Las cajas tachan de "inútil" el decreto de la Generalitat que las obliga a auditarse, porque todas lo vienen haciendo

El decreto sobre cajas de ahorro aprobado por el Gobierno de la Generalitat es "inútil" o "superfluo", en opinión de medios del ahorro catalán. El decreto obliga a las cajas a realizar auditorías, cuando las 11 cajas catalanas ya están auditadas. Asimismo, instrumenta el control del Gobierno autónomo sobre la obra social, cuando el decreto de diciembre de 1980 ya lo preveía. El decreto incumple dos promesas hechas al Parlamento de Cataluña por el conseller de Finanzas.

El decreto sobre cajas, ya aprobado por el Gobierno Pujol, y al que ha tenido acceso este diario, consta de ocho artículos, dos disposiciones transitorias y una final, y ayer estaba pendiente de publicación en el diario oficial. Las cajas, que no han mostrado oposición a esta norma, sí han expresado su desdén por la misma, debido a su "inutilidad".El decreto -que va acompañado de una orden- establece la obligatoriedad de hacer públicos los criterios de actuación de los consejos de administración y reglamenta el control del gobierno autónomo sobre la obra social. La publicidad de los criterios de actuación, pese a que algunas cajas ya cumplen con ello, es el aspecto más novedoso. Por el contrario, el control de la obra social ya estaba contemplado en el decreto de 29 de diciembre de 1980, según el cual la Generalitat "dará la aprobación a los proyectos de nueva obra social que presenten las cajas de ahorro catalanas", por lo que la nueva norma era innecesaria, según las mismas fuentes.

Donde la crítica de inutilidad es más severa es en la obligatoriedad de las auditorías, que se ha presentado oficialmente (ver EL PAIS del 5 de enero) como la principal aportación de la nueva norma. El decreto establece la obligatoriedad de realizar auditorías y presentarlas a la Generalitat, cuando de hecho las 11 cajas catalanas ya venían realizando auditorías en los últimos ejercicios (ver detalle, fechas y especificación de firmas auditoras en cuadro adjunto).

Así, algunos directivos han destacado el "carácter de escaparate" de la medida, mientras otros la han relacionado con "el intento del conseller de efectuar un acto gratuito de autoridad, después de las recientes discrepancias surgidas entre él y las cajas". Est as discrepancias se refieren a la cobertura de la última emisión de deuda pública de la Generalitat, por un importe de 10.000 millones, que debió ser asumida por las cajas -mediante el derreto de 1980-, ya que los baneos se negaron a ello.

Incumplimientos

A estas críticas se añaden las de medios de oposición del Parlamento de Cataluña, que lamentan el incumplimiento de dos promesas realizadas por Cullell en este tema: la de que la nueva normativa tendría carácter de ley, y la de que ésta reformaría los órganos de gestión de las entidades de ahorro.

En efecto, a raíz de una interpelación del portavoz comunista, Rafael Ribó, sobre los propósitos del Consell Executiu en torno a la ordenación del sistema financiero en Cataluña, el conseller de Economía y Finanzas anunció el pasado 1 de julio, ante el pleno de la Cámara catalana que debatía el desenlace del grupo Banca Catalana, cuáles serían las líneas maestras del actual despliegue legislativo.

En dicha intervención, Cullell manifestó que su departamento pensaba "proponer una ley que adecúe los órganos de gobierno de las cajas con sede social en Cataluña a su definición como instituciones financieras al servicio de la economía catalana". Y señaló que el futuro contenido de dicha disposición contemplaría "la definición jurídica de las cajas; regulará el funcionamiento de sus órganos de gobierno; establecerá la composición de la representación de las instituciones públicas en las cajas y, finalmente, precisará la imprescindible coordinación entre la política general de las cajas y la política económica de la Generalitat".

El decreto aprobado por el Gobierno Pujol incumple, en opinión de diputados de la oposición, dos de estas promesas realizadas ante el Parlamento. La primera es su mismo rango jurídico, pues lo que Cullell anunció el pasado julio era una ley, no un decreto y una orden. El segundo incumplimiento viene dado por su contenido: la norma no hace referencia a "la composición de la representación de las instituciones públicas en las cajas", como se había prometido. La justificación utilizada ha consistido en que convenía esperar la actuación del Gobierno central en esta materia.

El argumento de que convenía esperar es justamente el contrario al utilizado en otro aspecto por el propio Cullell el pasado 4 de enero, cuando presentó las líneas generales del decreto. El responsable de la Hacienda catalana señaló que la obligatoriedad de la realización de auditorías, según unos patrones y especificaciones comunes, "constituirá un precedente útil para la legislación general española sobre estas instituciones".