El Gobierno militar uruguayo reacciona al éxito de la huelga disolviendo la Intersindical

El Gobierno militar uruguayo replicó ayer al éxito de la primera huelga general en el país en los últimos once años con el cierre de la principal central sindical del país, la confiscación de sus bienes y su suspensión judicial. Uruguay amaneció ayer paralizado por, la convocatoria de la huelga general, a la que se adhirió casi el 90% de los trabajadores del país.

Los comercios nocturnos cerraron sus puertas la víspera antes de lo habitual, para permitir a los empleados retornar a sus hogares antes de que comenzara la protesta. El Gobierno anunció que se habían tomado medidas para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Los trabajadores del sector sanitario comenzaron a medianoche a ocupar sanatorios y clínicas, pero informaron que se atenderían los casos urgentes.Las actividades deportivas fueron suspendidas, no hubo fútbol ni baloncesto. Pero sí espectáculos, ya que los empleados de los cines dijeron que no se adherirían a la huelga.

También se interrumpieron los servicios de autobuses de larga distancia, aunque las compañías que atienden las líneas internacionales con Argentina y Brasil prestaron servicio.

Prensa para los turistas

Los diarios y revistas no se imprimieron y los vendedores distribuyeron publicaciones argentinas en los centros turísticos del este del país para que los viajeros pudieran tener informaciones de su país.

La paralización fue la respuesta multitudinaria a la convocatoria del Plenario Intersindical de Trabajadores, la principal central obrera de Uruguay, de orientación izquierdista, pero que ha contado con la adhesión de otras centrales. La policía militarizada patrulló de madrugada las calles de Montevideo, donde reside la mitad de los 2.500.000 habitantes de Uruguay, pero durante la primera parte del día no se habían producido incidentes.

El Gobierno, a través del ministro de Trabajo, anunció que no pensaba reprimir la protesta, y los sindicatos exhortaron a los trabajadores a no manifestarse. Pequeños y medianos comerciantes se sumaron a las reclamaciones obreras y no abrieron sus comercios.

Los trabajadores exigen del Gobierno un aumento inmediato de salarios de 2.500 pesos (unas 13.000 pesetas), casi el 40 % del salario mínimo, libertad sindical, amnistía, derecho de sindicación para los funcionarios.