sociedad civil. No pensaron en preparar una retirada táctica; estaban convencidos de que tenían por delante varias generaciones de poder militar.
La primera enseñanza que deja el proceso democrático hoy en Argentina es que en el principal país del Cono Sur ha fracasado la metodología militar extremista. Los militares argentinos, a pesar del enorme poder que acumularon, a pesar del silencio que lograron imponer sobre el país, no pudieron mantenerse en el Gobierno más de siete años. A pesar de la teoría de la seguridad nacional no lograron ahogar los anhelos democráticos del pueblo. A pesar de querer presentarse como modelos de orden y disciplina hundieron en el caos a Argentina y destruyeron la economía del más rico país de América Latina.
Ahora Latinoamérica sabe que, por más ilimitado que sea el poder acumulado por los militares, inevitablemente llega la hora de los civiles. Sabe también que esta vez la llegada de los civiles al Gobierno no implica una retirada pacífica de los militares a los cuarteles. En Argentina hay tribunales militares y civiles que están juzgando a muchos de los culpables de asesinatos y de diferentes violaciones de los derechos humanos.
Como consecuencia de esta situación se puede prever que los Gobiernos civiles en América Latina lograrán establecer una mayor autoridad sobre sus fuerzas armadas. La decisión de dar un golpe de Estado deberá contemplar la posibilidad de que después de varios años tendrá que enfrentarse ante un tribunal que juzgue los actos cometidos durante el Gobierno militar. Esto fortalece especialmente a regímenes civiles como los de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador, donde las fuerzas armadas tienen que desarrollar todavía una función en la represión del terrorismo de izquierda. Las tentaciones de crear una ideología de la guerra permanente y el poder militar ilimitado son muy grandes, es cierto. Pero el fantasma de los militares enjuiciados en Argentina puede neutralizar esas tentaciones.
Chile y Uruguay
Ésta es la consecuencia más importante de lo ocurrido en Argentina con el surgimiento del Gobierno democrático. Por otra parte, una consecuencia secundaria ha tenido lugar en dos países que tienen ahora Gobiernos militares: Chile y Uruguay. Dirigentes políticos opositores, que mantienen fluidas relaciones con los nuevos gobernantes argentinos, han hecho saber que los militares de sus países han endurecido sus posiciones como consecuencia del enjuiciamiento de militares argentinos por hechos cometidos cuando estaban en el poder.
En Uruguay el Gobierno militar mantiene las fechas prometidas de la normalización, que incluye elecciones y traspaso de la Administración a los civiles en el término de un año. Pero líderes políticos uruguayos han apreciado que ha surgido un ala dura en las Fuerzas Armadas. Este sector militar duro insiste en que las promesas de impunidad hechas por los políticos uruguayos en conversaciones privadas podrían no ser posibles a la luz de lo que han logrado en Argentina las organizaciones de derechos humanos. En círculos responsables de Buenos Aires se ha podido saber que algunos políticos uruguayos han preguntado al Gobierno argentino si sería posible disminuir el ritmo en los juicios que se inician a militares responsables de violaciones. El hecho es que muchos de los juicios son directamente iniciados ante tribunales civiles o militares por ciudadanos privados y que el Gobierno poco puede hacer para impedirlo.
En menor escala, lo mismo ocurre en Chile, si bien la situación del general Augusto Pinochet entre las fuerzas armadas es mucho más sólida. Algunos militares chilenos, que se aproximaron a líderes políticos de la Democracia Cristiana, preocupados por la crisis económica y sus consecuencias, han preferido suspender por ahora esas relaciones, en espera de que se vea más claro en todo lo que se refiere al trato que recibirán los militares en Argentina.
En ocho semanas de Gobierno, el presidente Alfonsín ha mantenido reuniones políticas en Caracas y Bogotá con los presidentes de Venezuela y Colombia. Dentro de unas semanas, en marzo, el presidente de México visitará Buenos Aires. Hay un deseo evidente en las cuatro naciones de establecer un frente común respecto de algunos problemas básicos: la deuda exterior, que alcanza en América Latina a 350.000 millones de dólares, no puede ser pagada sin el desarrollo económico de los deudores; la violación de derechos humanos debe ser considerada un crimen por todos los países de América, incluido Estados Unidos; las tropas extranjeras deben retirarse de América Central; los golpes militares deben ser eliminados de América Latina.
Si bien México, Venezuela y Colombia, a través del grupo de Contadora, que incluye también a Panamá, habían expresado en varias ocasiones la defensa de esos principios, ahora pueden contar con un país en el Cono Sur que sostiene las mismas tesis. Ahora pueden hablar en nombre de América Latina y no solamente de los países del Caribe. Consecuencia también de la democratización argentina.
