La Comunidad balear, sin competencias para investigar el fraude de la carne

El presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares, el aliancista Gabriel Cañellas Fons, declaró ayer que la investigación del fraude de la comercialización y distribución ilegal de productos cárnicos supera las posibilidades del archipiélago. "Mi Gabinete", aseguró, "no tiene competencias transferidas para investigarlo a fondo", por lo que es el propio Ministerio de Sanidad, junto con el de Hacienda y Economía, y el de Interior, quienes están llevando a cabo las pesquisas para aclararlo.Cañellas no quiso hacer una valoración económica de las carnes objeto de este tráfico, descubierto en Palma a finales del pasado mes de agosto, así como del que está siendo investigado "porque nos podríamos quedar muy lejos de la realidad", tal es la cuantía y el valor de estos productos que "en todo caso, afectan a la geografía nacional".

"Por este motivo", añadió, "y por ser el contrabando materia exclusiva de la Administración central, cuando en noviembre de 1983 se constituyó la comisión parlamentaria balear para investigar el fraude, no se le facilitó ningún dato ni informes de los que van conociendo los distintos organismos que actúan en el caso".

Según un portavoz de la comisión investigadora "la envergadura del fraude de la carne ilegal es de proporciones muy grandes, ya que se lleva practicando con la mayor impunidad desde hace por lo menos 10 años. La legislación prevé la retroactividad de cinco años para los implicados y procesados por este tipo de delitos".

Gabriel Cañellas explicó que la responsabilidad concreta de la Consellería de Sanidad "es la de investigar e inspeccionar las partidas de ganado porcino que llegan a Baleares, para evitar la difusión de enfermedades derivadas de su consumo, pero es la sanidad del Estado la que está encargada de las inspecciones necesarias".