Los asesinos argentinos, en España

A pesar de los juicios de Nuremberg y las decenas de juicios subsiguientes, el castigo de los criminales de la segunda guerra mundial tuvo otras derivaciones: eliminación directa por vengadores individuales o cacería de quienes se escondían para evitar ser sometidos a juicio.Los dos casos más famosos de criminales descubiertos por personas privadas son los de Adolfo Eichmann, juzgado y ajusticiado en Israel en 1960, y Klaus Barbie, que espera juicio en la ciudad francesa de Lyon. Eichmann fue descubierto en Argentina por el famoso cazador de nazis Simon Wiesenthal. Klaus Barbie fue descubierto en Bolivia por Serge Klarsfeld y su esposa, Beatte.

No siempre es fácil llevar a juicio a un criminal mayor. De acuerdo con las estipulaciones de las Naciones Unidas, no prescriben aquellos delitos que por su magnitud son considerados crímenes contra la humanidad. En estos casos, los criminales no tienen acceso al derecho de asilo político. En los casos de los crímenes nazis, la calificación es nítida. No ocurre todavía lo mismo con los nuevos crímenes aparecidos desde 1945.

Las organizaciones de derechos humanos de Argentina realizan desde hace varios años gestiones. ante las Naciones Unidas para la calificación oficial de crimen contra la humanidad la desaparición forzada de personas. También lo han solicitado grupos de derechos humanos y asociaciones jurídicas de Europa, incluída España.

De ser admitida esa solicitud, los jueces españoles se verán afrontados a una tarea totalmente inesperada, ya que deberán decidir sobre el castigo o la extradición de los militares argentinos que, por centenares, se están refugiando en España desde que Raúl Alfonsín asumió el Gobierno argentino. Fuentes oficiosas de Buenos Aires estiman que huyeron de Argentina unos 1.200 oficiales de las fuerzas armadas en los niveles jerárquicos de mayor a general; muchos, a Uruguay y Chile, dictaduras militares todavía, siendo España la única democracia elegida por los prófugos.

Por ser España miembro de las Naciones Unidas, los jueces españoles se verán obligados a actuar de acuerdo con las prescripciones de la carta o a interpretar la carta de la ONU de acuerdo con la concepción humanitaria de la justicia española. Pero incluso si la ONU no declaró por ahora crimen contra la humanidad la desaparición forzada de personas, la justicia española podría verse compelida a pronunciarse sobre los casos que se le presenten de militares argentinos acusados de crímenes y torturas difíciles de ser amparados bajo el descargo de hecho político.

La justicia de EE UU

La justicia de Estados Unidos debatió en los últimos años dos casos similares a los de los militares argentinos que hoy se esconden en España. Uno ha sido el conocido juicio que Isabel Letelier siguió al Gobierno chileno por el asesinato de su marido, Orlando Letelier, ex ministro de Salvador Allende, crimen cometido por el servicio secreto de Pinochet. En una primera instancia, el juez ordenó el pago de una indemnización de casi tres millones de dólares, resolución no acatada por el Gobierno chileno con el argumento de que el juicio debería tener lugar ante los tribunales de Chile por razones de jurisdicción. Hace un semana, el juez Morris Lasker, de Nueva York, ordenó a la compañía aérea Lan Chile firmar una garantía de cuatro millones de dólares (la suma original más los intereses) para cubrir el riesgo de que sus aviones se vieran confiscados y la empresa fuera declarada en quiebra.

Existe hoy una tendencia en la justicia ' de Estados Unidos a considerar inadmisibles ciertos crímenes, especialmente la tortura, e intervenir en los casos que se le presenten, aun cuando los hechos tuvieron lugar en otros países.

Si viviera en Estados Unidos un ciudadano residente temporal directamente vinculado a un asesinato o torturado en Argentina, esta persona podría iniciar juicio ante un juez de Estados Unidos contra los militares involucrados o el Ejército, o el Gobierno argentino.

Un caso menos conocido que el de Orlando Letelier es el de José Filartiga. El joven Filartiga fue torturado por la policía paraguaya y murió a causa de las torturas. Su padre, residente en Paraguay, inició juicio ante un juez de Nueva York por no considerar garantía suficiente a la corrupta justicia paraguaya. El juez admitió el juicio, estimando que la tortura era un crimen condenado por pactos internacionales suscritos tanto por Estados Unidos como por Paraguay. El juez declaró culpable al Gobierno paraguayo y fijó una indemnización. En este momento, la sentencia está en apelación.

El crimen cometido por los militares argentinos -la desaparición de 30.000 personas- es equiparable, en los años posteriores a los crímenes nazis, únicamente con el asesinato masivo del pueblo camboyano.

La desaparición forzada, nueva forma de genocidio inventada por las fuerzas armadas argentinas, es un tema que, llegará pronto a los estrados judiciales españoles. Por ahora, los militares argentinos organizan su vida en España, compran condominios íntegros para mantenerse agrupados y ofrecen sus servicios a las dictaduras de América Central.

El obispo católico de la ciudad argentina de Viedma, monseñor Hessayne, definió como crimen argentino la desaparición masiva de personas. Si este crimen quedara impune, sería incorporado a la rutina de las dictaduras como si se tratara de una nueva trágica tecnología. La justicia española -más bien toda la opinión pública- deberá tratar de que esa impunidad no quede consagrada en tierras de España.